Lo que fue diseñado como un modelo encaminado a que más de 15 mil pequeñas empresas se incorporaran a la formalidad y “actualizaran” sus transacciones mediante el uso de nuevas tecnologías (tabletas), terminó con 294 millones 577 mil pesos aplicados de forma “irregular” y en manos de empresas fachada.
Esos recursos fueron destinados por el extinto Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), por conducto de Nacional Financiera, a la Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) entre 2014 y 2016, según el documento de 254 páginas elaborado por la Auditoría de Cumplimiento Forense: 2016-5-10E00-23-0001-DN-2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esos 294 millones 577 mil pesos fueron “destinados” a 154 proyectos. Dos de ellos fueron denominados “proyectos estratégicos” bajo adjudicación directa, que implicó que el Inadem dirigiera 84 millones 995 mil pesos, mediante el Consejo Coordinador Empresarial, en calidad de “organismo intermedio”, a la Concanaco-Servytur, como “organismo operador”.
Como proveedores de la confederación figuró en 2014 y 2015 la empresa Celular Milenium SA de CV, de la cual es socio el entonces vicepresidente de tecnologías de la confederación, Juan Carlos Martínez Domínguez; también EMCO Soluciones en Software, SA de CV, la cual no fue localizada por la ASF en su domicilio fiscal registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y carece de registro patronal ante el IMSS.
De EMCO Soluciones de Software son socios Maricruz Alejandra y Erick Pérez Rauda, este último exyerno de Ernesto Pérez Astorga, actual senador de Morena y exvicepresidente de la Concanaco. Dicho sea de paso, Pérez Rauda es también socio de Rauda Global Consulting Services, una de las empresas que trianguló recursos.
La ASF detectó, por ejemplo, que en uno de los dos “proyectos estratégicos” 914 mil pesos no fueron autorizados por el Consejo Directivo del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) para incluirlos en una partida de “gastos varios” en los que la Concanaco-Servytur se dio el lujo de gastarlos en los siguientes productos: verduras, cortes de carne, tintes de cabello, utensilios de cocina, vasos de vidrio, servicios de lavandería y tintorería, bebidas alcohólicas, utensilios de limpieza (guantes, escoba), focos ahorradores, clavos, vasos de café, pan, un árbol natural, camas, bolsas de lujo, artículos de plata, una chamarra, un abrigo, un suéter, un cobertor y una frazada.
Gravosas omisiones
El resto de los 294 millones 577 mil pesos, es decir, 209 millones 581 mil pesos, para los otros 152 proyectos fueron asignados por el Inadem –presidido en esos años por el ahora diputado local mexiquense Enrique Jacob Rocha– mediante convocatoria pública en el lapso de 2014 a 2016.
Sin embargo, 11 fueron desistidos por la misma confederación y representaban un valor de 3 millones 290 mil pesos. Los restantes 141 proyectos, ejecutados por la máxima representación del comercio organizado del país, manejaron en total 206 millones 290 mil pesos.
Eso sí, sobre ese dinero la Concanaco-Servytur no proporcionó a la ASF las relaciones de gastos ni los comprobantes fiscales correspondientes que acreditaran la aplicación y ejercicio de los recursos públicos federales en los conceptos, montos y porcentajes aprobados. Tampoco acreditó la obtención, aplicación y ejercicio de las aportaciones privadas de los beneficiarios a los proyectos autorizados.
De hecho, la auditoría observó que el Consejo Directivo del FNE omitió solicitar a la Concanaco el reintegro de los 206 millones 290 mil pesos, los cuales fueron manejados por 10 proveedores que a su vez triangularon los recursos a otras 16 empresas, las que posteriormente redirigieron los recursos a la confederación, entonces presidida por el empresario poblano Enrique Solana Sentíes.
El juego de los proveedores
Con información proporcionada por el SAT y por el IMSS se identificó que cinco de las compañías carecieron de elementos que acreditaran su capacidad financiera y humana. Además, se ubicó a cinco proveedores que transfirieron recursos públicos federales en forma directa a la Concanaco, por 12 millones 705.2 mil pesos.
Como resultado de la investigación practicada a las personas morales que sirvieron para triangular recursos de los proveedores contratados por la Concanaco, la ASF dio cuenta de lo siguiente: 10 personas morales transfirieron recursos a la confederación por un monto total de 94 millones 380 mil pesos; dos personas morales se encontraron en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación o se les ubica como “factureras”, y una persona moral está en estatus de “suspendido” en el SAT.
También concluyó que dos personas morales promovieron un juicio de amparo contra las solicitudes de información; ambos juicios tienen recurso de revisión ante la negación de suspensión definitiva. Otras dos empresas no presentaron su declaración anual y una más la hizo en ceros.
Cuatro personas morales no reportaron activo fijo en su declaración anual. Diez no contaron con empleados inscritos en el IMSS. Además, con información proporcionada por el SAT y por el IMSS se identificó que 11 empresas carecieron de elementos que acreditaran su capacidad financiera y humana.
Consultada por Proceso, la Secretaría de Economía aclaró que son 34 los folios por un monto de 33 millones 646 mil 219.40 pesos que se encuentran en etapa de seguimiento por parte de la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP), perteneciente a la dependencia federal.
“La dirección general competente se encuentra analizando la documentación correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable. En caso de que dichos folios incumplan con la normatividad, serán cancelados y se iniciarán las acciones legales que correspondan para la recuperación de los recursos ministrados”, puntualiza Ana Bárbara Mungaray, titular de la UDP de la SE en un escrito enviado a este semanario.
La versión de Jacob Rocha
La Secretaría de Economía aclaró que ya se encuentra colaborando con las autoridades competentes que desahogan los distintos procesos; es decir, tanto con la ASF como con la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades a las cuales se les ha proporcionado la información requerida en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
–¿Qué sanciones habrá para los responsables? –se le pregunta por escrito.
–En este caso, y de así comprobarlo los órganos competentes, se podría estar en presencia de sanciones administrativas o inclusive penales, pero esto sería materia de las autoridades competentes. Sin embargo, por lo que hace al ámbito de competencia de esta Unidad, podrían llevarse a cabo diversas líneas de acción, como la cancelación de los proyectos señalados con antelación, realizar la inscripción en buró de la UDP correspondiente y, en consecuencia, solicitar el inicio de acciones legales correspondientes tendientes a la recuperación del recurso federal.
Por su parte, Solana Sentíes, quien fue responsable de los recursos manejados por la confederación entre 2014 y 2016, señaló mediante whatsApp a este semanario: “Yo no formo parte del procedimiento de la ASF ni se me ha notificado de manera alguna. Respetando el debido proceso y cuidando la reputación de las personas que hayan sido mencionadas, se tendrían que esperar las conclusiones definitivas de la ASF. Mientras tanto, me parece que se ha utilizado este documento filtrado para formular conjeturas con intereses políticos”.
Por su parte, el presidente del extinto Inadem, Enrique Jacob Rocha, dice a Proceso que el instituto “no tenía facultades para fiscalizar, es decir, tú no podías pedir, como lo hacen la ASF, la Unidad de Inteligencia Financiera o la FGR o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que te den las cuentas bancarias para pedirles cómo se movió el recurso. Eso estaba fuera de nuestra posibilidad, porque no había manera.
“Lo que nos interesaba es que se habían entregado las tabletas, que se había llevado el proceso de capacitación. Eso es lo que vigilábamos. Cuando se comprobaba que se habían atendido ese número de empresas y se habían entregado ese tipo de apoyos, era cuando nosotros cerrábamos el proyecto. De hecho, de los proyectos estratégicos hubo como ocho duplicados de un universo de 15 mil beneficiarios. Los demás sí se encontraron. Era lo que nosotros sí podíamos revisar”.
Y matiza: “Detrás de esto, como también reporta el informe, hay una serie de movimientos entre proveedores, pero de eso nosotros no teníamos visibilidad. Si nosotros hubiéramos pedido a la CNBV información, no nos hubiera hecho caso. Nosotros necesitábamos que nos comprobaran que el beneficiario final recibió el dispositivo electrónico, que tenía un domicilio, una identificación”.
Jacob Rocha se defiende de la conclusión de la ASF respecto que el Inadem debió haber exigido a la Concanaco el reintegro de 206 millones 290 mil pesos.
“Ahí uno se queda en medio. El objetivo del Fondo era cuidar a la microempresa, del otro lado yo tengo a las empresas que sí recibieron el apoyo; en ese proceso se dan ciertos acontecimientos y yo no tengo los ojos para verlos, no tengo la facultad ni las atribuciones. Entonces, ¿cómo le hago?… No hay manera de que yo lo sepa. En el Manual de procedimiento dice hasta dónde llego. Yo puedo cancelar un proyecto estratégico porque no lo pude ver. Lo viste tú porque requeriste información a otras autoridades.”
El ahora legislador local aclara que siempre tuvo la autorización del secretario de Economía para asignar los recursos a la Concanaco y remata: “Lo de Concanaco, lo lamento muchísimo porque era un buen aliado. No era cualquier organización. Por ley son el órgano de consulta. Nosotros nos sentíamos cómodos trabajando con ellos”.
Proceso buscó una postura de la actual dirigencia del organismo empresarial, presidido por Héctor Tejada Shaar, así como del Consejo Coordinador Empresarial, que fungió como “organismo intermedio” de los proyectos estratégicos. No hubo respuesta de ninguno.
Con información de Proceso.
