En la sesión extraordinaria de Cabildo que se celebró este día, los regidores presentes y el alcalde Arturo González Cruz votaron en contra de que se creara la Comisión de Agua para el Municipio de Tijuana.
Fueron 14 votos a favor y ninguno en contra los que le dijeron no a la municipalización del agua, una iniciativa que había sido propuesta por el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez.
La idea era que el Ayuntamiento fuera el encargado de administrar todo lo referente al manejo del agua, tal como alcantarillado, aguas residuales y otros servicios relacionados. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el pleno del Cabildo.
En ese mismo sentido, también se aprobó en la sesión un iniciativa de reforma a la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California en materia de asunción de funciones y servicios públicos. En esta reforma se estipula que el Ayuntamiento de Tijuana tiene que hacer un estudio, antes de que se pretenda municipalizar el agua u otros servicios públicos en la ciudad.
De esta forma, el Cabildo desechó la iniciativa de Jaime Bonilla, dejando a la siguiente administración municipal con pocas posibilidades de avanzar en un tema toral para el Gobierno del Estado.
“El Ayuntamiento, mediante un acuerdo de Cabildo que alcance mayoría calificada, podrá solicitar la municipalización de un servicio público, previo un análisis técnico que acredite fehacientemente las capacidades financieras y operativas del municipio, para garantizar la prestación de servicios de manera eficaz, eficiente y continua”, apuntó la regidora Mónica Vega durante la sesión.
La edil añadió que se deberá contar cuando así se requiera, con la aprobación previa de acreedores en términos de las disposiciones legales aplicables o condiciones pactadas.
Esta reforma también fue aprobada con 14 votos a favor y cero en contra, con lo que prácticamente el Cabildo trabó la municipalización del agua en esta ciudad.
La iniciativa de ceder a los municipios la administración del agua ha sido ampliamente promovida por Jaime Bonilla Valdez, sin embargo, en agosto de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que sea el Estado de Baja California, el que siga prestando a la ciudadanía los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
