Por invadir funciones exclusivas de la Federación y violar la Constitución, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) desconoció el decreto emitido por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, mediante el cual ordenó elaborar un padrón de pescadores y autorizarles la pesca.
El pasado viernes 1 el Gobierno del estado publicó en el Diario Oficial de Baja California el decreto que Bonilla firmó el 27 de septiembre, donde instruye a la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, a que:
“…realice las acciones administrativas y legales pertinentes para que inicie el procedimiento de registro e integración de expedientes de pescadores en el estado que sean susceptibles de entregar Anuencia Estatal de Pesca Ribereña y Anuencia de Pesca en Pequeña Escala, a efecto de garantizar su derecho a la alimentación y autodeterminación”.
Pero hoy la Sader emitió un comunicado donde precisa que inició la revisión “exhaustiva” del decreto y “realizará las acciones correspondientes para hacer valer lo que establece la Constitución y las leyes en materia de pesca”, y aclara que se viola la Constitución y normas federales.
“El documento viola la Constitución y la normatividad en materia de pesca, al invadir la competencia y atribuciones reservadas al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para otorgar permisos y concesiones pesqueras”, puntualiza.
También advierte a Bonilla que “realizará las acciones correspondientes para hacer valer lo que establece la Constitución y las leyes en la materia… el gobierno de Baja California no tiene competencia para iniciar el registro e integración de expedientes de pescadores en la entidad, que sean susceptibles de entrega de anuencia estatal para pesca ribereña y en pequeña escala, pues dicha atribución corresponden exclusivamente a la Federación, por lo que no se reconocerá ningún acto de este tipo.”
Por su lado, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), pertenecientes a la Sader, destacaron que el decreto es ilegal.
El caso es similar a la licitación a la que convocó Bonilla para que se instale una planta fotovoltaica, pues, de acuerdo con la Secretaría de Energía, eso es facultad únicamente de la federación, por lo que la Comisión Reguladora de Energía no entregará el permiso a la empresa que ganó el concurso.
