El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dejará el estado en situación de bancarrota con una deuda de 15 mil 700 millones de pesos, además de otros compromisos financieros indirectos que no ha visto aún el equipo de transición, reveló ayer el representante jurídico de Morena en la entidad, Jesús Eduardo Govea Orozco.
En conferencia de prensa efectuada ayer en la capital de la entidad, el abogado de Movimiento de Regeneración Nacional, acompañado de diputados locales y federales denunció que el mandatario panista, que dejará el cargo el próximo 30 de septiembre, quiere otorgar 30 patentes de notarías públicas a sus allegados, lo que representa otro quebranto extra para las arcas estatales.
“El señor Cabeza de Vaca deja el estado más endeudado, en un 33% respecto del último trimestre del año 2016. Tamaulipas tiene, al 31 de marzo del 2022, una deuda directa de más de 15 mil 700 millones de pesos, a la que hay que sumar la deuda indirecta, que podremos establecer en el trascurso del proceso de entrega-recepción que quieren retardar a propósito”.
“Y la pregunta que se hacen todos es la siguiente: ¿Qué hicieron con esos recursos? ¿Dónde están reflejados en términos de bienestar? Cabeza de Vaca nos lega la bancarrota de la que sacaremos a Tamaulipas con mucho esfuerzo, responsabilidad, trabajo efectivo y la colaboración del gobierno federal. Pero no podemos seguir avalando esta irresponsabilidad, que quiere desfalcar al máximo a nuestro estado hasta en las últimas semanas”, dijo Govea.
Junto a esta deuda, señaló que se prepara otro “zarpazo jurídico” de la administración de García Cabeza de Vaca, después de que fuera modificada indebidamente el Artículo 13 de la Ley de Ingresos del estado para el presente ejercicio fiscal, para permitir al jefe del Ejecutivo que en los últimos días de su administración pueda maniobrar con un crédito por mil 300 millones de pesos formalizado con Banorte el 23 de septiembre del 2021.
Denunció que esta acción es operada directamente por el presidente de la Diputación Permanente Félix Fernando García Aguiar, coordinador de la bancada albiazul en el Congreso Local quien, al excederse en sus funciones, “se asume como Pleno Legislativo” para modificar el decreto de Ley, con el argumento de que “existió un error en su elaboración”.
El representante legal de Morena reveló también que el mandatario panista se ha negado a aceptar que perdió el estado y que en lugar de facilitar el proceso de entrega – recepción con el gobernador entrante, Américo Villarreal Anaya, de Morena, con lo que pretende “socavar las bases de gobernabilidad de la próxima gestión”.
Dijo que buscarán por la vía jurídica revertir estas decisiones, que irán aparejadas con la propuesta de juicio político al diputado García Aguiar por extralimitarse en sus funciones, para facilitar que una coalición de servidores públicos, sigan “robando al pueblo de Tamaulipas”.
Al referirse a la entrega de notarías, Govea dijo que el regalo evidencia las mafias que han compartido el poder con Cabeza de Vaca en el sexenio que está por terminar.
“Me refiero al intento de última hora por el cual quiere asignar a dedo, casi como legado testamentario, treinta patentes de notarías públicas. Como si el estado fuera su patrimonio particular, y sobre la base de ese supuesto derecho, pudiera hipotecar a su favor la gestión pública del próximo sexenio”, señaló.
Por su parte, la diputada federal Blanca Narro Panameño, a nombre de los morenistas en la Cámara de Diputados, dijo que García Cabeza de Vaca “es un político acabado” que está desesperado y que carece de escrúpulos, que cree que aún tiene poder y tiempo para dañar la entidad.
“Francisco García Cabeza de Vaca no ha dejado de difamar y de dirigir una maquinaria de falsas noticias para perjudicar al gobernador electo y a su entorno político y familiar. Sin escrúpulo alguno sigue malversando el presupuesto para difundir mentiras y dejar la sensación de que el próximo gobernador entra marcado por la corrupción. Mantiene la misma obsesión perversa que lo descalabró electoralmente y que demuestra el resentimiento institucional y la pobreza de principios que lo caracterizan”, dijo.
Por su parte la legisladora local Úrsula Salazar Mojica señaló que el panista es el mandatario más sancionado en el país por violación a leyes electorales pues ha sido sancionado cuatro veces en la entidad y otras dos por el Tribunal Federal en la materia.
Con información de Proceso.
