Las mañaneras de Facebook del gobernador Jaime Bonilla Valdez, han servido como escenario para descalificar y exponer a grandes, medianos y pequeños comercios que no pagan o adeudan consumo de agua a la Comisión Estatal de Servicios de Públicos de Tijuana (Cespt).
Empresas como Fisamex, contratada como auditora en el sexenio de Francisco Kiko Vega de Lamadrid y ampliamente utilizada por Jaime Bonilla como medio de cobranza, lleva meses exponiendo públicamente a dueños de giros comerciales para que paguen lo atrasado.
A la par de lo anterior, sin cámaras ni transmisiones en vivo por redes sociales, los tijuanenses son presionados mediante avisos escritos que exigen pagar los consumos atrasados. En otros casos, los recibos llegan con errores de varios miles de pesos. Las filas en la Cespt para reclamar son interminables.
La situación es permitida y fomentada por el Gobierno Estatal, que el 20 de marzo de 2020 reformó dos artículos de la Ley de Comisiones Estatales de Servicios Públicos y otro más de Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en Baja California.
La reforma le da mayor poder al sector privado dentro de la Cespt, que ahora cuenta con el aval legal para ejercer medidas de coacción contra los usuarios.
En el Artículo 2 de la Ley de Comisiones Estatales de Servicios públicos, se eliminó el párrafo donde se indicaba que solamente los funcionarios estatales designados por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, podían incidir en el cobro de servicio de agua potable.
El Artículo 21 de la misma Ley, se reformó para que quien cobre los servicios pueda ejercer medidas extremas de cobro, algunas cuyo procedimiento en otros ámbitos sería incluso ilegal.
En una medida de apremio evidente, el artículo de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en Baja California que sufrió cambios fue el 96 en su fracción III, donde se redujo de tres meses a uno el plazo para que giros mercantiles e industriales cubran sus pagos atrasados, sin dejarles capacidad de acción en medio de la pandemia por Covid-19.
Una Ley Violentada
Para el doctor en derecho fiscal, Adolfo Solís, la empresa auditora encargada de hacer lecturas, cobrar y calcular el agua no contabilizada, está violando la Ley.
“Hay delitos que se están generando por parte del personal de Fisamex por adoptar el carácter de autoridad, por acusar, exhibir y dañar la imagen de empresas, por hacer un cobro con parametrizaciones falsas e indebidas y presionar a pagar a través del corte del suministro.
“En el uso doméstico, comercial e industrial no pueden cortar el agua por medidas de sanidad y salubridad y por constituir un derecho universal, pueden poner algún reductor, pero no eliminar el servicio”, pronunció.
Bonilla Valdez ha manifestado que existen tomas clandestinas y adeudos de agua por parte de diferentes empresas; de ser acusaciones verdaderas, se debe cobrar utilizando formas distintas a como se ha hecho durante este año, apuntó el litigante.
“Que sancionen usando los procedimientos, pero no usando el poder autónomo y la decisión de una persona, o la avaricia y voracidad de una empresa que por enriquecerse trata de generar cobros altos para ganar comisión”, advirtió.
Apenas el 28 de octubre pasado, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, anunció que Fisamex había auditado 2 mil 218 empresas. La recaudación ronda los mil 294 millones de pesos y Fisamex lleva el 20% de comisión, es decir, la empresa ha ganado poco más de 258 millones de pesos.
La apertura de la Ley del Agua en Baja California a terceros pone en riesgo el carácter público y los procedimientos de la Cespt, refirió Iván Martínez Zazueta, académico y activista de grupos de defensa del agua en Baja California.
“Si bien la Cespt no se ha pasado a la iniciativa privada, la Ley en la actualidad permite que varios de los servicios que debería prestar la paraestatal se subcontraten a empresas privadas. Las auditorias son una de las formas en que se entrega al sector privado este tipo de actividades, cuestiones que yo veo problemáticas”, dijo.
En administraciones estatales anteriores no se había presentando una presión mediática tan intensa en contra de empresas para pagar el consumo de agua, situación que en este gobierno ha sido constante en las transmisiones de Jaime Bonilla.
Entre tandeos y recibos locos
Los tijuanenses han tenido que lidiar con recibos locos o inflados, los cuales marcan cobros muy por arriba de lo que consumen de manera regular en sus hogares. Incluso cuando les tocan tandeos inexplicables de cinco días o se les va el suministro por reparaciones en las tuberías.
Y es que el procedimiento de la Cespt para calcular -cuando no es posible hacer una lectura- es en base a consumos mínimos y máximos. Esto ha originado dificultades como la que vivió Carolina Véliz, del fraccionamiento Urbi Quinta del Cedro, quien además de los tandeos y dos semanas de agosto sin agua, obtuvo un recibo por 18 mil pesos.
Acostumbrada a pagar alrededor de 400 pesos al mes, Carolina interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con lo que se inició un proceso que hasta el momento sigue sin resolverse.
“Me hicieron pagar un plomero certificado porque decían que yo tenía fuga, pero no tengo. No me contestan en la Cespt, hablo y eternamente suena, y cuando logro que me contesten me dicen que va a venir una persona a revisar mi medidor y nunca viene”.
Ante las dificultades que ha vivido con los tandeos y en especial con el recibo loco que la Cespt le pide pagar, Carolina ha perdido confianza.
“Mucha molestia, impotencia, cero credibilidad en la institución, en los funcionarios. La verdad no creo que me vayan a resolver. Es injusto que nos hagan esto, después que nos quedamos sin agua muy frecuentemente, todavía llegan cargos excesivos”, consideró.
En entrevista con Glocal Media, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Sergio Rosete, justificó la problemática.
“Puede haber algunos recibos que no reflejen la realidad. La realidad debe ser en base a una medición. Ahorita ya resolvimos el problema más o menos un 60%. Esperamos que para diciembre, el 100% de las lecturas de la ciudad sean en base a una lectura directa, tomada en domicilio”, declaró.
El director relacionó que la infraestructura de la Comisión lleva tiempo desactualizada y que se cuenta con el mismo número de personal desde hace ocho años, aunado a esto han crecido en un 30% las cuentas de servicio.
Los tandeos iniciaron en noviembre de 2019, durando cerca de dos meses con cortes de agua que llegaban a extenderse hasta por 36 horas en decenas de colonias de Tijuana. En julio de 2020, las suspensiones del servicio de la Cespt se volvieron a retomar.
“Probablemente (los tandeos) sigan por un corto plazo, en los próximos días se anunciará el programa que sería en beneficio a la ciudadanía, y estamos buscando que cuando haya racionamiento sea sólo en condiciones extremas”.
Y es que los cortes de agua y los recibos con elevados cobros llegaron en una pandemia que a casi ocho meses de iniciada no encuentra fin, dejando desempleo, gastos extras y por supuesto el temor a contagiarse del virus.
Pese al complicado escenario, el Gobierno del Estado ha preferido adoptar una política del agua sustentada en el desabasto y la presión para pagar, dejando a miles de ciudadanos endeudados y a la deriva del contagio del Covid-19.
El camino de la privatización del agua pública
La figura de Fisamex como encargado de calcular el consumo de agua, así como de realizar los cobros de ésta, muestran la apertura del Gobierno al sector privado.
En esta línea, uno de los intentos más notorios del Estado para avanzar en la privatización del agua pública fue el que planteó el exgobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, quien en diciembre de 2016 presentó una iniciativa de Ley del Agua que perjudicada a los ciudadanos bajo el argumentado de afrontar una sequía.
“Esa Ley sí permitía el corte después de 90 días sin pago, liberaba las tarifas y permitía que se privatizara el sistema de suministro y de casi todo el manejo del agua”, explicó el académico Iván Martínez Zazueta.
En aquella Ley se hacía énfasis en las Asociaciones Público Privadas (APP), con lo que empresas tendrían participación directa en obras públicas, en especial en la construcción de plantas desaladoras que pudieran contribuir a superar la falta de agua.
En el documento aprobado por la mayoría de diputados panistas se estipulaba un incremento del 20% en las tarifas del agua a partir de 2017, cobros que aumentarían cada año sin la necesidad de ser avalados por el Congreso del Estado.
Con el aumento de precio al metro cúbico contemplado por Vega de Lamadrid, se elevaba su costo casi al doble en el primer año de aplicación, mudando de 59.10 pesos a 99.50 pesos.
La desaprobación social por la nueva Ley se mostró como pocas veces se había visto en Baja California, al generar que miles de personas comenzaran a movilizarse por las avenidas y bulevares de la entidad con la única intención de echar para atrás este intento de privatizar y endurecer la Ley del Agua.
Debido a marchas y manifestaciones, dos días después el gobernador ‘Kiko’ Vega anuncia que va a abrogar la Ley del Agua. La realidad es que la tendencia de pasar al sector privado los servicios públicos como el suministro del agua y todo lo que conlleva esto, no ha dejado buenos resultados en otros países como Francia, donde se inició con el proceso y recientemente se ha estado revirtiendo.
“Se están remunicipalizando ese tipo de servicios en París, por ejemplo, porque se dieron cuenta que el esquema de privatización tenía muchas deficiencias, muchos problemas y generaba conflicto social, lo que nos sirve de base para decir que no es positiva la privatización, la entrega al capital privado de este tipo de servicios”, concluyó.
