El Senado de México aprobó el miércoles una polémica reforma judicial que ha desatado una huelga de trabajadores judiciales, tensado las relaciones con Estados Unidos y generado desconfianza en los mercados por temores de que afectaría el clima de negocios en la segunda mayor economía de Latinoamérica.
Para que entren en vigencia, los cambios constitucionales propuestos por el mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, deben ser aprobados ahora por al menos 17 congresos estatales, la mayoría absoluta de los 32 estados del país, un requisito que cumplen el oficialista Morena y sus aliados, y luego ser publicados en la gaceta oficial.
¿QUÉ PROPONE LA REFORMA?
Uno de los puntos más criticados ha sido la columna vertebral de la reforma, que supone la elección de más de 6,500 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular. Actualmente, los ministros son electos por el Senado de una terna enviada por el presidente y los magistrados y jueces son seleccionados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Entre otras cosas, la reforma presentada por López Obrador y respaldada por la mandataria entrante, Claudia Sheinbaum, disminuirá de 11 a nueve el número de ministros del máximo tribunal, recortará sus mandatos de 15 a 12 años y abolirá el requisito de 35 años cumplidos de edad para ser ministro o magistrado.
Además, ya no será necesario contar con experiencia laboral previa para ser juez y se crea la figura de los jueces sin rostro para casos de delincuencia organizada.
Los ministros de la Suprema Corte no podrán elegir a su presidente, como hasta ahora. La presidencia la ocupará quién obtenga más votos y durará dos años, desde los cuatro actuales.
También, se creará un Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar la conducta de los juzgadores, cuyo funcionamiento ha sido criticado por especialistas, quienes aducen que sus cinco miembros tendrán un trabajo titánico para supervisar una institución de poco más de 50,000 integrantes.
Con la reforma, también se eliminan los fideicomisos judiciales, unos millonarios fondos para la jubilación y prestaciones médicas de trabajadores del Poder Judicial que ascienden a cerca de 800 millones de dólares. Sin embargo, se han garantizado las prestaciones de los trabajadores judiciales.
¿CÓMO SERÁN ELEGIDOS LOS JUECES?
En junio de 2025 se realizará una elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país.
En 2027 serán elegidos los cargos restantes.
Aunque aún no se han decidido los detalles de la votación, a fines de agosto la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó un modelo de boleta para 2025 donde cada mexicano podrá elegir a 10 jueces, 10 magistrados, nueve ministros y cinco miembros del Tribunal de Disciplina.
Cada poder -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- postulará a tres candidaturas por cargo. Para jueces y magistrados de circuito, serán propuestos dos por cargo. La elección será por circuito judicial.
Para valorar los perfiles de todos los candidatos cada uno de los tres poderes instalará un comité técnico que elegirá a 10 semifinalistas y, luego, aplicará la insaculación para ajustar las postulaciones al número máximo para cada cargo.
Críticos han advertido que el elevado número de cargos a seleccionar -hasta 39- vuelve complicada la tarea de la ciudadanía para conocer a los candidatos -unos 282-, en un proceso electoral donde estará prohibido el financiamiento público o privado de las campañas.
¿POR QUÉ EEUU Y CANADÁ HAN ALZADO SU VOZ DE PROTESTA?
Estados Unidos, el socio comercial más importante de México, ha criticado la reforma porque asegura que la elección directa de los juzgadores representa “un riesgo mayor” para el funcionamiento de la democracia en el país latinoamericano.
Su embajador en Ciudad de México compartió los temores de la oposición y la sociedad civil que aseguran que la nominación de candidatos politizaría la impartición de justicia y abriría la puerta, incluso, al crimen organizado.
Estados Unidos y Canadá, el segundo mayor socio comercial de México, aseguran que sus inversionistas están preocupados por la aprobación de la reforma y quieren estabilidad. Ambos países son el destino del 86% de las exportaciones mexicanas.
Analistas sostienen que la elección de juzgadores con menores requisitos podría poner en jaque la operación adecuada de los tribunales laborales, una de las instituciones creadas con la reforma laboral de 2019 para cumplir con la resolución expedita de conflictos obrero-patronal dentro del tratado comercial de Norteamérica, TMEC.
Además, advirtieron que la reforma judicial no se apegaría a las normas del TMEC porque afectaría el marco legal y comercial “claro, transparente y predecible”, como estipula el acuerdo. Los tres socios deben sentarse a revisar el acuerdo en 2026.
Organismos multilaterales, organizaciones empresariales y bancos de inversión sostienen que los cambios apuntan al Poder Judicial federal y no a todo el sistema de justicia, dado que no afecta a los sistemas locales, ni a las fiscalías, que llevan más del 80% de los procesos judiciales en México.
El oficialismo, por su parte, sostiene que el sistema de justicia “no está al servicio del pueblo” y “responde a intereses de la delincuencia organizada”.
¿PUEDE SER DETENIDA LA REFORMA?
