Indígenas tsotsiles y tseltales, bases de apoyo del grupo de autodefensa de El Machete, instalaron este martes una mesa de diálogo en la cabecera municipal con funcionarios estatales y federales para plantear sus demandas, entre las que destacan la captura y desaparición del grupo de sicarios, Los Herrera, que operaba en este lugar, así como la expulsión de las autoridades municipales para que ellos puedan instalar su propio gobierno.
A casi un mes de que unos 200 hombres indígenas fuertemente armados irrumpieran en este lugar para enfrentar al “grupo criminal Los Herrera” y al “narco ayuntamiento perredista” que operaba desde la cabecera municipal, este día se iniciaron los primeros acercamientos para atender las demandas de las más de 80 comunidades rurales marginadas.
En el marco de la mesa de dialogo con el gobierno federal y estatal, los indígenas de las más de 80 comunidades pidieron “que el gobierno reconozca que en Pantelhó hay un problema, que es la existencia de un crimen organizado en el ayuntamiento”.
Demandaron también Justicia para las víctimas del crimen organizado, pero para ello tiene que haber primero investigación, detención y castigo a los responsables de los crímenes perpetrados.
La comisión de diálogo de Pantelhó pidió al gobierno estatal y federal, ser reconocidos como pueblos originarios indígenas y respetar el nombramiento de las autoridades por usos y costumbres.
FOTO: JUMBALAM/ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM
También exigieron una auditoría a los recursos públicos que le han sido asignados al ayuntamiento en el periodo de Santos López Hernández y Delia Yanet Velazco Flores, del 2018 a la fecha.
Por parte de los pueblos y comunidades indígenas se sentaron en la mesa de diálogo, una comisión de 20 personas integrada por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, representantes y agentes de las diversas comunidades, así como Pedro Faro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, observadores internacionales de derechos humanos de Suecia, acreditados en el país e invitados por los indígenas.
En la comisión gubernamental llegaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, como Leonel Reyes, José Juan Ulloa Pérez, por parte del gobierno federal estuvo la coordinadora de la comisión para el diálogo con los pueblos y comunidades indígenas de la Subsecretaría de Gobernación, Josefina Bravo.
También estuvo Martín Longoria por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los indígenas tsotsiles pidieron al gobierno estatal y federal prohibir las cantinas y venta de drogas, y declarar al municipio libre de alcohol y drogas.
También, demandaron la renuncia de la alcaldesa actual interina, Delia Yaneth Velasco Flores. Y advirtieron que no van a permitir que su esposo, el alcalde electo Raquel Trujillo Morales, asuma el cargo a la presidencia municipal el 1 de octubre próximo.
Los representantes y agentes de las más de 80 comunidades se rebelaron en contra del grupo armado que operaba desde la cabecera municipal, y que era encabezado por los hermanos Dayli De los Santos y Rubén Estanislao Herrera Gutiérrez, y que fue creado por su padre Austreberto Herrera Abarca, preso desde agosto del 2019.
Los Herrera controlaban el ayuntamiento municipal donde Austreberto era juez municipal desde hace más de 15 años. Él decidía quién era el alcalde en funciones y controlaba los recursos municipales. Las comunidades no podían protestar o exigir obra pública porque eran amenazados o asesinados, hasta que los pobladores decidieron echarlos de la cabecera municipal el pasado 7 de julio.
Hoy Pantelhó, está sitiado o tomado por grupos de hombres civiles que patrullan las calles, pero además están miembros del ejército, Guardia Nacional y la policía estatal.
Con información de Proceso.
