En el Artículo 250 del Código Penal Federal, Fracción II, se estipula que toda aquella persona que se atribuya el carácter de profesionista sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, podría ser sancionado con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días.
En reiteradas ocasiones, el ex gobernador ha defendido a capa y espada tener un título de Ingeniero Industrial por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incluso haber cursado una maestría en una universidad de Estados Unidos.
Sin embargo, tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la propia UNAM ya desmintieron lo dicho por el ex gobernador, asegurando -mediante oficios oficiales- que desconocen cualquier registro de título del que se dice “Ingeniero”, lo cual automáticamente lo pone en una situación violatoria de la ley al ostentarse como profesionista sin tener el título profesional.
Otra de tantas mentiras de Jaime Bonilla que, si bien, solamente una fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezada por Jaime Martínez Veloz, ha denunciado legalmente, nos demuestran la sarta de expediciones mentirosas e ilegales que en tan solo dos años de gobierno emprendió el ex gobernador.
De ser tomado en cuenta -por la autoridades judiciales- este oficio emitido por la UNAM, en el que se desentiende del ostentado título de Bonilla, el senador con licencia debería ser llamado ante los tribunales para aclarar la situación y que demuestre cómo es que se atribuye un título de una institución que oficialmente ya lo ha desmentido.
A estas alturas parece ilógico tener que estar hablando nuevamente de Bonilla, pero es que no se puede desestimar que su periodo de gobierno estuvo plagado de mentiras y de intento de sobrepasar la ley con varias de sus acciones. Nada más recordemos la famosa “Ley Bonilla” con la que pretendía ampliar su mandato de dos a cinco años.
Lo ciudadanía lo tiene que saber, por más mínimo que parezca, de comprobarse, es un delito y quebrantar la ley, habiendo cumplido actividades como funcionario, no hablan más que de actos de corrupción y la corrupción por muy chica o grande que sea, es un abuso de poder público para obtener beneficio particular.
Esperemos que se tomen cartas en el asunto.
