En la ciudad de Tijuana se han realizado, desde el año pasado a la fecha, alrededor de 10 manifestaciones exigiendo que las corridas de toros se prohíban.

Pese a la insistencia y argumentos de agrupaciones como el Colectivo No a la Tauromaquia, ni la autoridad municipal ni la estatal han escuchado las voces de reclamo.

Hace apenas unos días la presidenta morenista de Tepic, María Geraldine Ponce Méndez, publicó el nuevo Reglamento de Bienestar Animal, en donde se plasma la imposibilidad de hacer eventos donde se dañe a animales como toros y gallos de pelea.

FOTO: Facebook / @noalatauromaquiaenbc

Las fracciones X y XXI del artículo 19 exponen que está estrictamente prohibido que los propietarios, poseedores, encargadas de su custodia, o a terceras personas que entren en relación con los animales, lo siguiente…

X. Utilizar animales para actos de magia, ilusionismo, tauromaquia, peleas u otros espectáculos que conlleven crueldad, sufrimiento o trato indigno y no respetuoso a los animales.

XXI. Utilizar animales vivos para el entrenamiento de otros animales de guardia, caza, carreras, de ataque o para verificar su agresividad, así como peleas o enfrentamientos.

De igual manera se estipula que los que incumplan estos puntos del Reglamento de Bienestar Animal serán sancionados con 50 a 200 UMA´s (de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos).

FOTO: Facebook / @noalatauromaquiaenbc

En cambio, en Tijuana, existe una Comisión Taurina que se encarga de impulsar los eventos de tauromaquia.

Según explicó Minerva Torres, miembro del Colectivo No a la Tauromaquia, esa comisión recibió por parte de Karla Ruiz MacFarland, 300 mil pesos de presupuesto.

Si bien es cierto que solo en Sonora, Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Quintana Roo y ahora Tepic se han prohibido las corridas de toros, también es evidente el sufrimiento que experimenta el animal al estar en el ruedo, en una lucha desigual, donde él lleva la desventaja.

Por el momento, las movilizaciones para exigir la cancelación de eventos taurinos continuarán, esperando hacer eco en las autoridades de Tijuana y Baja California.

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