La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un nuevo revés al gobierno de Jaime Bonilla, al declarar inconstitucional los cobros que realiza a través del Registro Público de la Propiedad (RPP).
Bajo el rubro de “otros servicios”, el RPP del estado realiza cobros sin establecer cuotas fijas, además de que no es la autoridad para realizarlos.
La Corte consideró inconstitucional ese cobro porque viola los principios tributarios de legalidad y derechos a la seguridad jurídica.
También estableció que el registro público es una entidad administrativa, y destacó que ese tipo de decisiones (establecer cobros sin tener la autoridad) transgrede el derecho fundamental a la seguridad jurídica, porque los contribuyentes desconocen cuáles son los conceptos que integrarían dichas cuotas.
En diciembre de 2020 el Congreso local, que recientemente concluyó su periodo, aprobó la Ley de Ingresos que envió el gobernador Jaime Bonilla, pero nunca discutió la legalidad de los nuevos cobros. Por esta razón, la Corte llamó al Poder Legislativo del estado a abstenerse de incurrir en vicios de inconstitucionalidad.
El tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso la “acción de inconstitucionalidad” a la que se dio entrada bajo el expediente 20/2021.
Este revés de la Corte al pequeño periodo de gobierno de dos años de Jaime Bonilla se suma a las constantes llamadas de atención que el máximo tribunal de justicia de la nación le ha hecho desde el inicio de la administración.
La primera fue declarar inconstitucional su pretensión de gobernar por cinco años, cuando la ciudadanía lo eligió para dos.
A Bonilla le quedan 38 días de gobierno para concluir su administración, que se ha distinguido por excesos jurídicos que la Corte no ha dejado pasar.
Con información de Proceso.
