Alfredo Cisneros Madrigal, defensor de bosques de la comunidad purépecha de Sicuicho, fue asesinado a balazos la noche del martes 21 al llegar a su domicilio, denunció el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).
Cisneros, quien fue un promotor de la autonomía de su comunidad, era presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Sicuicho y “un defensor incansable de los bosques, del territorio y de los derechos colectivos”, indicó el organismo a través de un comunicado.
Asimismo, añadió el CSIM, el líder comunal había denunciado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y ante Gobierno del Estado de Michoacán la tala clandestina de los bosques de pino y combatió el cambio de uso de suelo que se promueve para la siembra inmoderada de aguacate.
El Consejo Indígena denunció que en Michoacán, en las últimas décadas, más de 60 activistas sociales, defensores de los bosques, autoridades comunales y ambientalistas, “han sido asesinados o desaparecidos por defender la vida, los recursos naturales y luchar en contra de las injusticias sociales, sin que hasta la fecha, se haya resuelto un solo caso, esto a pesar de que se presentaron las denuncias correspondientes”, por lo que “en Michoacán imperan la inseguridad y la impunidad”.
Asimismo, manifestó que desde el asesinato de Alfredo Cisneros, a través de las autoridades civiles, comunales y tradicionales de Sicuicho, se solicitó la presencia de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, pero a lo largo de este miércoles ninguna institución de seguridad se presentó en la comunidad.
Por lo anterior, “en este contexto de inseguridad, inoperatividad y omisión de la Secretaria de Seguridad Pública, exigimos la renuncia de su secretario, José Alfredo Ortega Reyes, por no cumplir con el convenio firmado por el gobernador de Michoacán con las Rondas Comunales, donde se comprometían a enviar un destacamento de la Guardia Civil a las comunidades autónomas, en lo que las Rondas Comunales continuaban con su capacitación y certificación”.
El CSIM se quejó también de que las autoridades no han respondido en tiempo y forma a los llamados de auxilio de las comunidades indígenas, además de que han reprimido a los pueblos originarios y no han cumplido con su obligación constitucional de otorgar seguridad para el pueblo de Michoacán.
Finalmente, emplazaron al Gobierno de la República y al Gobierno de Michoacán a instaurar una Mesa de Justicia para las comunidades indígenas, “de lo contrario, no nos dejarán otro camino que movilizarnos en todos nuestros territorios, para exigir justicia por los defensores de las comunidades desaparecidos o asesinados”.
De Apro.
