La mañana del jueves 29 de julio de 2010, 40 agentes de la Policía Municipal de Tijuana fueron notificados sobre un curso que debían tomar en la Academia Estatal de Policía. Eran los tiempos de Felipe Calderón y su guerra contra el narco; en ese entonces las capacitaciones y talleres sorpresa eran cosa de un día sí y otro también.
A la par, 16 agentes de la entonces Policía Ministerial recibieron el oficio de un examen que debían cumplimentar en la Base Aérea Militar 70-76, ubicada junto al Aeropuerto de Tijuana. Si en ese momento hubieran sido amigos, los policías de ambas corporaciones se hubieran dado cuenta del embrollo, pero no fue así.
Unas horas después, a las 2:00 de la tarde, el entonces Procurador General de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, presentó ante los medios a 56 policías activos y 6 ex policías como detenidos en un mega operativo contra el narco, aunque en realidad fueron llevados con engaños. El motivo de la detención: Pérdida de confianza.
Con el paso de los años, los agentes exhibidos aquella tarde fueron exonerados. Sin embargo, la pérdida de confianza fue una orden militar que escaló del discurso a la Ley, siendo una constante para separar policías de sus cargos sin darles mayor explicación. Luego recurrían a rigurosos interrogatorios en donde no faltaban baldes de agua, bolsas de plástico y choques eléctricos en los genitales.
Desde el 2 de enero de 2007 que inició el Operativo Tijuana (la versión fronteriza de la guerra de Calderón), las autoridades civiles se supeditaron a las indicaciones militares y esta tendencia arrasó en Baja California. Al tomar el mando en el Estado, lo primero que los militares hicieron fue ocupar las bases de las policías preventivas, desarmar a los agentes municipales y subordinar cualquier instrucción al criterio castrense.
Hicieron pruebas de balística en todas las armas de la Policía Municipal, para contrastar los resultados y verificar si alguna había sido usada en eventos delictivos. Entrevistaron a toda la tropa y fiscalizaron cada parte policíaco, cada gasto, cada detenido, ante una autoridad civil que era sometida por órdenes de arriba. El discurso era la infiltración histórica de la policía y que el Ejército venía a salvarnos.
Once meses después, el Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor Presidencial, Julián Leyzaola Pérez, fue nombrado Director de Policía y Tránsito Municipal en Tijuana. Fue el arribo de los militares a los puestos de mando civiles cuando Calderón sacó al Ejército Mexicano a las calles y éste gozaba de mejor reputación.
Por pérdida de confianza, Leyzaola Pérez separó del cargo a jefes, subjefes, oficiales y subdirectores. La diferencia es que no los presentó ante los medios; al contrario, existen pruebas de que los torturó en secreto.
A pesar de denuncias y señalamientos, el superpolicía fue condecorado, premiado y reconocido por su heroica labor en Tijuana. Hoy, Leyzaola Pérez es prófugo de la justicia; es denostado y acusado incluso por quienes llegaron a su oficina a pedirle algún favor, cuando ostentaba el poder.
La masacre del Penal
El 17 de septiembre de 2008 hubo un motín en la Penitenciaría del Estado en Tijuana que se salió de control. Era el segundo en los últimos tres días. Para reestablecer el orden, el entonces director de la Policía Municipal, Julián Leyzaola Pérez, formó parte de una decisión gravísima: disparar desde el helicóptero a la cabeza de los rijosos aprisionados.
En los días posteriores, todas las autoridades civiles de Baja California justificaron el uso excesivo de la fuerza, explicando que sólo se tiraron balas de goma contra los reos para disuadirlos. Sin embargo, información obtenida por Glocal Media a través de transparencia indica que no fue así.
En la Averiguación Previa 256/08/201 se establece que en los patios de La Peni se hallaron 78 casquillos calibre .223 REM; 45 casquillos 7.62 x 51 milímetros; 42 más de calibre .9 milímetros; 31 casquillos de balas de goma y 1 casquillo de gas pimienta. En total, se dispararon 196 veces contra los reos amotinados.
La misma averiguación señala que ese día murieron 14 reos por proyectil de arma de fuego: 10 recibieron al menos un disparo desde la distancia en la cabeza, y los restantes en el tórax y abdomen. Hubo 31 internos más que fueron heridos de bala en manos, piernas, cuello, hombros y espalda, y que fueron atendidos en diversos hospitales.
Al día siguiente las autoridades policíacas de Baja California no aceptaron la utilización de armas de fuego y culparon a los reos de los disparos en el Penal. Eran armas hechizas, dijeron, que los reos tenían escondidas debajo de sus colchones.
En los meses siguientes, todas las dependencias policíacas en el Estado aceptaron haber usado armas tipo AR-15, escuadra tipo Beretta, fusil de francotirador tipo Heckler & Koch G36 (cuyo alcance es de 800 metros) y rifle Mossberg 500 de los calibres 7.62 y .9 milímetros, esto en correspondencia de la indagatoria que inició la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso.
Los testimonios de la carpeta relatan que el helicóptero que sobrevolaba el penal disparaba contra los reos, también denuncian grupos de irrupción armados y policías apostados en edificios aledaños apuntando a La Peni.
Una de las declaraciones establece un dato curioso. Refiere que el primer grupo armado que intentó entrar lo hizo por un pasillo lateral, pero que las autoridades dijeron que eran reporteros para que los internos no los atacaran. El grupo de élite iba disfrazado y en cuanto vio la luz del patio central, empezó a disparar.
En la carpeta 256/08/201 se precisa todo lo anterior, se consignan los hechos, se establecen conteos y parámetros, pero no se deslindan culpables. Las instituciones aceptaron haber disparado, pero no precisan quién dio la orden. A 13 años del motín, no hay autoridades civiles o militares culpables del homicidio calificado de los 14 internos que recibieron disparos, ni de las lesiones que otros 31 sufrieron por proyectil de arma de fuego.
Las torturas del Teniente Coronel
En diciembre de 2008, Julián Leyzaola fue ascendido a Secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana. El entonces alcalde Jorge Ramos Hernández, le había premiado con el puesto más alto en la estructura policíaca de la frontera y le dio la oportunidad de elegir a quien se haría cargo de la Dirección de Policía.
El Secretario se inclinó por el Capitán Primero de Infantería, Gustavo Huerta Martínez, básicamente por un asunto de poder: ambos ya eran militares en retiro que se rigen por el Código de Justicia Militar y esto, lo sabía Julián Leyzaola, le daba facilidad de coacción sobre su subalterno. Cualquier respingo hubiera significado insubordinación ante un tribunal, ya que Teniente Coronel es un rango más alto que Capitán Primero.
La tercera semana de marzo de 2009, el Secretario citó a su Director para entregarle una lista de agentes que debían ser llevados a un interrogatorio de rutina. No se precisaron detalles y el citatorio de hecho existió, pero fue administrado a discreción por Leyzaola Pérez para desentramar un nido de chismes y acusaciones que ocurrían al interior de la Policía. Que si fulanito conoce a tal y que sutanito trabaja con aquél.
De 31 agentes de la Policía Municipal que iniciaron una queja contra Julián Leyzaola Pérez y Gustavo Huerta Martínez por el delito de tortura durante aquellos interrogatorios, sólo cuatro ratificaron la denuncia y con eso bastó para que a inicios de junio pasado, se girara orden de aprehensión contra los dos ex jefes policíacos.
Todo lo anterior está documentado en el Acta de Averiguación Previa 897/10/20A/AP en la que el Juzgado Tercero de lo Penal fundó el caso. En el archivo, también se puede leer lo siguiente:
“…ya en el interior, Julián Leyzaola me dice que le entregue las llaves de mi vehículo particular y mi tarjeta de débito, ya que me tenía que llevar a las instalaciones de la Siedo porque tenía una orden de presentación, a lo que le contesto que me mostrara la orden para poder ir y Leyzaola me dice que no necesitaba ninguna orden porque él personalmente me iba a llevar…”
“…hasta que no aguanté más y me desmayé, y de pronto sentí un piquete en la cara interna del codo izquierdo sintiéndolo caliente, y cuando volvía en sí escuché que uno de los que estaban presentes manifestó: ESTE HIJO DE SU PINCHE MADRE YA SE NOS FUE…”
“…y pregunto que quién era y me dice que era un compañero, y al levantar la cabeza me percato que en donde estaba había como veinte o más personas, todos compañeros de la Policía Municipal…”
“…pero que al día siguiente hablaría con el Teniente Coronel para que hablara con el MP y me pudiera ir…”
“…y los abordaron en un camión color verde, de los militares, para llevarlos a la base aérea militar, ubicada en la colonia 70-76 de esta ciudad, y en seguida al Aeropuerto de Tijuana, donde los abordaron en un avión de la Policía Federal…”
Un superpolicía en entredicho
En la recta final para dejar el cargo de Secretario de Seguridad Pública Municipal, la denuncia por tortura contra Julián Leyzaola ya era un escándalo en Tijuana. Aun así, en los últimos 3 meses del gobierno de Jorge Ramos Hernández, el superpolicía Leyzaola se la vivió en cenas con empresarios, líderes sociales y asociaciones civiles, recibiendo galardones por su alto valor.
A su paso por la policía de Tijuana, un año como Director y dos años como Secretario, asesinaron a más de 60 agentes preventivos. El sistema de confrontación Leyzaola se instauró en la Policía Municipal y se empezaron a olvidar las formas, los sentidos y los fondos. Cierto es que hubo una reducción en la incidencia delictiva, pero jamás hubieron tantas víctimas colaterales como en aquellos tiempos.
El encubrimiento y la omisión que sucedía frente a los ciudadanos pero que las autoridades negaban, llegó al Congreso del Estado en septiembre de 2010. Cuando el entonces Presidente de la Mesa Directiva, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, El Patas, sometió a votación la iniciativa de otorgarle un reconocimiento a Julián Leyzaola por su valioso desempeño.
Si Gastélum Buenrostro hubiera sabido que desde julio de 2009, el Consulado de Estados Unidos denunció en un cable confidencial que Leyzaola Pérez atacaba a ciertos bandos y omitía perseguir a otros para beneficiarlos, seguramente no le hubiera dado un reconocimiento. O tal vez sí lo sabía.
El paradigma del superpolicia militar, ejemplo a Nivel Nacional era entonces aceptado, protegido, respaldado y presumido. Los militares mandaban y la andanada de reconocimientos que Julián Leyzaola recibió en Tijuana en sus últimos tres meses de Secretario, comprueba la complicidad en la que se envolvieron empresarios, gobiernos y medios a favor de una idea, una imagen: alrededor de un hombre que hoy es prófugo de la justicia por tortura.
