La reforma al agua que abre la puerta a la privatización y la entrega de los organismos operadores del líquido a los municipios, está a punto de caer. Y es que este miércoles los síndicos de Mexicali, Tecate y Rosarito interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los funcionarios locales demandaron al Congreso local por haber violentado el proceso legislativo al no haber comunicado a los ayuntamientos, con cinco días de anticipación, sobre la reforma, lo que también viola el artículo 115 constitucional que contempla tomar en cuenta a los involucrados.
Y mientras los tres síndicos, Héctor Ceceña, Gonzalo Higuera y José Zazueta, de Mexicali, Tecate y Rosarito, respectivamente, interponían el recurso en la Ciudad de México, el cabildo de Tijuana, firmado por los 12 regidores, demandaron a su síndico que interponga una controversia constitucional.
La petición de los regidores del ayuntamiento de Tijuana va contra lo publicado en el Diario Oficial de Baja California -el 3 de agosto-, donde el secretario de Gobierno, Fabián Guardado Reynaga, invoca un acuerdo de ocho años atrás para aprobar la municipalización del servicio de agua potable.
En el documento, los regidores de Tijuana enumeran por lo menos tres violaciones al artículo 115 constitucional: se violenta la autonomía municipal; se viola al no presentarse dicha ley previa aprobación de los ayuntamientos, y no se les informó de la reforma. Además, se argumentan violaciones al proceso legislativo, como el que se avaló en la comisión de energía y recursos hidráulicos sin el quórum legal, y no se circuló entre los diputados con por lo menos tres días de anticipación.
En el Diario Oficial del Estado de BC también se publicitó que la presidenta municipal de Rosarito avalaba la transferencia del servicio de agua, lo que le valió la felicitación del gobernador Jaime Bonilla en su transmisión de hoy, sin embargo, el síndico de dicha localidad fue quien interpuso la controversia constitucional.
Por otra parte, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala, afín al gobernador, llamó hoy a sesión extraordinaria para someter a votación la propuesta del Ejecutivo que avaló el Congreso local el 28 de julio, cuando la votación llevaba siete regidores en contra y sólo cuatro a favor.
Luego de ello, la mayoría de los regidores de Ensenada emitieron un documento dirigido a la síndica Elizabeth Muñoz Huerta, para que presente una controversia constitucional.
Los síndicos que acudieron a la Ciudad de México redactaron un comunicado donde establecen que “se trata de un sentido de responsabilidad de proteger al erario municipal, ya que, si bien no están en contra de la municipalización, al no ser tomados en cuenta para discutir los términos y hacer un análisis adecuado se convierte en un problema para la administración municipal. Un ejemplo de ello son los transitorios del decreto, ya que se determina la transferencia de la deuda a los ayuntamientos”.
Añade: “Las síndicas de Tijuana y Ensenada, María del Carmen Espinoza y Elizabeth Muñoz, ya recibieron una solicitud de su cabildo al respecto”.
Con información de Proceso.
