Migrantes que se asientan en el Chaparral planean una manifestación por el corte del suministro de luz eléctrica. Previo a esta manifestación el Gobierno de Tijuana se deslindó de “este tipo de acciones”, pero reiteró que mantendrá su “disposición de seguir apoyándolos”.
Los migrantes expresaron su inconformidad luego de que la CFE les cortará el servicio eléctrico. El Gobierno de Tijuana expresó que el acto de tomar la luz es un delito según el Artículo 368 del Código Penal Federal.
En el artículo mencionado se lee: “se equipara al robo y se castigarán como tal el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos”.
En el momento en que la CFE se percata de tal delito, continúa el Gobierno de Tijuana, prosigue con medidas legales. Algunas sanciones implican hasta 10 años de cárcel, además de una multa de mil días de salario mínimo.
En sus visitas para dialogar con los migrantes, la actual alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero, les “brindó” varias opciones. Una de ellas, destacó, fue la que tomó la familia Argueta Castro que decidió regresar a su tierra natal, Honduras.
Muchas de las personas, tanto centroamericanas como mexicanas, llegan al Chaparral buscando asilo en EEUU pues huyen de la violencia, amenazas, precariedad, y falta de empleo.
Con información del Gobierno de Tijuana.
