Mexicali deberá regresar 43 millones de pesos por concepto de cobro ilegal de agua a 16 empresas, mismas que ganaron un amparo contra actos ordenados por el exgobernador Jaime Bonilla.

Al inicio de su administración, el 1 de noviembre de 2019, el exmandatario morenista anunció la regularización en los adeudos que empresas y particulares tenían por concepto de agua, para lo cual contrató a la empresa Fisamex.

Los cobros por adeudos anteriores que determinó Fisamex iban del millón a más de 40 millones de pesos, en su mayoría a empresas mexicanas y hoteles, pero también transnacionales. Los presuntos deudores eran exhibidos en la transmisión diaria que Bonilla implementó durante sus dos años de gobierno.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) promovió amparos por considerar ilegales esos cobros.

Hoy, el presidente en Mexicali de dicha agrupación, Octavio Sandoval López, anunció que de los 216 amparos solicitados ya se ganaron 16, por lo que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali deberá regresar 43 millones de pesos.

En su momento, grupos empresariales calificaron como extorsiones dichos cobros.

Por su lado, la empresa Fisamex siguió haciendo auditorías y reveló que desde hace 20 años, en algunos casos, no se pagaba el agua o había tomas clandestinas, e incluso se carecía de medidor, por lo que procedió a realizar un promedio de los adeudos, en todos los casos millonarios.

Jaime Bonilla presumió que se debían al estado más de 3 mil millones de pesos, pero en sus dos años de gobierno sólo se había logrado cobrar mil 700 millones de pesos.

El entonces gobernador presumió los cobros y día a día repetía el slogan: “en BC, todos pagan”.

Incluso el 27 de octubre, a dos días de concluir su administración, Bonilla se reunió con diputados federales de la Comisión de Recursos Hidráulicos, a quienes presumió el programa de cobro. Los legisladores dijeron que debería aplicarse en todo el país.

Hoy, Mexicali deberá regresar 43 millones de pesos, según informó el presidente local de la Coparmex, aunque no precisó qué juzgados le dieron la razón por haberse realizado el cobro “de un derecho subrogado a una entidad” diferente al gobierno, es decir Fisamex.

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