WASHINGTON (apro) .- Por 56 votos a favor y 44 en contra, la Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos aprobó la constitucionalidad del segundo juicio político a Donald Trump, ahora como expresidente, acusado del delito de “incitación a la insurrección”.
En la votación, seis legisladores del partido republicano se unieron a los 50 demócratas para considerar válido constitucionalmente el proceso judicial que iniciará formalmente este jueves 10 al medio día (hora local).
Al arranque del segundo proceso judicial contra Trump en el Capitolio, la mayoría de los 100 senadores lo avaló, luego de poco más de cuatro horas de argumentos a favor y en contra de los méritos constitucionales de la imputación al exmandatario.
“Este proceso está sustentado en las evidencias, y las evidencias son el discurso del expresidente Trump, que fue una invitación a la peor pesadilla”, declaró Jamie Raskin, representante federal por el estado de Maryland, quien encabeza el grupo de nueve legisladores en el papel de fiscales
Ante el pleno del Senado que presidio Patrick Leahy, senador demócrata por el estado de Vermont, se llevó a cabo la primera fase del segundo juicio político contra el magnate, acusado formalmente de haber incitado y motivado el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.
Raskin, para sustentar el caso, presentó fragmentos de lo ocurrido el 6 de enero pasado, cuando en sesión bicameral el Congreso federal legislaba para ratificar a Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2019, en reemplazo de Trump.
“No pueden votar a favor del fraude (electoral), espero tengan el coraje de hacer lo que deban hacer, debemos luchar como el diablo, y si no lo hacemos ya no tendremos país”, se escucha a Trump –el pasado 6 de enero– en el fragmento del video presentado por el equipo de fiscales.
Ante los 100 senadores se repitieron por varios minutos las imágenes del asalto al Capitolio, en el que miles de fanáticos y seguidores del expresidente vandalizaron las oficinas legislativas y en el pleno del Senado ocuparon la silla en la que presidia el entonces vicepresidente Mike Pence.
Raskin recordó a los senadores, quienes serán el jurado en el juicio, que el asalto al Capitolio ocurrió dos horas después de que el entonces presidente de Estados Unidos incitó a la turba de seguidores a detener el proceso constitucional para reconocer la victoria de Biden.
Cinco personas murieron y 140 oficiales de policía legislativa resultaron heridos como consecuencia del enfrentamiento violento con los fanáticos y seguidores de Trump, que a gritos prometían hacer todo lo posible por rechazar el triunfo de Biden.
“El 13 de enero Trump, siendo presidente, fue acusado oficialmente. Lo que hizo el 6 de enero es un gran crimen, incitó a una insurrección violenta… este es un proceso constitucional para combatir a la corrupción y cumplir con la rendición de cuentas”, subrayó Raskin.
El segundo juicio político contra el magnate, a diferencia del primero, aunque de igual manera busca declararlo culpable del delito que se le imputa, técnicamente no tiene consecuencias porque la constitución establece como castigo, si es declarado culpable, la remoción del puesto.
Para declarar culpable a Trump del cargo de incitación a la insurrección se requieren como mínimo 67 de los 100 votos del Senado, algo que los demócratas podrían estar lejos de alcanzar, tomando en cuenta que el brazo legislativo está dividido con los republicanos en 50/50.
No obstante, Raskin dejó establecido que como segunda opción para castigar a Trump, si sale exonerado del cargo que le achacan, se invocará a la enmienda constitucional número 14 para inhabilitar de por vida al acusado de participar en procesos electorales y políticos.
Para vetar a Trump de volver a participar como candidato en una elección presidencial o federal y de dirigir un proceso o partido político, como lo establece la enmienda 14, se requiere la mayoría mínima de votos, es decir, 51 sufragios de los 100 que integran al Senado.
La inhabilitación de por vida de Trump, en el ámbito electoral y político, se da como un hecho consumado al final del juicio, ya que aun cuando una votación terminara 50-50, la vicepresidenta Kamala Harris, como presidenta del Senado, tendría el derecho a votar y romper el impase.
“Con este proceso se abren nuevas heridas por acciones partidistas para eliminar a Donald Trump del escenario político de Estados Unidos, cuando 75 millones de votantes lo apoyaron”, denunció David Schoen, abogado del exmandatario al iniciar su argumento de defensa.
Junto con Bruce Castor, el otro defensor del expresidente, Schoen expresó que el proceso es inconstitucional porque su cliente ya no es presidente y, por lo tanto, el castigo es fútil en caso de ser declarado culpable, ya que desde el 20 de enero su defendido no es mandatario.
“Esto no es sobre Donald Trump, es sobre la constitución y abuso del poder constitucional por intereses políticos, es una afrenta a la democracia para impedir que Trump compita y para negarle el derecho a los votantes a elegir”, insistió infructuosamente Schoen.
Con la aprobación a la constitucionalidad del proceso judicial en el Capitolio, la segunda fase del juicio arranca este jueves 11 con la asignación de 16 horas a la defensa y a los fiscales para presentar ante los 100 senadores sus argumentos para incriminar o exonerar a Trump.
Una vez definidos los argumentos de los fiscales y los abogados defensores, el Senado debe decidir si exige la presencia de testigos de ambas partes, proceso que puede alargarse otras 24 horas antes de que el fallo se emita, a mediados de la próxima semana.
Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que es enjuiciado por el Congreso federal de su país y el primero en ser procesado en dos ocasiones. Su primer juicio como titular del poder ejecutivo fue a finales 2019, y éste último cuando ya no ejerce el puesto.
El primer expresidente en ser enjuiciado en el Capitolio fue Andrew Johnson, en 1868, y el segundo Bill Clinton, en 1998.
Todos los juicios a los presidentes, incluido Trump en su primer proceso judicial en el Congreso, fueron exonerados de los cargos que les achacaron por violar la constitución y abusar del poder ejecutivo.
