A “Juana” la asaltaron en uno de los taxis que pasa cerca de la Plaza Monarca, zona transitada y supuestamente vigilada al convivir comerciantes y familias.
Tal como en los vídeos registrados en taxis tipo combi del Estado de México, donde asaltantes se suben con pistola en mano a robar, llevándose carteras, celulares, alhajas, lo que caiga. Así ocurrió, pero en Tijuana.
La joven cuando recuerda la pistola frente a su rostro, los ojos del delincuente viéndola, la falta de respuesta de la policía y luego del ministerio público al intentar denunciar el robo, siente escalofríos y temor al verse indefensa ante este tipo de violencia.
Supongo, porque no cuento con los testimonios de las demás personas que iban en el taxi, que les asechó una mezcla de impotencia, coraje y al igual que “Juana”, miedo.
Este suceso que narro no está registrado ante las autoridades: quedará impune. Las más de tres horas sin respuesta que la víctima pasó en el ministerio público la obligaron a desestimar su denuncia. Había que trabajar, el tiempo no alcanza para trámites burocráticos lentos.
A algunos ya no les asombra escuchar historias sobre asaltos e inoperancia de las fuerzas policiacas y judiciales. No obstante esto sirve para seguir señalando dos de las problemáticas más añejas y dañinas en México: la falta de seguridad e impartición de justicia.
Estas dos últimas dan pie a que se cometan múltiples y diferentes delitos. Al mismo tiempo, también engendran la violencia silenciosa, aquella que no se persigue, no se señala, pero que lastima profundamente a la ciudadanía.
Expertos en materia de seguridad, incluso secretarios y funcionarios relacionados con el cuidado de la población, han apuntado que uno de los principales obstáculos que enfrenta la autoridad es la falta de denuncias por parte de la población que fue víctima de un delito.
La tendencia, refieren, se debe a que la población siente desconfianza a la hora de hablar con la policía y elementos de investigación.
Esa falta de colaboración no es de a gratis, es algo que el gobierno ha sabido ganarse con sus actos de corrupción.
“La misma policía les dice a los malandros quién les puso dedo”, cuántas veces no hemos escuchado eso en el barrio y con justa razón.
Los delincuentes son los más beneficiados de todo lo anterior al tener la oportunidad de seguir delinquiendo sin nadie que intente detenerlos: la violencia imperante.
Sería fácil culpar a la ciudadanía que decide no ir con las autoridades para presentar una denuncia. Es hasta cierto punto su deber.
Un deber que se ve apagado, repito, al no existir confianza de la policía municipal, estatal, jueces, incluso Guardia Nacional.
Ante este panorama que prevalece y lo peor de todo, parece acentuarse cada día más, queda la duda sobre el famoso estado de Derecho, ese que tanto le gusta mencionar a políticos durante jornadas de paz o eventos relacionados a la seguridad.
En la ciudad, el rancho, la empresa, en todos lados, la posibilidad de ser uno más de los perjudicados por la delincuencia es latente, real.
Tal vez lo más difícil de habitar en el llamado ´tercer mundo´ sea la fragilidad o complicidad de las fuerzas policiacas, judiciales e incluso ejecutivas, con los que cometen crímenes, robos, violaciones, y otros daños a la ciudadanía.
Gobiernos van, depuraciones policiales pasan, promesas de una ciudad y un país seguro se escuchan en cada campaña sin que logre materializarse.
Es obvio que las autoridades no pueden o no tienen la intención de erradicar a los delincuentes, y con ello hacen a un lado la inseguridad. Evitan verla, solucionarla.
Pero mientras ellos cierran los ojos, la violencia silenciosa, la que carcome al trabajador, a la ama de casa, a los y las estudiantes, se apropia de la ciudad, de su calma.
