A los talibanes sólo les tomó cuatro meses y medio derrotar al ejército nacional afgano, adiestrado y armado por Estados Unidos a lo largo de dos décadas. Y el pasado domingo 15 entraron triunfalmente a la capital, Kabul.
Su victoria relámpago, que es también la del fundamentalismo islámico sobre la mayor potencia occidental, causó una onda de choque mundial y agudizó en particular la preocupación de los países fronterizos de Afganistán, pero también de Turquía, Rusia, India y Europa.
No es para menos.
Rodeado por China al noreste, Pakistán en el sureste, Irán al oeste y las repúblicas centroasiáticas de Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte; pequeño país montañoso de 646 mil kilómetros cuadrados y 37 millones de habitantes, Afganistán es considerado el “plexo solar” de la región, una metáfora casi poética para subrayar su importancia geopolítica entre Oriente y Occidente, entre Medio Oriente y Asia.
Sin esperar la caída del régimen presidido por Ashraf Ghani, que huyó a los Emiratos Árabes la mañana del domingo 15, China optó por oficializar los contactos que sostiene desde hace décadas con los talibanes, al acoger los pasados 27 y 28 de julio a una delegación de 15 cuadros del movimiento encabezados por el mulá Abdul Ghani Baradar, cofundador –junto con el mulá Omar– del movimiento de los “estudiantes religiosos”, traducción literal de la palabra pastún talibán.
A pesar de sus ideologías diametralmente opuestas, los dirigentes chinos y los talibanes llevan contactos políticos pragmáticos desde hace años. Sus relaciones empezaron durante la lucha de los muyahidines contra la Unión Soviética, con la que China llevaba pésimas relaciones en los ochenta, después de 11 años de ruptura total (1965-1976).
Los contactos siguieron durante los 20 años de ocupación militar de Afganistán por Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN, a lo largo de los cuales emisarios chinos viajaron discretamente a Pakistán para hablar con líderes talibanes refugiados en las zonas pastunes de ese país.
Ghani Baradar –quien combatió contra los soviéticos entre 1979 y 1989– pertenece a la cúpula del movimiento y dirigió su representación política en la capital catarí, en la que a partir de 2018 negoció con emisarios de Washington la salida de las tropas estadunidenses y de la OTAN, sellada por el Acuerdo de Doha, firmado en febrero de 2020.
Por razones diplomáticas el encuentro se dio en la ciudad de Tianjín, a 100 kilómetros de Beijing, y fue Wang Yi, canciller chino y miembro del buró político del Partido Comunista, quien llevó el diálogo en nombre del presidente Xi Jinping. Sin embargo las autoridades chinas subrayaron la importancia de esa reunión –que tuvo lugar el mes pasado– al publicar fotos oficiales de Wang Ji rodeado por sus numerosos interlocutores que vestían sus tradicionales salwar kameez, las largas túnicas afganas.
Consolidar lazos políticos con el Emirato Islámico de Afganistán –que se aprestan a proclamar de nuevo los talibanes– es de suma importancia para China.
La frontera entre los dos países se ubica a 3 mil metros de altura, tiene sólo 76 kilómetros y es una estrecha franja –el llamado corredor de Waján– por el que transitan los combatientes islámicos separatistas uigures de la región musulmana china de Xinjiang.
Según informes de servicios de inteligencia chinos y occidentales, un gran número de uigures –nadie precisa cifras– combatieron en las filas del Estado Islámico (EI) en Siria antes de replegarse hacia Afganistán.
Aun si no filtró la mínima información sobre las pláticas de Tianjín, es evidente que Beijing exigió de Baradar Ghani que los talibanes no intervinieran en Xinjiang. Según denuncias de la ONU y de numerosas ONG internacionales, alrededor de 1 millón de uigures estarían recluidos en “campos de reeducación”, en los que se les obliga a renunciar a su religión con cruentos métodos psicológicos, torturas y trabajos forzados.
Los talibanes saben muy bien que la cuestión de los uigures es la línea roja impuesta por Beijing. Prueba de ello es que al finalizar el encuentro de Tianjín, Mohamed Naeem, vocero del grupo presente en China, aseguró que “el suelo afgano no serviría para atentar contra la seguridad de país alguno”.
Afganistán también le interesa a Beijing por razones económicas. De ser “pacificado”, el país podría ser integrado a la “nueva ruta de la seda”, el ambicioso proyecto comercial de Xi Jinping que permitirá enlazar China con Europa por vías marítimas y terrestres, pasando por Asia Central, Rusia y Bielorrusia antes de alcanzar Polonia y el resto de la Unión Europea (UE).
En 2007 Beijing invirtió cerca de 5 mil millones de euros para explotar el yacimiento de cobre de Mes Aynak, al sur de Kabul, pero hasta la fecha la caótica situación afgana no le permitió rentabilizar esa inversión. La Corporación Metalúrgica de China, que firmó ese contrato durante la administración del presidente Hamid Karzai, espera que sea respetado por los talibanes.
Pese a no tener frontera con Afganistán, Rusia se siente directamente afectada por el próximo renacimiento del Emirato Islámico de Afganistán. Moscú teme la reaparición de un santuario yihadista que desestabilizará a Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán –fronterizos con Afganistán–, pero también a Kazajistán y Kirguistán. El Kremlin tiene relaciones estrechas con todas estas repúblicas de Asia Central –exintegrantes de la Unión Soviética– que considera como su “zona de influencia”.
Según el centro de investigación International Crisis Group, entre 2 mil y 4 mil muyahidines de Asia Central se enlistaron en Irak y Siria en el seno del ejército del Estado Islámico, donde destacaron como combatientes aguerridos.
En 2015 parte de esos yihadistas llegaron a Afganistán para crear, junto con disidentes talibanes, el Estado Islámico de Jorasán (EIJ), nombre histórico de los territorios antaño ubicados en el confín oriental de Persia. Este movimiento perpetró en los últimos años atentados particularmente sangrientos, obstaculizando a menudo la estrategia del alto mando talibán.
Su meta es llevar la yihad a toda Asia Central, donde ya tienen “células durmientes”. Al igual que el Estado Islámico (EI), que sigue operando en la región de Idlib, en Siria, el EIJ tiene a Rusia en la mira por su apoyo a Bashar al-Ásad, presidente sirio.
El Kremlin teme que terroristas del EI y del EIJ se infiltren entre los miles de migrantes de Asia Central, en particular los tayikos y uzbekos, que trabajan en Moscú, San Petersburgo y otras grandes ciudades rusas, en la construcción, en los servicios municipales de limpieza o como taxistas.
Un éxodo masivo de afganos, similar al del millón de sirios que llegó a Europa en 2015, es otro tema que causa temor en toda la UE.
Aterrados por la experiencia vivida entre 1996 y 2001 bajo el yugo talibán, decenas de miles de afganos –y sobre todo afganas– buscan por cualquier medio huir del país, pues no creen en absoluto en las declaraciones de los voceros de los nuevos amos de Afganistán. Estos proclamaron el pasado martes 17 que las mujeres podrán trabajar, estudiar e implicarse en la vida diaria de la nación, “siempre y cuando vivan según los principios de la sharia (la ley islámica)”.
Los dirigentes de la UE multiplican reuniones de emergencia y buscan la manera de limitar al máximo la llegada de refugiados a Europa.
El pasado lunes 16, en su alocución solemne a los franceses sobre la crisis afgana, el presidente Emmanuel Macron resumió fríamente la situación: “Europa no puede por sí sola asumir las consecuencias de la situación actual. Debemos anticipar y protegernos contra flujos migratorios irregulares importantes”.
El objetivo de la UE es hacer con los afganos lo que ya hace con los sirios y demás migrantes: subcontratar a terceros países para asumir “esa carga migratoria”.
Pero no va a ser fácil. Turquía, que lleva años albergando en condiciones más que precarias a 4 millones de refugiados en su amplia mayoría sirios (3.6 millones), a cambio de “subsidios financieros” europeos que alcanzan hasta la fecha 6 mil millones de dólares, se muestra reacia a acoger a afganos.
El movimiento talibán nació en gran parte en las madrasas de la zona pastún de Pakistán, que colinda con la de Afganistán. Cabe recordar que el territorio pastún fue dividido por la Línea Durand, frontera arbitraria dibujada en 1893 también por el imperio británico.
Las madrasas son escuelas coránicas en su amplia mayoría financiadas por Arabia Saudita, en las que se enseña un islam sunita radical, oscurantista y belicista. Fue en ellas donde se radicalizaron los muyahidines talibanes, mientras que la dirección y los cuadros del movimiento se forjaron en la guerra contra la Unión Soviética.
A lo largo de las tres últimas décadas el papel de Pakistán en Afganistán ha sido clave: apoyó al movimiento talibán en su conquista del poder entre 1994 y 1996; fue uno de los tres únicos países que reconocieron al Emirato Islámico de Afganistán –los otros dos fueron Arabia Saudita y los Emiratos Árabes– y el último en romper oficialmente relaciones diplomáticas con ellos; acogió a los muyahidines derrotados en 2001, albergó y protegió a la dirección del movimiento e intervino, aunque lo niega, en su reconquista del poder al tiempo que hábilmente mantuvo relaciones con Estados Unidos.
Existen sin embargo frecuentes y fuertes tensiones entre Pakistán y los talibanes.
En 2010 el ISI no vaciló en detener a Ashraf Ghani Baradar, uno de los líderes históricos del movimiento, para complacer a Barack Obama y a la CIA.
Y fue de nuevo bajo presión de Estados Unidos, esta vez de Donald Trump, que Baradar fue liberado en 2018.
El alto mando talibán salió de la cárcel pakistana para instalarse en Catar, donde encabezó –el mismo 2018– las negociaciones con emisarios estadunidenses, que desembocaron en los Acuerdos de Doha –firmados en febrero de 2020– y sellaron la derrota militar del que se supone es el ejército más poderoso del mundo.
Con información de Proceso.
