Tres solicitantes de asilo fueron secuestrados en abril mientras estaban bajo un programa migratorio estadounidense que los había puesto al cuidado de funcionarios mexicanos en la ciudad Nuevo Laredo, al otro lado de la frontera con Texas, dijo una de las víctimas y la agencia de migración de la ONU.
El secuestro, reportado aquí por primera vez, ocurrió a pesar de las medidas que, según la administración del presidente Joe Biden, mejoraron la seguridad del plan, -conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP)- que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México sus audiencias en la corte de inmigración de Estados Unidos.
El caso es el primer secuestro conocido bajo el MPP renovado, explicó Dana Graber, jefa en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de las Naciones Unidas que participa en el traslado de personas bajo el programa.
Reuters conoció los detalles del rapto a través de una entrevista con uno de los migrantes secuestrados, un chef peruano de 29 años llamado Raúl. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) también confirmó el secuestro.
“Estamos al tanto del incidente y estamos extremadamente preocupados”, dijo Graber, y agregó que estaba en contacto con autoridades mexicanas, tanto locales como federales, “para evitar que estas cosas vuelvan a suceder”.
Los migrantes estaban bajo la custodia de funcionarios de la ciudad Nuevo Laredo, no de la OIM, cuando fueron secuestrados.
Poco después de asumir su cargo el año pasado, el presidente Biden puso fin al MPP como parte de un impulso para revertir las políticas de inmigración de línea dura de su predecesor republicano Donald Trump, pero se vio obligado a restablecerlo en diciembre tras una orden judicial.
Al volver a implementar el programa, la administración Biden prometió que nuevas medidas mejorarían la protección de los migrantes.
“Una persona cree que está en buenas manos y no es así”, afirmó Raúl sobre el gobierno de Estados Unidos, y pidió que no se revelara su apellido por temor a represalias.
El peruano cruzó el río Bravo hacia Texas el 10 de abril después de un vuelo a México desde su país. 10 días después, los funcionarios del DHS lo devolvieron a Nuevo Laredo, una ciudad notoriamente peligrosa donde abundan los secuestros en el estado fronterizo Tamaulipas.
Funcionarios de Protección Civil de Nuevo Laredo llevaron a Raúl y a otros dos migrantes a un albergue local. Pero los secuestradores detuvieron el camión y se los llevaron cautivos, para extorsionar a sus familiares y amigos en Estados Unidos por miles de dólares.
Raúl no tenía claro quiénes eran los secuestradores, dijo.
En un comunicado enviado a Reuters, un portavoz del DHS indicó que el caso destacaba los “defectos endémicos” del MPP. En su decisión de finalizar el programa, la administración de Biden citó los riesgos para los migrantes devueltos, incluyendo la posibilidad de ser secuestrados.
Un juez federal en Texas dictaminó el año pasado que el gobierno estadounidense había violado las leyes procesales al poner fin al MPP, ordenando reinstalarlo.
Los defensores de los migrantes denuncian que la administración de Biden no ha hecho lo suficiente para luchar contra la orden judicial.
Raúl contó su historia a un abogado mexicano en una declaración de cinco páginas, vista por Reuters, que firmó el 5 de mayo. Compartió la misma versión con el personal de la OIM y una psicóloga en el refugio para migrantes en Monterrey, dijeron esas personas a Reuters.
El Instituto Nacional de Migración de México (INM) se negó a responder las preguntas de Reuters sobre el secuestro. La Cancillería del país latinoamericano dijo a Reuters que trabaja con el gobierno de Estados Unidos, las agencias de la ONU y las fuerzas de seguridad para salvaguardar a todos los migrantes.
La agencia de Protección Civil de Nuevo Laredo negó que el secuestro haya ocurrido y, en cambio, señaló que los tres migrantes saltaron del automóvil para evitar la cuarentena después de dar positivos a COVID-19. Otras autoridades de la ciudad se negaron a comentar.
Funcionarios de la OIM aseguran que a raíz del incidente, a fines de abril, policías estatales comenzaron a acompañar a algunos migrantes bajo el MPP al ser trasladados dentro de Nuevo Laredo.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas dijo que su policía acompañaba a los migrantes del MPP, así como a otros que no lo están, en coordinación con las autoridades federales de migración.
OBLIGADO A PAGAR
Raúl llegó a Nuevo Laredo el 20 de abril con un aviso para presentarse en un tribunal de Laredo, Texas, el mes siguiente.
Bajo el MPP renovado, los migrantes en el programa generalmente son transportados en autobús por la OIM hacia el sur a la ciudad más segura, Monterrey. Pero Raúl y otros dos solicitantes de asilo devueltos dieron positivo al coronavirus y, bajo un protocolo destinado a evitar la propagación del COVID-19, debían permanecer en cuarentena en Nuevo Laredo.
En lugar de eso, los asaltantes llevaron a los tres hombres a una casa de dos pisos donde los mantuvieron cautivos junto a otros 20 migrantes, reveló el peruano.
Rápidamente, se dio cuenta de que las víctimas de los criminales eran migrantes que habían sido devueltos o deportados a México. “Ellos sabían que estas personas tenían familiares allá (Estados Unidos)”, explicó, señalando que los secuestradores lo obligaron a él y a otros a entregar los números de teléfonos de sus contactos.
Lo insultaron y lo golpearon en el estómago cuando dijo que solo tenía un contacto, narró.
Luego de cuatro días de “angustia” y el pago de un rescate de 6,000 dólares -la mitad de lo que exigieron inicialmente los secuestradores- sus captores lo llevaron a una parada de autobús y le indicaron que se fuera del pueblo.
Tomó un ómnibus hacia Monterrey, a unos 250 kilómetros al sur, y se puso en contacto con la OIM, que lo colocó en un refugio y lo transportó a la frontera para su primera audiencia en la corte de Estados Unidos a principios de mayo.
Una vez en Texas, Raúl solicitó con éxito una excepción para permanecer en Estados Unidos mientras dure su caso de asilo.
En su decisión de poner fin al programa de la era Trump, la administración de Biden se refirió a estudios de grupos de derechos humanos que documentaron cientos de secuestros de migrantes devueltos a México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana (CNDH) aseguró en un informe el año pasado que el secuestro era uno de los delitos más comunes contra los migrantes del MPP.
El MPP renovado fue diseñado para ser diferente. Los protocolos del DHS emitidos en diciembre prometían “acceso a refugios en México y transporte seguro hacia y desde los puertos de entrada a estos refugios”.
Stephanie Leutert, experta en inmigración y exasesora de políticas migratorias de la administración de Biden, opinó que las medidas, como sacar a los inmigrantes de Nuevo Laredo, plagado de cárteles, a Monterrey, han mejorado la seguridad del programa en general, pero que el caso del peruano muestra que los protocolos aún tienen fallas graves.
“Me regresaron a México y justo lo que temía me pasó”, se lamentó Raúl.
Con información de Reuters.
