La CFE ha estado comprando carbón de nuevas minas que aún no han sido visitadas por inspectores laborales, según un análisis de Reuters de contratos de ese combustible y registros de inspecciones, incluido un yacimiento donde murieron 10 trabajadores en un accidente en agosto.
La ley no exige inspecciones laborales previas para minas que abastecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero el siniestro en la mina El Pinabete destaca los peligros que enfrentan miles de mineros mal pagados que trabajan en pozos estrechos extrayendo carbón con taladros manuales y palas.
Muchos de estos yacimientos iban camino de la extinción hasta que López Obrador anunció su intención de “rescatar” tanto a la industria del carbón local como a la CFE.
En un intento por aumentar la independencia energética del país y combatir la desigualdad, el mandatario ordenó a la CFE comprar carbón directamente de los pequeños productores en el estado norteño de Coahuila, eludiendo el tradicional proceso de licitación.
Investigadores, activistas y políticos han criticado la política por falta de transparencia, por aumentar la producción de energía sucia y por impulsar las minas de carbón antiguas propensas a accidentes fatales.
“Al final termina en la explotación de pozos, sin la seguridad necesaria para poder cuidar de la vida de los trabajadores”, dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, en una conferencia de prensa en agosto.
Esta política también resultó en la compra de carbón de yacimientos que aún no habían sido objeto de inspección por funcionarios laborales.
De 67 empresas en Coahuila que CFE contrató en 2020 y 2021, al menos 30 no habían sido inspeccionadas por la Secretaría del Trabajo antes de recibir un contrato, según los registros de inspección de minas obtenidos por Reuters que datan de 2016 a marzo de 2022.
Esos 30 proveedores recibieron poco menos de un tercio de los 3,146 millones de pesos mexicanos (unos 157.38 millones de dólares) que la CFE adjudicó en contratos de carbón en 2020 y 2021.
Los registros muestran que los inspectores laborales visitaron la mayoría de esas minas al año siguiente de recibir los contratos. Pero tres empresas nunca han sido inspeccionadas.
Entre ellas está El Pinabete, donde ocurrió el desastre y donde un gran esfuerzo de rescate aún no ha permitido recuperar a las víctimas, que recibió un contrato de CFE en 2021 por 33.61 millones de pesos (1,68 millones de dólares) en carbón.
En respuesta a una solicitud de comentarios, un portavoz de la Secretaría del Trabajo dijo que nunca habían enviado inspectores a la mina porque desconocían que la empresa operaba allí.
El vocero agregó que los inspectores habían visitado los otros dos yacimientos y descubrieron que “al momento de las visitas se encontraban fuera de operación”.
La dependencia no se involucra en el proceso de adquisiciones de la CFE ni tiene facultades legales para hacerlo, señaló la fuente.
Antes de firmar un contrato, la firma estatal de electricidad requiere que las empresas de carbón declaren bajo protesta de decir verdad que cumplen con todas las normas de seguridad minera, pero no está obligada a tomar medidas adicionales para verificar.
La CFE no respondió a solicitudes de comentarios, pero en una conferencia de prensa en julio, el subdirector de Contrataciones y Servicios de la institución, Miguel López, dijo que la compañía de energía exigió a las minas de carbón de Coahuila que presentaran pruebas de una calificación positiva por parte de la Secretaría del Trabajo durante una nueva ronda de contratos de carbón adjudicados a 52 minas este verano.
No está claro si a alguna de esas minas no se le hizo una inspección de seguridad antes de recibir un contrato, porque los registros revisados por Reuters no incluyen inspecciones posteriores a marzo de 2022.
Aleida Azamar, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana que estudia la industria minera, afirmó que la política de la CFE ha llevado a que proliferen esos pequeños y peligrosos yacimientos de carbón.
“La población les denomina ‘las milpas’ (tierras de cultivo de maíz) porque no dejan de brotar por todos lados”, detalló.
En algunos casos, agregó Azamar, los beneficiarios de los contratos de la CFE son en realidad importantes empresas de carbón que registraron nuevas minas, a menudo excavadas en zonas mineras previamente abandonadas, con nombres prestados.
En El Pinabete, el nombre de la persona que figuraba como empleador en los registros del Seguro Social, Cristian Solís, pudo haber sido utilizado para ocultar la identidad del verdadero dueño, reconoció López Obrador en una conferencia de prensa en agosto. Reuters no pudo comunicarse con Solís para hacer comentarios.
La Fiscalía General de la República anunció el domingo que obtuvo órdenes de captura contra Solís y otros dos presuntos responsables de explotación ilegal de carbón en la mina.
Con información de Reuters.
