Gracias al amparo 1597/2018, promovido por la asociación Alma Migrante, el abuso y detenciones a personas migrantes con estancia ilegal en Tijuana, por parte de la policía municipal y autoridades migratorias, será considerado como un delito y motivo de un proceso que deslinde responsabilidades.
Graciela Zamudio, directora de Alma Migrante, compartió en rueda de prensa que este amparo fue promovido en 2018, justo cuando estaba presente la caravana migrante, momento en el que se presentó un rechazo por parte de la sociedad y en el que el entonces alcalde Juan Manuel Gastélum, pretendiendo dar orden, dio paso a una determinación ilegal de forma pública.
Resaltó que esta orden consistió en brindar la libertad a la Policía Municipal para detener a los migrantes que se encontraban en la ciudad y entregarlos a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación, lo cual, sigue sucediendo incluso durante esta pandemia.
El amparo promovido contiene instrucciones del juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Baja California, Alex Sisman Enríquez Castro, en el sentido de que cualquier persona que sea titular de la Presidencia Municipal de Tijuana y cualquier persona que sea titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que hoy lleva el nombre de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumplan las recomendaciones.
Las instrucciones consisten en que las autoridades se aseguren que todas las detenciones sean como establece la Ley, es decir, que no haya detenciones arbitrarias y que no se entreguen personas migrantes al INM después de ser detenidos en operativos específicos, debido a que la ley no respalda ese tipo de actividades.
Otro de los aspectos es que la resolución protege el derecho de acceso a la información de toda la población en Tijuana, porque, con base en el mensaje público que realizó entonces Gastélum Buenrostro criminalizando a los migrantes, la conciencia de la población fue que si se dio esa orden de detención seguramente era legal, cuando no era realmente así.
La directora de Alma Migrante agregó que esta resolución desvela que lo que habían pensado siempre que era legal y normal, en realidad, es ilegal y atenta contra la comunidad migrante.
La resolución está actualmente vigente y protege otros derechos, pero se resaltan los tres anteriores por su importancia, para que la ciudadanía sepa también que las autoridades deben tratar en igualdad a todas las personas que fluctúan en la ciudad.
La activista también resaltó que las autoridades ya están informadas de esta resolución, pero quizá los policías que están en la calle no lo sepan y tampoco saben de las consecuencias de desacatarlas. La resolución respalda la averiguación previa en contra del servidor público que la desacate, por ejemplo.
La difusión de este amparo forma parte de la campaña #EnTijuanaLaPoliMigraEsIlegal, impulsada por el colectivo 1797-TJ que es conformado por defensores de derechos humanos de migrantes como Alma Migrante, Pueblo Sin Fronteras, Casa de Oración del Migrante, International Activist Youth, Embajada Migrante, S.O.S. Migrante, y American Friends Service Committe, con la cual también pretenden acercarse a los migrantes de calle y albergues para informarlos sobre esta resolución del amparo y sus derechos.
