Seis meses después del arranque del Plan de Apoyo a Michoacán, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un mecanismo para contribuir, entre otras cosas, a “enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia”, datos oficiales revelan que en este periodo no disminuyó la cantidad de asesinatos: por el contrario, creció más de 10% y el estado ascendió al primer lugar nacional en la clasificación de ese delito.
Aunado a esta situación, especialistas advierten que en los últimos tiempos se extendieron las áreas en las que ocurren los actos violentos, hasta cubrir casi todo el estado. Además se recrudecieron las formas de crueldad extrema con que se cometen los homicidios, con mayor frecuencia acompañados de tortura o descuartizamiento de cuerpos.
También se elevó considerablemente la incidencia de masacres, que a lo largo de 2021 sumaron 52 (una cada semana en promedio) y en el primer trimestre del presente año ya se contabilizaron 21 (una cada 4.2 días), de acuerdo con datos de la organización Causa en Común.
Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de esa asociación, considera que la actual escalada de violencia en Michoacán es resultado de la “guerra encarnizada” que sostienen en la entidad el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y varios grupos locales, entre ellos Los Viagras.
“Es una lucha –explica– que no da tregua y que al mismo tiempo mantiene a la población en medio del fuego cruzado, sobre todo en las regiones que tienen menor presencia del Estado, pero también vemos que Morelia se encuentra en una situación de violencia muy similar ya a lo que también estamos viendo en Guanajuato y Zacatecas.”
El sacerdote Gregorio López Gerónimo, conocido como Padre Goyo, lamenta “el deterioro de la sociedad y los niveles de degradación humana que se perciben en algunos sectores de la población a través de las manifestaciones de la violencia, al grado de perderle el respeto a la vida y a los derechos humanos”.
El religioso, quien encabeza en Apatzingán la asociación civil El Buen Samaritano, desde donde apoya a las víctimas, responsabiliza de la situación que se vive en la entidad a las autoridades de todos los niveles que “con sus omisiones han empoderado a los delincuentes y han dejado a la población inerme frente a los grupos criminales”.
Con una tendencia creciente en las cifras anuales de asesinatos, la administración gubernamental del perredista Silvano Aureoles Conejo ha sido el periodo de mayor crecimiento en ese delito, desde que se tiene registro oficial. Empezó con mil 371 víctimas en su primer año y, sin dejar de aumentar, casi duplicó esa cantidad al llegar al sexto, con 2 mil 667, para sumar 11 mil 460 homicidios en todo su sexenio, que concluyó el pasado 30 de septiembre.
Bajo este panorama, el 9 de octubre siguiente López Obrador estuvo en Morelia con prácticamente todo el gabinete federal para respaldar al nuevo gobernador, su compañero morenista Alfredo Ramírez Bedolla, ante quien anunció el Plan de Apoyo a Michoacán, que además de un impulso especial en el área de seguridad comprende acciones en materia de salud, educación, programas sociales, empleo, campo, turismo y cultura, entre otras.
Aunque el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, informó esa vez la incorporación de cerca de 10 mil efectivos de las fuerzas federales a ese plan, López Obrador recordó que “la política en materia de seguridad está bien definida: no es declarar la guerra, eso ya quedó atrás, porque eso, además de inhumano, resultó un rotundo fracaso, esa no es la estrategia”.
En la reunión con representantes del gobierno michoacano, el presidente ofreció garantizar la paz y la tranquilidad en Michoacán, sobre todo con los programas de bienestar, bajo el argumento de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia (Proceso 2354 y 2356).
El Padre Goyo informa a este semanario que a causa de la violencia actualmente hay 35 mil personas desplazadas de sus comunidades; la mayoría, de los municipios de Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro, Mújica y La Huacana.
El ministro religioso atendió la entrevista vía telefónica desde Washington, donde a través de su organización realiza gestiones con empleadores e instituciones humanitarias para conseguir visas de trabajo en Estados Unidos y Canadá para personas desplazadas de Michoacán.
Asimismo, preparaba un viacrucis que escenificaría el Viernes Santo en el cruce fronterizo Mesa de Otay, con familias desplazadas que se encuentran varadas en la frontera con Estados Unidos, a fin de representar los sufrimientos de las comunidades frente a la violencia del crimen organizado.
Mientras, el martes 12 el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instaló el Comité Interinstitucional de Michoacán para la Atención del Desplazamiento Forzado, con el propósito de apoyar a víctimas de violencia, pobreza y marginación.
El mandatario reconoció que “familias enteras han huido” a causa de la violencia, pero deslindó a su gobierno de responsabilidad en el asunto y acusó que “las anteriores administraciones estatales omitieron la atención al desplazamiento forzado”, por lo que “no debemos ocultar una realidad tan dolorosa, sino trabajar”.
Por su parte, Beatriz Fraga Gutiérrez, titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), explicó que entre los propósitos del comité se encuentra atender a las personas “que han sido desplazadas por la violencia en los últimos años y que son resultado del abandono histórico de diversas regiones del estado, principalmente de Tierra Caliente”.
La investigadora Nancy Angélica Canjura advierte que, en el caso de las familias desplazadas, “muchas de ellas denuncian que se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen por la amenaza de los grupos criminales de hacer un reclutamiento forzado de los jóvenes”.
Lo anterior, comenta la académica, también “revela un poder ya muy grande de estos grupos sobre las comunidades, donde los gobiernos han dejado en el desamparo total a los habitantes”.
En las actuales circunstancias, puntualiza Canjura, “estos discursos de ‘abrazos no balazos’, ‘vamos a llevarles programas sociales’ y ‘vamos a darles becas a los jóvenes’, de nada sirven si el muchacho ni siquiera tiene la opción de decidir si quiere entrar al grupo criminal o no, porque su vida está ya empeñada con esos grupos y ellos deciden a quiénes van a reclutar y de qué manera, sin que exista siquiera la posibilidad de pensar en un futuro distinto, en una oportunidad de no entrar a ese círculo de violencia”.
Con información de Proceso.
