Su gobierno pactó con el crimen, o si no, ¿en dónde sostiene sus acusaciones?
Fiesta de Verano
Debió sin duda ser así: En alguna de aquellas fiestas de fin de semana tras ser electo gobernador, Jaime Bonilla seguramente brindó por los acuerdos y por la paz social con los titulares de la delincuencia organizada, mediante emisarios influyentes o sujetos notablemente armados.
Imagino a Bonilla en una piscina clandestina con el agua hasta el pecho, lente oscuro y cabello blanco platinado bajo el sol arrasador de las cuatro de la tarde. Amador a su lado, nadando por ahí, inmerso hasta donde flota, pero con las manos afuera del agua sosteniendo la caja de los habanos de su jefe; y al Titi Ruíz luchando por inflar sus flotadores de aire, al fondo de la escena, todavía sin meterse a la alberca.
Si no fue de otra forma, en alguna de esas reuniones previas a ser mandatario del Estado, a tomar posesión, Jaime se encontró, quizás, en tales condiciones de secreto, con quienes imponen los acuerdos y cobran las facturas.
Debieron en los bacanales supuestos, haber volado lo mismo amenazas verbales que fajos de dinero en bolsas y maletas, nada de cheques o transacciones, puro efectivo: sólo billullo.
También, seguramente, compartieron información sobre gobiernos anteriores, actores políticos y planes a futuro. Tal vez, incluso, algún mafioso aplaudió la designación de quienes fueron titulares de la Fiscalía o de la Guardia Estatal durante el bonillismo; y en una de esas, hasta recomendaron gente insertada en la nómina que protege los intereses del crimen, para que le dieran un mejor puesto en el gobierno.
Al final de esta fiesta imaginaria, Jaime Bonilla y la delincuencia habrían acordado un emisario, un filtro, alguien que obligadamente fuera el puente entre su administración y el narcotráfico.
Y es que si una reunión así no existió en una alberca, pero tampoco en una oficina, una discoteca, el búnker de un narco, o la habitación de un casino en Estados Unidos, no se pueden explicar entonces las palabras del Senador Jaime Bonilla, y su insistencia en acusar a Marina del Pilar Ávila Olmeda de tener nexos con el crimen; y peor aún, de asegurar que posee pruebas de que el Cártel Jalisco Nueva Generación sostiene acuerdos fallidos con el actual gobierno del estado.
Una posibilidad, es que Bonilla hable desde el principio de la política que se basa en la suposición y el cálculo; y si no, entonces habla desde la experiencia de cuando fue gobernador.
“En mi gobierno jamás pasó eso”
“Es un gobierno fallido, no se puede decir otra cosa. En mi gobierno jamás pasó eso, en mi gobierno había paz social, ¿ok?”, dijo el Senador Jaime Bonilla el lunes 15 de agosto a la prensa, al salir de una audiencia en la Fiscalía de Mexicali, adonde fue a parar acusado de corrupción durante sus dos años de gobierno.
“Es inaceptable en un Estado de Derecho que existan este tipo de situaciones.” Y remató: “Esto lo único que les dice a ustedes (la prensa), es que hubo arreglos que no se cumplieron.”
Revelada en Mexicali la génesis de su rencor, y el preámbulo de lo que sería su regreso triunfal al Senado de la República, ni siquiera el equipo de Marina del Pilar supuso los movimientos del ex gobernador.
Ya para el miércoles 17 de agosto, como Jaime Bonilla tenía fuero y podía decir sandeces, se enfrascó en sacar raja política de la situación de violencia del pasado fin de semana en Baja California, en una de las tribunas más escuchadas de todo México.
Es curioso que el ex gobernador no se sumó al discurso proactivo de todos los actores políticos del estado, quienes fueron críticos con el actuar del gobierno pero reflexivos.
En cambio, su idea de incendiar el rancho haciendo uso de un espacio público para desacreditar a la gobernadora de Baja California sin pruebas, originó incertidumbre en el estado y la población que él jura representar siendo funcionario.
Las intenciones del dueño de PSN ante el Senado, coinciden casualmente con la difusión que su canal transmitió durante el viernes de los ataques, al hacer viral un mensaje falso del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tal vez al decir esto en su canal de TV y repetirlo en el Senado, y al señalar también que hubieron facturas que no se pagaron (en el actual gobierno de Marina), el dueño de PSN esté aceptando que él sí se sometió a los intereses del narco cuando fue gobernador, y que en su gobierno sí se pagaban las facturas a tiempo, lo que habría librado al bonillismo de actos de violencia como los del viernes 12 de agosto.
Los acuerdos de Jaime Bonilla
En uno de sus libros dice la antropóloga Rita Segato, que el gobierno de algún lugar siempre permite ocasos de desgobierno para nivelar las cosas. En el México violento de 2022, es lógico pensar que esta simbiosis se da entre la política y el crimen organizado.
Lo anterior quedó demostrado en Baja California, el día que siendo gobernador, Jaime Bonilla acusó, por ejemplo, a Jorge Hank Rhon –entonces candidato del PES al gobierno-, de estar detrás de las actividades ilícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación.
También quedó evidenciado cuando aseguró que el ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, sostenía en la nómina municipal a personal ligado con el crimen. Lo mismo dijo de la ex alcaldesa de Tecate, Zulema Adams; de varios mandos policíacos municipales, de políticos panistas, priistas, y de casi cualquiera que lo juzgara por sus nefastos dos años de Bonierno.
Para Jaime Bonilla, pues, denostar a otra persona o rival político, es ligar a la víctima con delincuentes, la mafia o el crimen. Este modus operandi podría ser indicativo de cómo y por qué, el Senador se comportó negativamente hacia la figura de Marina del Pilar; y viendo los ejemplos anteriores, también se puede visualizar lo que podría venir a futuro en torno a la enemistad entre Jaime Bonilla y la Gobernadora del estado.
Porque, debemos decirlo, este rompimiento entre bandas del crimen organizado que las autoridades federales suponen como motivo de la quema de vehículos, coincide con la furia del Senador y su denuncia de que Marina del Pilar sostiene pactos con criminales.
Tal vez, en la voz de la experiencia tras haber sido mandatario, Jaime Bonilla esconde que en su gobierno debió tener un grupo de la delincuencia favorito. Pero, ¿cuál? ¿Quién?
Los Arellano Félix
La obsesión de Jaime Bonilla Valdez y su canal PSN contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, tiene su origen en el clan de hermanos narcotraficantes más famoso de Latinoamérica: los Arellano Félix.
Cuando en 1989 el expresidente Carlos Salinas de Gortari decidió remover al ex gobernador de Baja California, Xicoténcatl Leyva Mortera, lo hizo por varias razones personales, pero también por un rumor muy fuerte: Edgardo, el hermano de Xico, estaba involucrado con el naciente narcotráfico en Baja California, específicamente con el Cártel Arellano Félix.
Muchos años después, Xicoténcatl Leyva regresó a la escena política para apoyar, conducir y respaldar al pupilo Jaime Bonilla durante su etapa como gobernador de Baja California.
Edgardo Leyva, el hermano incómodo de Xico ligado al CAF, murió en agosto de 2019, pero si no le hubiera dado un infarto, habría sido delegado de Caminos y Puentes Federales (Capufe), que administra la carretera de cuota Ensenada-Tijuana, ya que era el perfil que Jaime Bonilla había propuesto.
Según información de la DEA, el hijo de Edgardo y sobrino de Xico, de nombre Edgardo Leyva Alemán, era el arrendador del yate en donde fue detenido Javier Arellano Félix “El Tigrillo” en 2007, mientras navegaba de vacaciones en Baja California Sur. Y el primo de Edgardo se llama Alfonso Rafael Leyva Pérez, y actualmente permanece también activo en la política.
Coincidentemente, en la Mesa de Seguridad de Baja California, los Arellano Félix dejaron de ser una constante que revivió hasta hace dos o tres años, luego de la llegada de Jaime Bonilla Valdez al gobierno del estado en 2019.
Y si esto no es coincidencia, ¿qué pudo Jaime Bonilla haber prometido al CAF para obtener su respaldo? ¿Paso libre entre Ensenada y Tijuana para transportar la droga que llega por mar a Baja California?
¿Libertad de movimiento en el Valle de Guadalupe con permiso para ‘limpiar’ la zona? ¿Actividades ilícitas en la aduana? ¿Apropiación de la delegación Playas de Tijuana y de la zona del Bulevar 2000? ¿Operaciones encubiertas del gobierno contra el CJNG?
¿O sólo les prometió usar su canal de televisión PSN y la tribuna del Senado, para golpear políticamente a Marina del Pilar? Quién sabe.
