A poco más de mes y medio de que concluya el año, el gobierno federal ya tiene una evaluación de lo que ha sido 2021 en los temas más sensibles para la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Y lo peor es lo que viene.

De acuerdo con la Agenda de Riesgos de Gobernabilidad (ARG) el próximo año 2022 se agudizarán la impunidad, la inseguridad y la persistencia de demandas sociales sin atención.

Además se prevé que se mantengan los atentados y los ataques contra organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos, así como los asesinatos de periodistas, de acuerdo con el Informe Anual de los Riesgos a la Gobernabilidad 2021, elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob).

A cargo de la Unidad de Política Interior y Análisis de Información (UPIAI) de la Segob, el documento considera como un eventual riesgo de gobernabilidad que las obras magnas del gobierno de López Obrador –el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren Transístmico– no sean concluidas en los tiempos y forma anunciados y que presenten riesgos de construcción y de operación.

Los “riesgos por demandas sociales sin atención”, “por violación a los derechos humanos”, así como los “riesgos a la seguridad”, los “riesgos de política interior” y los “riesgos por migración” aparecen en la evaluación de lo que ha sido este año en el gobierno lopezobradorista, en el que la prospectiva elaborada por analistas de la Segob aborda 15 temas que seguirán marcando el pulso político y social del país.

El tema de la impunidad creciente en la agenda de riesgos es uno de los más relevantes, de tal suerte que al inicio del informe anual se cita de nuevo el reporte mensual de octubre de la UPIAI, destacando que “la impunidad crece en México; 94.8% de los casos no se resuelven”. El equipo de la Segob no duda que “la impunidad se reporta como el gran tema pendiente de México”.

La UPIAI señala en el reporte –elaborado apenas el pasado octubre–, que las agresiones difundidas en redes sociales derivaban en actos de linchamiento, de justicia por propia mano a consecuencia del hartazgo de la gente por la impunidad en la comisión de delitos, debido a la incapacidad del sistema de justicia para atender este problema.

En su evaluación del impacto de este fenómeno, el reporte explica que la justicia por propia mano, reflejada en linchamientos, en atropellamientos y ejecuciones difundidas en redes sociales, hace creer a los ciudadanos que están resolviendo el problema, pero en realidad esto representa un “retroceso en aspectos jurídicos, sociales y democráticos, obstaculizando alcanzar la cultura de paz”.

La prospectiva de la Segob al respecto advertía en octubre que mientras no exista una verdadera impartición de justicia que abarque todos los aspectos de la investigación policial, la percepción ciudadana no cambiará, las ejecuciones continuarán y con ellas habrá más manifestaciones ciudadanas, como los cierres de calles “o expresiones brutales, como los linchamientos”.

La “valoración” de la UPIAI enfatiza que “es importante que la FGR fortalezca sus estrategias de atención a víctimas de delitos. La SSPC y la GN pueden apoyar la labor de elementos policiacos y municipales en puntos con altos índices delictivos”.

En cuanto al Informe anual de los riesgos a la gobernabilidad 2021, Gobernación describe brevemente el contexto en el que concluye este año, en el que destacan “los desplazamientos forzados en diversas comunidades del país, la parálisis de las autoridades estatales para dirimir controversias legales entre alcaldes electos y concejos municipales, en la proliferación de grupos de autodefensas y en la imposibilidad (sic) de acceso a territorios controlados por cárteles para la búsqueda de restos de personas desaparecidas”, entre otros.

La prospectiva para 2022 en este punto señala que “continuará creciendo la impunidad (y con ello, la corrupción y los delitos)”.

El Informe anual de los riesgos a la gobernabilidad 2021 explica en su introducción la metodología utilizada para generar el producto presentado a López Obrador y a su gabinete. Detalla que “la UPIAI genera más de 40 productos periódicos, destacando la Agenda Semanal de Riesgos a la Gobernabilidad (ARG) y el Informe Diario Ejecutivo (IED).

“Con estas dos herramientas, aunado al seguimiento a las menciones directas a la Secretaría de Gobernación que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace en sus conferencias matutinas, se elaboró este Informe anual de riesgos a la gobernabilidad”.

La agenda de riesgos a la gobernabilidad “reportó 304 eventos en 2021, el informe ejecutivo diario reportó 287 y en las llamadas ‘mañaneras’, el presidente vinculó a la Segob en 179 ocasiones”. Derivado de los resultados de análisis cuantitativos y con el fin de presentar los riesgos de forma resumida, el documento explica que se categorizaron por la temática que trata su materia, hallándose 15 temas principales.

Los “Riesgos por demandas sociales sin atención” (119 menciones) que presenta la UPIAI señalan varios escenarios, como las demandas reiteradas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sus casi cuatro meses de bloqueos a vías férreas en Michoacán exigiendo el pago de salarios, provocando desabasto y pérdidas económicas por más de 3 mil millones de pesos.

El segundo tema en importancia presentado por la UPIAI es el de los riesgos por violación a los derechos humanos (90 menciones), en el que se destaca “el alto número de agresiones y asesinatos contra periodistas y defensores de derechos humanos” que marcaron 2021. En esta administración, señala, “se han registrado 47 asesinatos de periodistas y 94 de defensores de derechos humanos”.

El tercer tema relevante es el de los riesgos a seguridad –con más de 30 mil desaparecidos y más de 100 mil asesinatos en lo que va del gobierno de López Obrador–, presentado con una valoración que desdeña de alguna manera la labor investigativa y de análisis del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al señalar que “más allá de la estadística delictiva que reporta” dicho sistema, “la UPIAI recoge los temas de riesgo a la gobernabilidad que se relacionan y se detectan en las mesas de coordinación operativa, la información que se recibe por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del análisis derivado de fuentes abiertas”.

En los riesgos de política interior, el documento destaca la creación de la Alianza Federalista creada por gobernadores de oposición, el accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, así como la violencia desatada en los municipios de Altamirano, Simojovel y Pantelhó, en Chiapas.

Otro riesgo de gobernabilidad se presenta en materia de corrupción, señala el documento, al citar el informe de la organización World Justice Project, en el que México aparece en los últimos lugares (135 de 139 países revisados). Pese a este panorama, la Segob no ve focos rojos y coloca este tema en semáforo en verde, con “riesgo bajo” para 2022.

Los riegos por migración son otro tema importante, calificados como riesgo alto, en color rojo, y adelantando en la prospectiva para 2022 que “continuarán los flujos de migrantes, la crisis se acentuará en NNA” (niñas, niños y adolescentes).

Este punto de la ARG aborda el tema de los derechos humanos y advierte que “la CNDH avisó de un alza de 80% en quejas y abusos en casos de movilidad humana por parte del INM, Sedena, GN y FGR. También Human Rights First apuntó que 3 mil migrantes varados en México han sido violentados”.

El tercer tema menos mencionado es clave en el análisis de riesgos hecho por la Segob y es el de la probable conclusión tardía de las obras magnas del sexenio. Sin abundar, la UPIAI refiere “los riesgos de construcción, operación y término en tiempo y forma de los proyectos presidenciales (Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Tren Transístmico)”.

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