Ante la reciente resolución judicial que libera de responsabilidad al empresario Kamel Nacif de los actos de tortura sufridos por la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), recordaron que el Estado mexicano está obligado a cumplir la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar vedad y justicia en este caso.
“La impunidad en el caso de Lydia Cacho no sólo afecta a la periodista y a sus familiares, favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, alertaron ONU Mujeres y ONU-DH en un pronunciamiento.
Al destacar que el Poder Judicial también tiene que acatar la resolución del Comité, ONU Mujeres y ONU-DH destacaron que ese dictamen “determinó que el Estado mexicano había violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión”.
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Las agencias de la ONU alertaron que en su resolución, el Comité resolvió que “los tratos a los que se sujetó a la autora (Cacho) tuvieron un objetivo discriminatorio por razón de sexo, a la luz de la naturaleza de los comentarios sexuales vertidos y del trato sexualizado y violencia de género infligida”.
Agregaron que el documento retoma la llamada telefónica revelada en febrero de 2006, entre el empresario y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, “no desmentidas por el Estado parte”, con lo que se demuestra que “la detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien la medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria”.
ONU Mujeres y ONU-DH reconocieron que el “trabajo de la señora Cacho ha demostrado la importancia del periodismo para dar a conocer los abusos cometidos desde diferentes ámbitos de poder”, lo que evidencia que “la actividad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es esencial en una sociedad democrática”.
Tras destacar que “la impunidad en el caso de Lydia Cacho”, autora del libro “Los demonios del Edén”, no solo la agravia a ella sino a todas las mujeres periodistas y defensoras, las agencias de la ONU puntualizaron que las autoridades están obligadas a “garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en México, debe incluir la investigación y sanción de acuerdo a los principios de debida diligencia de los actos que pretendan coartar estos derechos”.
Luego de la sentencia de amparo que favorece a Kamel Nacif y eventualmente a Mario Marín y otros involucrados en las torturas infligidas a Lydia Cacho, ONU Mujeres y ONU-DH insistieron en la obligación del Estado mexicano de “garantizar una investigación efectiva de los delitos y las violaciones a derechos humanos que sufrió la periodista y defensora de derechos humanos”, misma que debe “incorporar plenamente la perspectiva de género y tender a determinar no sólo los autores materiales de los hechos sino también los autores intelectuales de los mismos, para evitar que permanezcan en la impunidad”.
Para los organismos de la ONU “la atención de las situaciones de graves violaciones de derechos humanos en México necesita el compromiso de todas las autoridades, incluidas las judiciales”, tanto en el ámbito federal como estatales, cuyos integrantes “tiene una gran responsabilidad para hacer efectivos los derechos de acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos”.
ONU Mujeres y ONU-DH expresaron su solidaridad a Lydia Cacho y reconocieron el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas “que la han acompañado en su búsqueda de justicia”, al tiempo que refrendaron su disposición de brindar asesoría técnica “a las instituciones del Estado mexicano, incluidas las instituciones judiciales, para contribuir a la efectiva incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en su actuar”.
Con información de Proceso.
