Al cruzar la puerta de la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) de Oncología, el corazón de Valeria se acelera y la ansiedad aumenta. Sabe que durante su jornada laboral verá a quienes se burlan de ella.
Laura, a su vez, siente malestar desde que ingresa a la Uneme de Oncología y al paso de las horas la incomodidad se convierte en miedo: “¿Y si voy al baño y me toman más fotos? Carajo, no puedo ni verlos a la cara. ¡Qué impotencia!”
Y si Alicia se cruza con uno de sus compañeros en el checador, entra en pánico al escucharlo: “Ya te vi en bikini, invítame a tu departamento”, o de plano: “Vamos al cinco letras”. Ella no aguantó la presión y, una semana después de la entrevista con Proceso, pidió un permiso laboral de seis meses sin goce de sueldo. Esto, “en lo que hacen algo para protegernos”, dice quedito.
Estas historias, relatadas por sus protagonistas (citadas aquí con un seudónimo) son parte de los 16 casos de acoso laboral, sexual, violencia digital y ‘mobbing’ que doctoras oncólogas, nutriólogas, cajeras, empleadas de recursos humanos, asistentes de contabilidad y químicas viven en las instalaciones en Mexicali de la Uneme de Oncología, perteneciente al Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud) del estado.
El 8 de diciembre, cuando se le preguntó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda si su gobierno cuenta con un protocolo para evitar la violencia digital en su administración, respondió que está prohibido todo tipo de violencia: “Estamos promocionando una convivencia pacífica y armónica”.
“Pero ya la hay”, se le replicó. “¿Tienes algún caso?”, preguntó la gobernadora. “Sí”, fue la respuesta.
“Que presenten la denuncia. No teníamos la información y las invito a que se acerquen a hacer la denuncia formal; con mucho gusto lo vamos a atender, están las puertas abiertas permanentemente para atenderlas. En el caso que comentan no he visto ni recibido denuncia”, dijo la gobernadora.
No obstante que las denuncias se presentaron desde el 29 de septiembre, el problema aún no se resuelve. Más aún, los acusados de incurrir en estas prácticas iniciaron un proceso civil contra las mujeres por “daño moral” y “difamación”. De modo que ahora la autoridad judicial está llamando a las denunciantes a “conciliar” con aquellos que señalaron de agresores antes de que el problema escale al ámbito penal.
Con todo, tres de las afectadas decidieron continuar buscando justicia y anunciaron que preparan la denuncia penal.
Este semanario cuenta con copias de la denuncia interna que presentaron las mujeres, dirigida al director de la Uneme de Oncología, el doctor Rafael Estrada Caravantes; el oficio de respuesta del subdirector de Administración de la unidad, Enrique Jácome Osorio, donde los acusados niegan las imputaciones; otro oficio con el cual se notifica a una de las denunciantes de su reubicación y uno más dirigido a esta misma persona para que obligatoriamente acuda a la videoconferencia “Desgaste por empatía”.
Los acusados de incurrir en violencia digital, tomar fotografías a sus compañeras de trabajo sin su autorización, hacer burla de ellas y practicar mobbing son seis empleados: tres ocupan posiciones de mando, otro es el único capacitado para calibrar las máquinas de radioterapia y dos más son camilleros: uno fue ascendido a técnico radiólogo el 6 de diciembre y al segundo se le trasladó al Hospital General, como lo había solicitado antes de ser denunciado.
Denuncia y negación
Valeria ingresó a la Uneme de Oncología en Mexicali en 2020. Desde el principio sintió hostilidad de los hombres que laboran en su entorno. Primero lo dejó pasar, pero cuando advirtió que ya era constante acudió con el administrador, Jácome Osorio, para reportar los comportamientos de acoso laboral.
Éstos prosiguieron, hasta que el pasado 24 de septiembre uno de sus compañeros le confió que circulaban unas fotografías (de las cuales Proceso tiene copia) entre un grupo de empleados y se las mostró: son de las mujeres de la Uneme. Algunas las tomaron de las redes sociales de las involucradas, pero otras se las tomaron en el área de trabajo sin su consentimiento. En un grupo de WhatsApp se incluyen memes, burlas y comentarios inapropiados sobre ellas.
Lo anterior llevó a que por lo menos 16 trabajadoras, ente doctoras, administrativas, químicas y nutriólogas, firmaran un documento dirigido al director, Rafael Estrada Caravantes, en el que relatan “situaciones que se han presentado en nuestra unidad de trabajo en repetidas ocasiones, las cuales tienen distintas implicaciones de distintos tipos de acoso y hostigamiento (mobbing)”.
En esa denuncia, fechada el 29 de septiembre, menciona a Mazzotti Legaspy, jefe de Mantenimiento; Iván Nelson López Jácquez, encargado de Almacén; Luis Carlos González Ibarra, jefe de Radioterapia; Rodrigo Palacios Cervantes, biomédico de la unidad; Cristian Alan Moreno Bañuelos, camillero y Adán López Dueñas, camillero.
Se les acusa de incurrir en “hostigamiento, burlas y demás manifestaciones de conductas abusivas, entre ellos comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que atentan contra la dignidad e integridad psíquica, las cuales se han ido presentando de forma sistemática y persistente”.
Las denunciantes detallan que supieron del grupo de WhatsApp “donde se comparten fotografías de todas las compañeras pertenecientes a la Uneme de Oncología, donde se hace mofa de nuestros cuerpos, se nos sexualiza e incluso se toman fotos sin nuestro consentimiento mientras laboramos en la unidad, además de otras imágenes personales que se apropiaron de nuestras redes sociales”.
Proceso solicitó la postura del jefe de Radioterapia, Luis Carlos González Ibarra, quien inicialmente aceptó una entrevista, además de proporcionar el nombre de su abogada, Iracema Aguilar, quien dijo representar a los otros involucrados en diversos procesos civiles que emprendieron. Pese a que aceptó la entrevista, González Ibarra la canceló el día que iba a realizarse, pues “los muchachos prefieren no hablar por el momento”.
El 4 de octubre, el administrador de la Uneme, “en ausencia del doctor Rafael Estrada Caravantes”, les respondió mediante oficio a las trabajadoras que “se solicitó al área de informática revisar las computadoras bajo el resguardo” de tres de los involucrados “a efecto de buscar evidencia respecto a fotografías de compañeras en dichos equipos… Al respecto les informo que no se encontró evidencia alguna en los equipos”.
Agrega que “se les preguntó de manera individual a Mazzotti Legaspy, Palacios Cervantes, López Jácques y González Ibarra si sabían de la existencia de un grupo de WhatsApp mediante el cual se comparten fotografías… pero negaron el saber de la existencia de dicho grupo o pertenecer a uno con las descripciones mencionadas”.
También se les informó que se solicitó asesoría jurídica sobre el tema y capacitación al personal en temas de violencia, hostigamiento y acoso laboral y sexual. Asimismo, se les dijo que la dirección pidió la impartición de talleres sobre “acoso y hostigamiento laboral y sexual, igualdad entre hombres y mujeres, ética y desarrollo humano y código de conducta de los servidores públicos”.
En cuanto a la solicitud de una disculpa pública por parte de los involucrados, se les notificó a las trabajadoras que ello “es el reconocimiento de la responsabilidad” y como la Corte hace referencia a la garantía de audiencia, “será el área jurídica quien dé resolución a dicha petición”.
En manos de la autoridad
Las denunciantes lograron que el anterior secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, las recibiera y escuchara el 7 de octubre, 23 días antes de que concluyera el gobierno de Jaime Bonilla.
Ahí no sólo acudieron las cuatro personas que inicialmente denunciaron la violencia digital y acoso laboral, sino se sumaron 12 mujeres más, entre doctoras oncólogas, nutriólogas, químicas y trabajadoras administrativas. Una de las médicas detalló el acoso sexual del que fue objeto otra de las trabajadoras, quien prefirió renunciar a la Uneme luego de que el director “rompiera la denuncia por acoso sexual y le dijera: ‘Déjate de pendejadas’”.
Concluyó el gobierno de Bonilla y el problema no se resolvió. Las trabajadoras siguieron soportando las mismas circunstancias, relatan.
Mientras tanto, los hombres denunciados decidieron denunciarlas y lo hicieron a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), instancia civil del Poder Judicial mediante la cual se pretende llegar a una conciliación entre las partes y evitar llegar a la denuncia penal.
Las denuncias civiles fueron interpuestas por Luis Carlos González Ibarra, Rodrigo Palacios, Iván Nelson López Jácques y Cristian Alan Moreno Bañuelos contra quienes firmaron el escrito dirigido al director de la Uneme.
Ellos piden una conciliación en términos como estos: “para la solución de un conflicto derivado de reparación de daño moral”, “el solicitante desea dialogar con respecto de las difamaciones que esta realizando sobre su persona”, “para la solución de un conflicto derivado de responsabilidad civil” y “para solución de un conflicto derivado de reparación de daño moral”.
Ninguna de las mujeres acudió al citatorio, pero anunciaron que ellas sí presentarán directamente la denuncia penal.
La abogada Mariana Cervantes, representante de las mujeres de la Uneme e integrante del colectivo Red Violeta, que busca la protección de víctimas por violencia de género, detalló que existen tres vías para denunciar: la administrativa por abuso de autoridad y acoso laboral, la civil y la penal por acoso sexual.
Cervantes logró que el subsecretario de Salud, Abraham Félix Moss, las recibiera el pasado 8 de diciembre y ahí advirtió que, de no resolverse el tema, sus defendidas podrían invocar la Ley Olimpia y la violencia digital por haberse difundido imágenes sin la autorización de las implicadas y haber hecho escarnio de ellas.
Las denunciantes le describieron al subsecretario cómo uno de los trabajadores de la Uneme ya había sido denunciado por “toquetear a pacientes” y “tomar fotografías de mujeres enfermas”. Recordaron que el esposo de una de ella lo denunció, pero el director no hizo nada.
Asimismo se informó al funcionario que varias de las afectadas se encuentran en terapia sicológica porque sufren de ansiedad, tienen miedo, se sienten inseguras en su centro laboral y, por esa razón, algunas de ellas solicitaron permiso por seis meses sin goce de sueldo.
“Es lamentable que uno de mis directivos no me haya informado sobre esta situación. El acoso y la toma de fotografías son situaciones graves y vamos a actuar porque no vamos a esperar a que una empleada se suicide por los problemas sicológicos que se estén generando”, comentó el subsecretario.
Por lo pronto, el secretario del Salud, doctor Adrián Medina Amarilla, y la gobernadora Ávila Olmeda ya están enterados de la situación.
El mobbing designa al acoso laboral, que según su definición es “trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática, que le provoca problemas psicológicos o profesionales”.
En tanto que la “violencia digital”, de acuerdo con la página de la Procuraduría Federal del Consumidor, se refiere a los “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizado mediante el uso de tecnologías. Además de la difusión de imágenes, audios o videos –reales o simulados– del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento”.
Con información de Proceso.
