MÉRIDA, Yuc. 5 de noviembre (apro).- La asociación civil Indignación exigió al gobernador Mauricio Vila Dosal frenar la presunta tortura policiaca en la entidad, y pidió al Congreso local que cite al mandatario; al fiscal general, Wilbert Cetina, y al secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, por la muerte de personas detenidas y bajo custodia policial.
Abocada en la defensa de los derechos humanos, la agrupación tronó nuevamente tras el fallecimiento por presunta tortura de un joven que la policía estatal detuvo el pasado martes 3, por posesión de dos dosis de droga, en un retén carretero instalado en el municipio de Progreso.
Se trata del cuarto caso reportado en lo que va del año, aunque ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró que los policías implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.
Al respecto, Indignación expuso: “toda muerte bajo custodia policíaca implica responsabilidad del Estado”, y de nueva cuenta exigió a las autoridades estatales “erradicar la tortura, crear un protocolo y mecanismos para detectarla, investigarla y sancionarla”, un reclamo que –subrayó– el gobernador Mauricio Vila Dosal “ha ignorado”.
Y sostuvo que el curso de las denuncias presentadas en todos los casos anteriores fue “sistemáticamente bloqueado” por la Fiscalía General del estado y la extinta Procuraduría.
“La grave crisis en materia de derechos humanos que enfrenta Yucatán tiene una de sus expresiones más visibles y dolorosas en la persistencia de la tortura, así como en la tolerancia, silencio o encubrimiento hacia ese crimen”, denunció.
Y recalcó: “son inaceptables las muertes ocurridas bajo custodia policial en el estado y el silencio y las omisiones que han seguido a ellas”.
Indignación precisó que el fallecimiento de una persona que se encuentra bajo custodia policial implica responsabilidad del Estado y por tanto debe seguirse un protocolo para descartar tortura y fincar responsabilidades.
“El Estado es responsable de la vida, salud y seguridad de quienes se encuentran detenidos, pero a pesar del número de personas fallecidas en cárceles en Yucatán o en el traslado después de una detención, y de los reiterados llamados a la Secretaría de Gobierno, no se ha establecido este protocolo en Yucatán y todos los casos están impunes”, acusó.
“De hecho, el mecanismo que se activa ante el fallecimiento de una persona que se encuentra bajo custodia policial es el encubrimiento, y la única respuesta ha sido el silencio”.
También expuso que las autoridades yucatecas e incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) han contribuido a “la impunidad y a la ‘normalización’ de crímenes inaceptables”, así como a la “persistencia de ominosas prácticas como las detenciones violentas, arbitrarias y los tratos crueles, e incluso es imposible no considerarlo tortura”.
Denunció que casos como los de Gaspar Sulub, Ronaldo Richmond y José Santiago Medina Naal, fallecidos este año en cuestionadas circunstancias, después de haber sido detenidos por la policía, “exhiben el horror, la impunidad y el silencio”.
Añadió: “El Congreso del estado tiene la facultad de crear comisiones y de citar a comparecer a autoridades ante situaciones que así lo requieran. El fracaso de quienes tienen la obligación de investigar y sancionar les obliga a actuar.
“La posible tortura, y ciertamente las muertes de personas bajo custodia policial, así como la impunidad que ha seguido a ellas, obligan al Congreso a citar al fiscal, al secretario de Seguridad Pública y también al gobernador de Yucatán, que ha sido incapaz de enfrentar este flagelo y realizar las acciones necesarias para detectar, investigar y erradicar la tortura en el estado”.
De igual manera, criticó el tortuguismo y la postura tibia y parcial que en torno a este tipo de situaciones de tortura y abuso policiaco ha asumido la Codhey.
“Lamentablemente, de la Comisión de Derechos Humanos se puede esperar, dentro de varios meses, seguramente más de 18, una tibia recomendación en la que no figurará la palabra tortura y que no irá más allá de sugerir capacitaciones inútiles a los policías”.
Finalmente, insistió en que esas capacitaciones son además “inútiles si no van acompañadas de los mecanismos necesarios para detectar, investigar y sancionar para erradicar la violencia”.
