El incremento de hechos violentos en los que menores de edad pierden la vida como es el caso del niño Kevin Yael, dejan en claro que la seguridad está colapsada en nuestro Estado, y que el interés superior de los menores no es una prioridad para ciertos sectores de las autoridades, indicó el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana A.C, Hassan Franco Ruíz.
“El interés superior de los menores en el Estado se sigue viendo vulnerado y un claro ejemplo de ello es el terrible desenlace de la búsqueda del menor Kevin (Yael), que según lo informado por las autoridades la causa del deceso fue por recibir una serie de golpes”, detalló.
Franco Ruíz explicó que en hechos violentos contra menores de edad se hacen notorias las deficiencias del gobierno, pero que es un problema más profundo pues la vulnerabilidad de sus derechos se puede ver también en la vida cotidiana.
“O si realmente tienen un interés por el bienestar de los menores no están haciendo lo suficiente, ya que continuamos observando a una gran cantidad de ellos en los cruceros solicitando alguna cantidad económica, los cuales evidentemente se encuentran en riesgo latente no solo de alguna lesión ocasionada por un accidente de tránsito, sino que están a merced de grupos delincuenciales.”
Hassan Franco recordó que el estado Mexicano tiene leyes y forma parte de tratados internacionales encaminados a la protección de la niñez, además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la niñez es eslabón fundamental de la sociedad y por ende debe de ser protegido y anteponer su interés ante el resto de los derechos y obligaciones que en su conjunto integran las leyes de nuestro estado.
Por ello, Franco Ruíz indicó que urge el diseño de una estrategia eficaz por todos los órdenes de gobierno para salvar la integridad de los menores en la que no sólo forme parte el gobierno, sino la sociedad civil y padres de familia.
Con el fin de poder extender protección a todos los menores que por algún motivo el día de hoy transitan por las calles de la ciudad y son obligados ya sea por sus padres o terceros a trabajar antes de la edad de 15 años, en condiciones que ponen en riesgo su salud, tranquilidad y desarrollo físico- mental, llevando dichas conductas a las peores formas de explotación de trabajo infantil.
