Más de 1 millón de fojas de expedientes por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos forman parte de la información a la que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por fin tuvo acceso para elaborar su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa.
Ahí están las denuncias de tortura y por las imputaciones y consignaciones, bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR); documentos y videos archivados en más de dos terabites en posesión de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como la Guardia Nacional, y la entrega de 180 carpetas de información de la Guardia Nacional y 5 mil fojas entregadas por la Sedena,
Ese cúmulo de información analizada fue posible sólo por la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la existencia de un decreto presidencial que ordenaba la entrega a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj). Éste no fue suficiente para responder a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos hace más de 90 meses dónde están los jóvenes.
El documento de 234 páginas, elaborado por los expertos Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain –éste de forma honoraria– termina de desmontar la “verdad histórica” del sexenio de Enrique Peña Nieto y reconoce obstáculos, sobre todo en el ámbito castrense, para abrir sus archivos y entregarlos a la Unidad Especializada en la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) para su efectiva judicialización.
Algunos de los hallazgos que permiten al GIEI concluir que la estrategia diseñada para cerrar el caso “no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior”, son los videos que demuestran actos de tortura contra 50 detenidos; llamadas anónimas fabricadas por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “para dar cobertura” a las detenciones que sostendrían la “verdad histórica”.
De igual forma se utilizó la irrupción irregular de personal de la Semar en el basurero de Cocula, escenario de la versión oficial, el 27 de octubre a las seis de la mañana; y la creación del espacio interinstitucional “Caso Ayotzinapa. War Room”, coordinado por quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón,
En el entramado para la construcción de la “verdad histórica”, el grupo de expertos encontró participación de servidores públicos de la Sedena, Semar, SEIDO, AIC, Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“Todo esto permite afirmar que se llevó a cabo una operación coordinada por parte de una multiplicidad de actores, muchos de los cuales no sólo realizaron parte de una actuación ilegal, sino que conocían en distintos niveles las actuaciones que se llevaban a cabo.
“Funcionarios, que participaron en las torturas, las conocieron, legalizaron las capturas o no denunciaron. Otros llevaron a cabo actuaciones irregulares en el basurero de Cocula y el río San Juan por fuera de la legalidad, y realizaron prácticas para dotar de cobertura esas acciones”, puntualizan los expertos en el documento presentado el 28 de marzo.
El acceso a los documentos castrenses, a cuentagotas, a partir de abril del año pasado, ha dado luz sobre la participación del Ejército antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes.
Es así como en su tercer reporte el GIEI incluye datos sobre la vigilancia del Ejército y del Cisen sobre las movilizaciones de los estudiantes y los grupos del crimen organizado que operan en Guerrero, así como de la infiltración de militares en la Normal de Ayotzinapa, uno de ellos entre los 43 desaparecidos, como lo reveló Proceso en su edición 2349.
De los documentos a los que tuvo acceso el GIEI resaltan las transcripciones de mensajes de texto a partir de intervenciones telefónicas, en tiempo real, a presuntos integrantes de Guerreros Unidos y un funcionario estatal, captados la misma noche del 26 de septiembre y el 4 de octubre; revelan la colusión de autoridades municipales y criminales en la desaparición forzada, así como negociaciones entre autoridades ministeriales para recuperar al menos a 10 estudiantes. Estos documentos fueron hechos públicos, sin contexto, por órdenes del presidente López Obrador, el l de octubre de 2021, a través de la Covaj.
Uno de ellos, fechado el 15 de octubre, alerta sobre la “omisión” de quien fuera comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, “al no ordenar oportunamente la salida de la fuerza de reacción”, una vez que tuvo información de lo que ocurría con los jóvenes, a las 21:47 del 26 de septiembre, “concretándose únicamente a establecer comunicación telefónica con el operador de la Policía Estatal, quien le comunicó que no (negativo) iba a intervenir hasta no recibir instrucciones de sus superiores”.
Los miembros del GIEI rescatan 46 reportes recibidos por la Sedena y relacionados con la noche trágica de Iguala, 20 de ellos “sobre contexto y paradero” de los jóvenes desaparecidos, que no fueron compartidos a autoridades civiles, información que “aún hoy podría analizarse”.
Entre los hallazgos destaca un texto titulado “Antecedentes de los hechos violentos de Iguala”, que delinea una estrategia para desacreditar el primer informe del grupo, de septiembre de 2015, y a sus integrantes, así como a miembros de las organizaciones que acompañan a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
El GIEI tiene indicios de que la Sedena inició procedimientos internos contra algunos de sus elementos ante la Fiscalía de Justicia Militar, que no han sido entregados a la UEILCA y que podrían aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos.
Entre las investigaciones en curso está una contra el capitán José Martínez Crespo, quien no reportó en su parte militar que estaba presente en los separos de la Policía Municipal (barandillas) supuestamente para rescatar una motocicleta, lo que se supo a partir de un reportaje publicado en el número 1989 de Proceso. Martínez Crespo fue consignado en noviembre de 2020 por la FGR por delincuencia organizada al mantener presuntos vínculos con la banda Guerreros Unidos, que operaba en Iguala.
Con información de Proceso.
