El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció la creación de una comisión de expertos para pacificar las cárceles, donde han muerto más de 300 presos en medio de enfrentamientos de bandas durante este año.
Lasso, un exbanquero conservador, declaró en estado de excepción al sistema penitenciario de la nación en septiembre luego de que al menos 119 presos fueron asesinados en un violento enfrentamiento en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil.
Un motín en noviembre mató a otros 62 reos en la misma prisión, la más violenta de la nación sudamericana.
“La comisión analizará las causas y efectos de la actual situación penitenciaria, con el fin de establecer un pacto de convivencia interna con dignidad, humanidad y responsabilidad”, dijo Lasso al firmar el decreto que autoriza el trabajo de nueve expertos, entre ellos dos religiosos.
“Uno de los mayores propósitos es poner fin a las mafias que dominan las cárceles, propiciando la entrega voluntaria de armas y fomentando la rehabilitación social”, añadió. “No podemos perder más tiempo ante la crisis carcelaria”.
El grupo incluye a expertos en derechos humanos y resolución de conflictos, una psicóloga y especialista en seguridad ciudadana, un abogado penalista, un sacerdote católico y un pastor evangélico y funcionará durante seis meses.
El gobierno ha culpado de la violencia a las luchas de poder entre las mafias del narcotráfico, aunque el sistema penitenciario ha enfrentado durante mucho tiempo críticas por las malas condiciones de vida de sus 38.500 internos y un 30% de hacinamiento.
Lasso envió a militares a apoyar a la policía en el control de las prisiones, anunció reformas legales para extender las sanciones a los líderes de las pandillas y aprobó el indulto para presos con enfermedades catastróficas.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha cuestionado la emergencia decretada por Lasso y ha dicho que la crisis carcelaria requiere de acciones concretas y estructurales, diferentes a las que se adoptan en un estado de excepción.
Lasso también ha utilizado sus poderes de emergencia para combatir una ola de delitos en el país, pero sus esfuerzos no han logran enfrentar la pobreza y la mala actuación policial subyacente a la violencia, según analistas y ciudadanos.
Con información de Reuters.
