El día de María comienza a las siete de la mañana, cuando despierta a sus hijas para ir a la escuela primaria, y no termina hasta altas horas de la noche, cuando la cocina está limpia. Como muchas mujeres, María ha encontrado la maternidad más difícil desde que la pandemia de COVID-19 impulsó las clases en línea.
Pero a diferencia de la mayoría de las otras madres, María está criando a Michelle y Nicole, de once y seis años, a miles de kilómetros de distancia. Ella está en Honduras y las niñas en California.
Funcionarios fronterizos estadounidenses durante el mandato del expresidente Donald Trump separaron a María de sus hijas después de que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en 2017 para buscar asilo.
Las niñas fueron enviadas a un refugio y luego puestas bajo la custodia de su hermano mayor ya adulto, mientras que María fue deportada a Honduras.
Las niñas se cuentan entre los miles de niños separados de sus padres en la frontera suroeste de Estados Unidos bajo una política de la era Trump que acusó a los padres de delitos de inmigración, mientras que los niños fueron etiquetados como “no acompañados” y colocados en refugios.
Muchos menores de edad fueron entregados a patrocinadores, en su mayoría familiares, y cientos de padres fueron deportados sin sus hijos.
En ese entonces, Nicole todavía era amamantada y Michelle tenía ocho años. Ahora Nicole se ha convertido en una niña rebelde de segundo grado y a Michelle le vino el periodo por primera vez.
A las pocas semanas de asumir el cargo, el presidente estadounidense, Joe Biden, estableció un grupo de trabajo para reunir a los niños y sus padres o tutores separados bajo la política de Trump, calificando tales separaciones como una “tragedia humana”.
Desde entonces, el grupo ha reunido a 37 niños con sus padres, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Unos 2,100 niños aún pueden estar separados, aunque muchas de estas familias pueden haberse reunido por su cuenta, dijo el DHS.
María todavía está esperando encontrarse con sus hijas. Sus abogados aún no han solicitado formalmente su reunificación, ya que necesita reunir más documentos personales requeridos por los gobiernos de Estados Unidos y de Honduras antes de poder ir a territorio estadounidense.
El caso destaca los desafíos que enfrenta la administración Biden mientras trabaja para localizar a los padres separados. El esfuerzo de reunificación se ha visto obstaculizado por la necesidad de obtener documentos de viaje de gobiernos extranjeros y procesar la documentación migratoria estadounidense, dijo un portavoz del DHS.
Algunos grupos de defensa han presionado al gobierno de Biden para que agilice las reunificaciones familiares. Los funcionarios estadounidenses responden que están implementando un sistema y planean acelerarlo más adelante.
Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo sin fines de lucro (ASAP, por sus siglas en inglés), dijo que el grupo de trabajo ha respondido a las preocupaciones de los defensores y espera que muchos de los problemas que causan retrasos se estén solucionando.
“No queremos un proceso que requiera que un padre separado (de sus hijos) contrate a un abogado de inmigración que sea experto en este programa. No es realista recuperar a 1,000 personas”, dijo.
Michelle y Nicole ahora viven con su hermano mayor, Maynor, de 33 años, que trabaja 12 horas al día vendiendo naranjas para mantener a las niñas y a sus dos hijos.
La crianza de María, que realiza a través de su teléfono móvil, la mantiene involucrada en todos los aspectos de la vida de las niñas: desde si usar una cola de caballo o un moño en un día determinado, hasta cómo llevar la adolescencia.
“Cada rato estoy mandándoles mensajes”, dijo María en su casa, donde trabaja como costurera cerca de unas montañas donde además cosecha plátanos.
Ella solicitó usar solo su primer nombre debido a las amenazas de pandillas que dice que su familia ha enfrentado en Honduras.
María también recitó los horarios de clases de las niñas y la rutina matutina que organiza a través de WhatsApp: “Lávense la cara”, “Cepíllense los dientes”, “Báñense”, “Péinense”, “Usen limón si no tienen desodorante”.
Y la regla más importante de todas: “¡No me apaguen el teléfono!”.
LA BÚSQUEDA
María y sus dos hijas huyeron de Honduras en 2017 después de que pandilleros amenazaron a Michelle, dijo María.
Cruzaron la frontera de Estados Unidos cerca de San Luis en el estado de Arizona, ese diciembre, y se entregaron a las autoridades en un momento en que el gobierno de Trump estaba implementando lo que se convertiría en una de sus políticas más controvertidas: una ofensiva contra los cruces no autorizados que llevó a miles de separaciones familiares de migrantes.
Tras unos días detenidas, un agente fronterizo se llevó a las niñas, mientras María fue llevada en autobús a un centro de detención para adultos. Durante los tres meses que estuvo privada de su libertad, María afirmó que un abogado le dijo que su única opción era la deportación: con sus hijos o sola.
“No me dieron opción”, relató.
El grupo de trabajo de Biden ha identificado aproximadamente 3,900 niños separados de sus padres o tutores en la frontera desde julio de 2017 hasta el final del gobierno de Trump, según un informe que publicó a principios de este mes.
De los 3,900 niños, alrededor de 1,800 ya se han reunido con sus familias, según el DHS. Casi todas esos reencuentros ocurrieron antes de que Biden creara el grupo de trabajo, principalmente después de que un tribunal las ordenó en un litigio liderado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).
Muchos involucraban a padres que aún no habían sido deportados y seguían detenidos en centros de detención de inmigrantes.
Lee Gelernt, el abogado principal de la ACLU en la demanda que busca reunir a las familias, elogió el progreso del grupo de trabajo en las últimas semanas y dijo que todas las partes quieren proceder rápidamente.
Como parte del litigio de la ACLU, los abogados estadounidenses también se asociaron con defensores de toda América Central, que fueron de puerta en puerta, a menudo en vecindarios peligrosos y remotos, en busca de padres deportados sin sus hijos.
Dora Melara, una abogada hondureña que trabaja con un grupo de defensa, tuvo la tarea de encontrar a María.
Ella solo tenía un nombre incompleto de una lista proporcionada como parte de la demanda de la ACLU, por lo que le tomó tres viajes separados a una ciudad plagada de pandillas en el norte de Honduras hasta que encontró a María a principios de 2020 con la ayuda de taxistas locales, recordó.
CRIANZA POR TELÉFONO
María le enseñó a Nicole cómo escribir los números en una videollamada, después de que la niña se retrasó en matemáticas a principios de este año y se negó brevemente a asistir a sus clases en línea por la frustración.
Cuando llegó la menstruación de Michelle, le aconsejó a Maynor qué toallas sanitarias y sujetadores de entrenamiento debía comprar.
No pasa un día sin que madre e hijas no hablen, excepto cuando se corta la luz en el barrio de María y se agota la batería de su teléfono. Sin embargo, las niñas aún logran sorprender a su madre.
“¡Ya puedo nadar!”, Nicole se jactó recientemente, después de que Maynor la llevó a un río cercano, recordó María.
Consciente de que su ausencia ha cargado a Maynor con responsabilidades adicionales de crianza, María ha pasado horas al teléfono ayudando a Michelle a cocinar platos tradicionales hondureños como el pollo guisado, con la esperanza de aligerar la carga doméstica de su hijo.
Aun así, no hay reemplazo para el toque humano cuando se trata de entrenar a una niña sobre cómo convertir un puñado de masa en una tortilla de harina para obtener una baleada hondureña perfecta: una tortilla rellena con frijoles refritos, queso y crema. “Pero estamos en eso”, dijo María.
Con información de Reuters.
