Aileen Cannon, la juez de la Corte Federal de Miami, Florida, calendarizó para mayo de 2024 el inicio del juicio contra el expresidente Donald Trump, acusado de 38 cargos relacionados con los documentos secretos que ilegalmente se llevó de la Casa Blanca.
La decisión de la juez es un gran revés para el exmandatario y nuevamente aspirante a la nominación presidencial por el partido republicano, quien por medio de sus abogados había exigido a la juez retrasar el proceso hasta después de los comicios presidenciales de 2024.
En contraste, el fallo es una victoria tempranera para el Departamento de Justicia y el fiscal especial Jack Smith, que buscan llevar a cabo un juicio expedito que incluso pudiera concluir ante del martes 5 de noviembre de 2004, el día en que se realizarán los comicios.
Había muchas dudas sobre si la juez Cannon desecharía la petición de Trump sobre la fecha para su juicio, tomando en cuenta que la magistrada fue propuesta al cargo judicial federal precisamente por el ahora exmandatario que deberá ser procesado en Miami.
A Trump se le han imputado 38 cargos en el marco del caso sobre los documentos clasificados hallados en cajas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca.
Entre los delitos federales que le imputó Smith a Trump se encuentran varios relacionados a violaciones al Acta de Espionaje, esto en base al argumento de que el exmandatario compartió indiscriminadamente los documentos secretos con información “sensible” sobre las capacidades de Estados Unidos en materia armamentística.
Constitucionalmente aún en el caso de que Trump fuese declarado culpable de alguno de los 38 delitos que le imputan en este caso, no estaría impedido para competir por la presidencia de Estados Unidos, como candidato republicano o en la categoría de independiente.
Los otros juicios
Sobre Trump pesa también otro proceso judicial federal, el referido a su encausamiento por presuntamente incitar a la insubordinación constitucional que implicó el asalto al Congreso federal de Estados Unidos el 6 de enero de 2020.
De acuerdo a la información que se ha filtrado sobre este caso en desarrollo, el fiscal Smith estaría por lo menos acusando a Trump de obstrucción de justicia y del cumplimiento de decretos constitucionales sobre el proceso democrático.
La turba de miles de personas que atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2020 intentaba prevenir que en una sesión bicameral los legisladores federales dirigidos por el entonces vicepresidente Mike Pence ratificaran el triunfo presidencial de Joe Biden, derrotando a Trump.
El ataque al Capitolio por parte de miles de seguidores del expresidente y de grupos de ultraderecha dejó un saldo de cinco personas muertas y decenas de heridos; entre los participantes del acto de sedición, mil 69 han sido procesados y sentenciados a condenas de hasta 20 años de cárcel.
En ciernes está también la posibilidad de que en las próximas semanas Trump sea formalmente acusado por los estados de Georgia y Michigan de intentar revocar los resultados genuinos de las elecciones presidenciales de noviembre de 2019, que fueron favorables a Biden.
En Nueva York, el exmandatario se defiende de una acusación criminal, tras haber sido acusado formalmente de obstrucción a la aplicación de la justicia, por el caso referido a los pagos que hizo a Stormy Daniels, artista del cine pornográfico, para que ocultara la relación que tuvieron.
Analistas políticos y constitucionalistas debaten el caso de las denuncias federales contra Trump porque judicialmente se trata de algo inédito, las implicaciones judiciales del asunto son tantas y desconocidas que se habla de la intervención necesaria de la Suprema Corte de Justicia.
Hipotéticamente si Trump fuera declarado culpable a nivel federal en alguno de los casos y fuera enviado a prisión y pese a eso ganara la presidencia en noviembre de 2024, la duda constitucional es sobre si tendría la prerrogativa de auto indultarse.
Como se trataría del primer precedente de esta naturaleza en la historia constitucional de los Estados Unidos, este escenario sería objeto de varias demandas, apelaciones y procesos judiciales entre el expresidente y el Departamento de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tendría que intervenir y emitir un fallo al respecto si este fuera el caso.
De ganar nuevamente la presidencia, Trump tendría otra opción constitucional a su favor: que su procurador General de Justicia ordenará la anulación de los cargos.
De Apro.
