CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Tres testigos clave para acreditar que la aprobación de la reforma energética fue producto de una asociación delictuosa en que “todos delinquieron”, se resisten a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) o no han sido localizados para que rindan su declaración ministerial.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Proceso, dos de esos testigos fueron ofrecidos por el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, para reforzar o comprobar la teoría del caso que sostiene la FGR en el sentido de que el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray dispusieron de 84 millones de pesos para sobornar a legisladores del PRI y el PAN que votaron a favor de la reforma energética y sus leyes secundarias.
Se trata de Francisco Olascoaga y Rodrigo Arteaga, quienes fueron colaboradores de Lozoya y funcionarios de Pemex. Ellos promovieron juicios de amparo contra cualquier mandamiento judicial solicitado por la FGR. Además, no fueron localizados por esta dependencia en los domicilios, teléfonos celulares y correos electrónicos que fueron aportados por Lozoya mediante diversos datos de prueba.
El tercer testigo “rebelde” es Guillermo Gutiérrez Badillo, exsecretario particular del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, cuya estrategia de defensa se mantiene en el más absoluto sigilo. Su declaración ministerial sigue pendiente, a pesar de que junto a Rafael Caraveo Opengo es uno de los exfuncionarios vinculados al PAN que fueron grabados mientras recibían dos maletas repletas de dinero en efectivo en una oficina alterna de Pemex.
En contraste con los anteriores, cuatro testigos han colaborado con la FGR a cambio de beneficios procesales. Uno es el propio Rafael Caraveo, exsecretario Técnico de la Comisión de Administración del Senado y mano derecha del exsenador del PAN José Luis Lavalle.
Los otros tres fueron funcionarios de Pemex y colaboradores de Lozoya: Froylán García García, como su coordinador ejecutivo en la Dirección General; Norberto Gallardo Vargas, como jefe de escoltas, y Miguel Pérez Esquivel, su chofer.
De acuerdo con fuentes consultadas por Proceso, el exjefe del Departamento Administrativo de Pemex, Francisco Olascoaga Rodríguez, se resiste a declarar en la causa penal para imputar el delito de cohecho y asociación delictuosa a Enrique Peña y a Luis Videgaray.
El testimonio de Olascoaga todavía no obra en la carpeta de investigación. Además, su defensa presentó el pasado 22 de septiembre un juicio de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o mandamiento judicial que la FGR o un juez federal pueda girar en su contra.
Olascoaga Rodríguez fue una de las personas de mayor confianza de Lozoya, según sus propias palabras, y participó de manera directa en las entregas de presuntos sobornos que Pemex dio a legisladores del PAN y del PRI para la aprobación de la reforma energética.
Incluso, Lozoya declaró que Olascoaga fue quien grabó a Rafael Caraveo recibiendo dos maletas con efectivo en las oficinas de Pemex que funcionaron en Montes Urales 425, colonia Lomas de Chapultepec.
El otro funcionario designado por Lozoya para la entrega de los sobornos fue su jefe de ayudantes, José Velasco Herrera, quien falleció en 2014 de un infarto cardíaco, producto de las presiones a las que se vio sometido por su participación en este esquema delictivo, según la declaración ministerial del chofer.
Otro de los testigos que tampoco ha comparecido es el exsecretario particular de Emilio Lozoya, Rodrigo Arteaga Santoyo, quien también ha promovido juicios de amparo en contra de cualquier mandamiento judicial que lo afecte.
Arteaga es quien presuntamente resguarda los “recibos” de las entregas de dinero que Luis Videgaray le ordenó a Lozoya para sobornar a legisladores panistas y priistas que participaron en la aprobación de la reforma energética.
Tampoco ha rendido declaración Guillermo Gutiérrez Badillo, el exsecretario particular del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
De acuerdo con una declaración que Lozoya rindió el pasado 8 de octubre, para aprobar la reforma energética se entregaron 84 millones de pesos a legisladores del PAN y del PRI. Esos recursos se triangularon desde empresas fachada de Odebrecht a Tochos Holding, compañía que él mismo fundó y cuyas acciones después transfirió a la empresaria contratista de Pemex Fabiola Tapia Vargas, fallecida en 2014.
Fuentes consultadas por Proceso señalaron que a pesar del compromiso hecho por Lozoya para que Olascoaga colabore con la FGR, el exfuncionario de Pemex no ha aceptado ser testigo.
El exfuncionario es el único que tendría en sus manos el video completo de la entrega de los presuntos sobornos enviados por la dirección de Pemex a legisladores del PAN, dinero que fue recibido por Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez, como se aprecia en la grabación.
Por esa razón, su testimonio no fue incluido en la orden de aprehensión que la FGR solicitó a un Juez de Control contra Luis Videgaray, aun cuando su versión podría ser fundamental para acreditar el presunto cohecho a quienes en ese tiempo eran legisladores del PAN.
