“Migrar no es un delito”, es una frase que solemos escuchar y leer de forma tan reiterada que para algunos despreocupados se ha vuelto algo trillado, pero para otros más cautos, es una forma de resignificar y empoderar al que emigra.
Para entender la migración, hay que comprender que ésta generalmente viene acompañada por otros fenómenos tan complejos como la inseguridad, la pobreza, la violencia, la desigualdad social y la educación.
El que emigra muchas veces no lo hace solamente porque quiere encontrar una vida mejor; de alguna manera todos queremos una vida en mejores circunstancias e igualdad de oportunidades. Sin embargo, muchos lo hacen obligados a dejar familias y hogares.
En Tijuana nos jactamos de ser una ciudad de migrantes y de que aquí todos tienen las mismas oportunidades. No lo dudo, me consta que hay un gran sector de la población y la sociedad civil que de forma desinteresada ha contribuido a que el discurso sea parte de la acción.
Sin embargo, en los últimos años pareciera que ese discurso se ha polarizado o, al menos, hay quienes se han encargado de enarbolar ciertos discursos para impulsar campañas con fines e intereses propios y ajenos a las circunstancias.
Desde hace casi nueve meses en las inmediaciones de la garita de El Chaparral, se concentra un grupo de migrantes que en su momento llegaron a rebasar las 2 mil personas, provenientes principalmente de Centroamérica, junto con otros del interior de México y algunos haitianos.
Contrario a lo que vimos en éxodos y caravanas de migrantes en años anteriores, a los de El Chaparral se les ha dejado morir solos, y no literalmente sino como reza el dicho, bajo el entendido de que a ninguna autoridad pareció interesarles sus casos.
¿Qué pasó entonces? Que ante la desatención, el desinterés, la falta de oportunidades y estrategias integrales, el campamento dejó de verse como un asunto de índole humanitario y pasó a ser considerado “una problemática” de índole social.
Con el cambio de administraciones municipal y estatal, lo que las nuevas gobernantes se encontraron en este campamento fue eso último, “una problemática” a la que hasta la fecha, se le ha visto como única opción el meterlos a una jaula bajo un régimen de control en el que, si no están a gusto con ello, cuando quieran pueden irse a sus casas.
El día que Montserrat Caballero tomó posesión como nueva alcaldesa de Tijuana, refrendó que uno de sus compromisos como buena migrante (ella es originaria de Oaxaca), sería visitar el campamento de El Chaparral para conocer la situación y buscar soluciones a ello.
Para esas alturas ya se decía, se sabía y hasta se había documentado que al interior del campamento había ciertos líderes que estaban ejerciendo un control desmedido y cierta violencia que ponía en doble riesgo a los migrantes que venían de circunstancias adversas.
El campamento ya gozaba de mala reputación por ello, pero era gracias personajes que ante la desatención y el desinterés de las autoridades se empoderaron a la brava y mantenían hostigadas a las familias. Cosa que en varias ocasiones negaron autoridades como el Súperdelegado.
La alcaldesa sí fue al campamento migrante; sí lo visitó, sí estuvo platicando con algunas familias y todo muy bonito. Pero días después, a su magnífico equipo de comunicación se le ocurrió la grandísima idea de lanzar un comunicado alertando que una menor de edad no acompañada había desaparecido en El Chaparral.
A los reporteros que cubrimos de forma frecuente y desde hace nueve meses este espacio y que mantenemos comunicación directa con quienes ahí habitan, nos pareció demasiado extraño dicho comunicado.
En primera, porque como los protocolos dictan que cuando se alerta al numero de emergencias sobre la desaparición de una persona a quien se le debe reportar directamente es a la Fiscalía y no al municipio, ni mucho menos a la Policía Municipal.
Es la Fiscalía la que tiene la responsabilidad de recabar dicha información y en su caso emitir una Alerta Amber cuando de una menor se trata, porque es la institución especializada en investigar. La función del Ayuntamiento y su policía son las de prevenir.
Lo curioso de ese caso es que ni la Fiscalía corroboró dicha información y en el campamento nadie supo nada sobre la supuesta desaparición de una niña, cuando antes de ello de forma anónima siempre nos reportaban las anomalías al interior del campamento.
El mensaje con ese comunicado parece que fue claro: tenían el pretexto perfecto para emprender acciones de índole judicial de forma “justificada” y nada humanitaria. Vaya grandiosa idea le vino después a la “alcaldesa migrante”, cuando una noche personal de su municipio (120 policías entre ellos) tomó por asalto el campamento para cercar el espacio con malla ciclónica.
Dicen en La Liber… no, esperen, ese dicho ya se fue; pero dice un dicho que una acción bien pensada no requiere de justificaciones y Montserrat lo que hizo fue justificar en todo momento el enjaulamiento de los migrantes.
Que si para tener un mayor control, que para garantizar la seguridad de los migrantes, que para evitar que personajes de mala reputación se inmiscuyan en el mismo y demás. Todas bien intencionadas, claro está, pero que bajo un análisis del discurso la tilde criminalizante no deja de estar a un lado.
Lo curioso es que después de esta acción, a los migrantes les quitaron el servicio de luz que les habían proporcionado, y ahí comenzó una disputa. El municipio se desentendió y le echó la bolita al estado; Marina del Pilar, la gobernadora, se desentendió, y la bolita quedó flotando en el aire.
Entonces al espléndido equipo de comunicación de Montserrat se le ocurrió otra gran idea: emitir un comunicado afirmando que los migrantes realizarían una protesta en la garita por el corte del servicio de luz, acción de la que se deslindó el municipio.
Otra vez: ni los migrantes ni nadie sabía de qué hablaba el Ayuntamiento. ¿Cuándo, dónde y a qué hora?, nos preguntamos los reporteros. ¿Cuál protesta?, se preguntaban incluso las personas que habitan en El Chaparral.
Una estrategia pues, nuevamente, para criminalizar y justificar acciones en su contra; para alertar a la población y decirles “miren cómo se están comportando”, en un mensaje con tanto parecido a lo que en su momento realizó el ex alcalde Juan Manuel Gastélum, aunque a la “alcaldesa migrante” le pesen las comparaciones.
Cuando de atención al migrante se trata, siempre se habla de que la responsabilidad recae estrictamente en la federación.
Hace unos días, durante la apertura de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue cuestionado sobre ello y solamente se limitó a decir que ellos no harían más que labor de persuasión para abandonar el lugar y que esperaba que, las autoridades locales, encontraran una pronta solución. Otra vez la bolita al aire.
En su caso, la gobernadora Marina del Pilar desconoció el proyecto del albergue temporal Santuario Migrante que inaugurara su flamante antecesor Jaime Bonilla en su último día de gobierno, y optó por decir que buscarían la mejor opción.
Mientras tanto, las personas migrantes y no migrantes que ya llegaron a ocupar el campamento, siguen bajo la incertidumbre sobre qué va a pasar con ellos. Los van a desalojar, creo yo, pero no lo van a hacer a la fuerza, sino bajo esa presión que ya vienen ejerciendo sobre ellos.
Bien dice otro dicho, presiona hasta que la gente se canse, y eso es lo que estamos viendo. Y es una lástima, porque, aunque no todos los que están ahí sean migrantes, como lo afirmó el municipio, los han criminalizado y vilipendiado sin importar que muchas de las víctimas sean niñas y niños.
Lo que bien se pudo tratar desde un principio de forma humanitaria, hoy está siendo criminalizada con tal de quitarlos de un lugar al que ya consideran conflictivo.
Migrar no es un delito, gente, “el delito es criminalizar a los seres humanos que por condiciones extremas se ven en la necesidad de trasladarse de un lugar a otro para buscar nuevas formas de sobrevivencia”, dice Cristóbal León Campos.
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