El juez Dennis Saylor, de la Corte Federal de Massachusetts, ordenó que el gobierno de México tiene hasta el día 23 de enero de 2022, para responder a las 11 empresas estadunidenses fabricantes de armas.
Además, fijó el día 27 de ese mismo mes para celebrar la audiencia sobre la petición de desechar el caso.
La orden del juez Saylor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador implica que el próximo 23 de enero deberá presentar sus argumentos en contra de la solicitud de los 11 fabricantes de armas estadunidenses demandados, para rechazar la anulación de la demanda.
México demando en Massachusetts a los armeros, implicándolos directamente en el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia el sur y responsabilizándolos indirectamente de la violencia criminal y asesinato de miles mexicanos.
Este lunes 22 de noviembre, los 11 fabricantes de armas demandados por el gobierno mexicano, presentaron una moción ante la Corte Federal exigiendo desechar la querella.
Los fabricantes de armas argumentaron que para la fabricación y venta de armas y municiones, ellos cumplen con todas las leyes locales, estatales y federales que regulan este comercio, por lo que no tienen ninguna responsabilidad en el mercado negro de los armamentos.
Aunado a este argumento, las 11 empresas demandadas explicaron al juez que no tienen responsabilidad cuando una persona que compra armas en los dispendios, y que no dependen de ellos que las trafique ilegalmente a México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, en reacción a la petición de los 11 fabricantes de armas, había informado que respondería a la Corte hasta el 31 de enero del próximo año, pero deberá contrarrestar el argumento ocho días antes de lo que proponía.
Saylor deberá determinar si acepta o rechaza la petición de los 11 fabricantes de armas el 27 de enero de 2022 de desechar el caso, o si avala el argumento del gobierno, lo que implicaría el procedimiento de un juicio para jurídicamente resolver la querella.
En el caso de que la Corte aceptara la propuesta de los 11 fabricantes de armas, expertos en materia judicial y en demandas civiles como la interpuesta por el gobierno de México, pronostican que los demandados por daños y perjuicios contrademandarían al gobierno de López Obrador
