Con albergues saturados y sin presupuesto, México empezará a recibir el lunes a migrantes que esperan sus audiencias para tramitar solicitudes de asilo en Estados Unidos, luego de que ambos países acordaron restituir la polémica medida, advirtieron los refugios más grandes en la franja fronteriza.
Washington y Ciudad de México anunciaron que, desde la próxima semana, reactivarán el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a aguardar en México por sus audiencias migratorias.
La noticia tomó por sorpresa a funcionarios de ciudades fronterizas y directores de albergues que aseguran que, además de no haber sido notificados, no existen condiciones para recibir a más migrantes, tanto por falta de recursos económicos como de espacios debido a que se encuentran casi copados.
“Lamentablemente nadie nos avisó, ningún orden de gobierno. Estamos saturados con la llegada de haitianos (…), centroamericanos y con cientos de mexicanos desplazados por la violencia”, dijo a Reuters José García, director del albergue Juventud 2000 en Tijuana.
García, y una docena de responsables de otros albergues en Baja California y otras ciudades fronterizas entrevistados por Reuters, dijeron que sus instalaciones estaban ocupadas hasta en un 90%, por lo que, difícilmente, podrían recibir a más personas.
Además, agregaron que las restricciones por la pandemia del coronavirus les obligaron a reducir espacios por lo que ahora cuentan con menos camas que meses atrás.
Quédate en México
El MPP se reiniciará, probablemente, con una pequeña cantidad de migrantes en un solo cruce fronterizo de Estados Unidos, dijo a Reuters un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato por no estar autorizado a declarar.
Sin embargo, se espera que la cantidad vaya creciendo conforme pasen los días.
En diciembre de 2018, la administración del expresidente Donald Trump anunció la creación del MPP, también conocido como “Quédate en México”.
La medida entró en vigencia en enero de 2019, enviando paulatinamente a ciudades fronterizas de México a unos 70,000 migrantes sin beneficios sociales como: educación, empleo, salud y vivienda. Muchos de ellos tuvieron que esperar hasta un año en campamentos improvisados o albergues.
El programa fue suspendido con la llegada de Joe Biden pero en agosto un tribunal federal ordenó restablecerlo. El MPP ha sido fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos ya que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en peligrosas ciudades como Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo y Tijuana.
“Es una decisión que no sólo nos preocupa sino que nos decepciona, es racista y antiinmigrante (…) los están regresando a ciudades que representan un peligro para estas familias por la violencia criminal y de los cárteles”, opinó Fernando García, director de la Red Fronteriza de los Derechos Humanos en El Paso, Texas.
No está claro, hasta ahora, quién apoyará en la manutención de familias o individuos dentro de ese programa, pero el gobierno de México había solicitado a Washington “recursos adicionales” para albergues y organizaciones internacionales a fin de mejorar las condiciones para los migrantes.
“El gobierno federal no ha notificado que va a apoyar con más presupuesto”, confesó a Reuters la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Canturosa.
El anuncio de la reanudación del MPP se da en momentos en que miles de haitianos y venezolanos cruzan Centroamérica y México buscando llegar a Estados Unidos tras huir de sus países azotados por la violencia y crisis económica.
Mientras México y Estados Unidos mantuvieron cerrada su frontera terrestre a las actividades no esenciales por más de un año y medio, tampoco se recibieron nuevas solicitudes de asilo en aquel país, por lo que miles de migrantes permanecieron varados en campamentos improvisados en el norte de México.
“Aquí todo es muy peligroso, no podemos ni trabajar, allá (en Estados Unidos) mi familia me podría ayudar hasta a cuidar a mis hijos (…) es triste esta noticia”, dijo, afligida, Andrea López, una migrante guatemalteca que solicito asilo en Estados Unidos y que vive desde hace cuatro meses en un campamento improvisado en Tijuana, conocido como El Chaparral.
Con información de Reuters.