Una de las problemáticas menos visibles en la sociedad bajacaliforniana son las detenciones arbitrarias por parte de la policía municipal, siendo la población joven la que más sufre de este tipo de abuso.
Rebecca Maltos, directora de la asociación civil Gente Diversa, expuso que las detenciones arbitrarias son aquellas donde no existen fundamentos en la Ley para el aseguramiento, tal como la ausencia de una orden de aprehensión.
“Las personas jóvenes son el rango de edad que más sufren detenciones en Baja California, de estas personas jóvenes se contempla el 72% de las detenciones en Tijuana y Mexicali”, refirió.
Muchos de los aseguramientos irregulares por parte de la policía municipal se dan por cómo lucen los jóvenes, a los cuales juzgan por peinados, tatuajes o tipo de ropa que visten, según palabras de Maltos.
“Hay desconfianza hacia las autoridades de seguridad pública y esto implica el uso limitado del espacio público para actividades diarias y de recreación, y obviamente la violencia y criminalización a los grupos sociales es grave, es cotidiana y lamentablemente está muy invisibilizada”, apuntó.
Del 2013 al 2019 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) recibió 2 mil 217 quejas por detenciones arbitrarias y emitió 34 recomendaciones, no obstante, es una cifra que no dimensiona la problemática, de acuerdo
a la directora de Gente Diversa.
“Encontramos que del 100% de las personas que se asumen como víctimas de detención arbitraria, apenas el 2% va y pone una queja”, subrayó.
Miguel Mora Marrufo, presidente de la CEDHBC, también consideró como un problema serio y recurrente el que las autoridades policiacas efectúen detenciones sin apego a la Ley.
“Lamentablemente en México las detenciones arbitrarias son hechos cotidianos. En el caso de Baja California, tan solo en 2020 aperturamos 191 expedientes de queja con este tema”, expresó.
Otros de los grupos que suelen ser víctimas de aseguramientos irregulares son la comunidad migrante, trabajadoras sexuales (hombres y mujeres), personas indígenas, población LGBT+, así como los defensores y defensoras de Derechos Humanos.
“Tenemos testimonios de trabajadoras sexuales que nos platicaban que era parte de su rutina ser detenidas hasta dos o tres veces a la semana por policías para intimidarlas, extorsionarlas, acusarlas, y por miedo a una represalia prefieren no denunciar”, advirtió Maltos.
Ante la situación, esta última comentó que es necesario erradicar las detenciones arbitrarias, ya que suelen ser el primer paso para una serie de violaciones a los derechos humanos.
“Uno de los grandes retos es favorecer la prevención en lugar de la agresión como política pública, y llevar un buen registro de detenciones arbitrarias”, abundó.
Mientras que el presidente de la CEDHBC, también reflexionó sobre el cómo actuar para no permitir que los jóvenes y otros grupos de la sociedad sigan siendo víctimas de aseguramientos sin sustento legal.
“Las realidades nos invitan a pesar que todavía tenemos que redoblar esfuerzos, que tenemos que trabajar de manera decidida y continúa para poder echar abajo estás malas prácticas por parte de las autoridades, especificamente de los primeros respondientes o de las autoridades policiacas”, concluyó.
