Más de 40 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), del área de Delitos Patrimoniales, arribaron esta tarde a un predio ubicado en la colonia Planetario de esta ciudad a fin de ejecutar una orden para ocuparlo, tras una denuncia de despojo que no presentaron ante los abogados del terreno para validar su legal proceder.
Cerca de 20 unidades de la FGE cercaron el perímetro del terreno ubicado sobre la Avenida Plutón, de la colonia mencionada, el cual tiene una extensión de 3.3 hectáreas, y cuya dueña tiene la legal posesión desde 1961.
La apoderada legal del predio, Virginia Anaya Vidales, explicó que los agentes estatales no se identificaron, tumbaron parte de la cerca y no mostraron el expediente completo.
“Les pedimos la orden y el mapa donde se precisa que este es el predio que deben intervenir, y no lo hicieron. No traen la información completa y así quisieron ingresar al terreno del cual nosotros defendemos la legal propiedad”, explicó.
El Ministerio Público de Delitos Patrimoniales, quien no se identificó por completo, quiso apropiarse del predio con la ayuda de los agentes de la Fiscalía del Estado.
Finalmente, el Ministerio Público quien dijo llamarse Héctor Alfonso, sin mostrar placa o el expediente 0204-2021-20954 que traía en un fólder, apercibió a los abogados defensores para que ellos mismos salieran del predio por voluntad, dándoles hasta ‘5 minutos’.
El equipo de abogados encabezado por Anaya Vidales mostró al funcionario estatal todos los documentos que brindan poder legal sobre el predio y que imposibilitan la entrada de cualquier persona no autorizada.
Tras 45 minutos de espera, el Ministerio Público Héctor Alfonso decidió retirarse, pero dejó 10 unidades de la FGE y a unos 18 elementos apostados en la zona.
El terreno en cuestión está ubicado en la colonia Planetario, entre el bulevar Cuauhtémoc Sur, Jardines de Chapultepec y Hacienda de Agua Caliente.
Los abogados defensores del predio presentaron un amparo radicado este mismo día ante el Juzgado de Distrito, el cual protege al predio de cualquier acción del Gobierno del Estado por considerarla cuando menos irregular, en tanto la autoridad no presente un expediente que sustente su actividad judicial.
