La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que reabrirá la investigación en el caso del asesinato de Digna Ochoa y Plácido, defensora de derechos humanos, ocurrido el 19 de octubre del 2001.
En un comunicado, explicó que tal decisión responde a que el pasado viernes 21 fue notificada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instruyó su reapertura.
La investigación del crimen estuvo a cargo del entonces procurador de justicia capitalino, Bernardo Bátiz, nombrado por el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Según la FGJCDMX, la actual fiscal Ernestina Godoy ordenó reabrir la investigación y dijo que ésta se realizará “adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales; poniendo al centro a las víctimas; y, con objetividad, imparcialidad y rigor científico”.
Aunque no precisó la fecha, la Fiscalía dijo que ya se celebró un encuentro y diálogo con la familia Ochoa y Plácido, así como con sus representantes y servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y de la propia FGJCDMX.
En el encuentro, dijo, “se refrendó la convicción por parte de las instituciones de dar cumplimiento debido y oportuno, en los términos señalados en cada resolutivo de la sentencia”.
Además, se acordó “orientarse al cumplimiento puntual de los diversos componentes de reparación a favor de las víctimas indirectas, en ánimo de dar respetuosa remembranza y reconocimiento a la labor de la defensora derechos humanos Digna Ochoa y Plácido”.
Y, para el caso concreto de la reapertura de la investigación, se acordó una reunión de trabajo con la familia y sus representantes para avanzar en el diseño de un plan de investigación, “de conformidad al compromiso para que la indagatoria garantice la participación activa de la familia y sus representantes, en un marco de actuación sustentado en la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género”.
La Fiscalía agregó que estas instrucciones conllevan a “una conducción estratégica de las acciones de investigación que permitan a la familia, a las personas defensoras de derechos humanos y a la comunidad identificar el compromiso de las autoridades por el esclarecimiento de los hechos y el valor que tiene recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración y administración de justicia”.
Con información de Proceso.
