El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que no hay motivación política en las acciones realizadas por su gobierno para denunciar al gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que deberá enfrentar un juicio de desafuero.

“Yo quiero dejar de manifiesto que no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza… pero también debe saberse o recuerdo que he dicho, no somos tapadera de nadie. La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que, si hay una denuncia por corrupción que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la fiscalía que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”.

La decisión sobre el desafuero del mandatario estatal, es ahora decisión del Congreso de la Unión y su acusador, la Fiscalía General de la República (FGR), no realizará tareas litigiosas para su desahogo.

Lo anterior fue expuesto por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien acompañó hoy al presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina, una aparición inusual, oficialmente justificada en un informe sobre recuperación de bienes y su destino, pero inscrita en el contexto del nuevo caso de alto perfil que, por la vía del juicio de procedencia, pone en la mira a un gobernador en funciones.

Ayer, la Cámara de Diputados difundió la petición de fiscales de FGR, para que el panista García Cabeza de Vaca, sea desaforado, esto es, que se le retire el beneficio de inmunidad del que goza como gobernador, a fin de que pueda ser procesado por delitos relacionados con enriquecimiento inexplicable.

El diciembre pasado, el semanario Proceso en su edición 2301, dio a conocer la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que estaba en manos de la FGR desde mediados de 2020. Pero hasta ayer se conocieron las acciones de esta última al respecto, debido a la secrecía que debe guardar el procedimiento ministerial.

Sin embargo, el juicio de procedencia abre la información, un asunto en el que el fiscal Gertz Manero abundó hoy, al considerar como una ventaja que el procedimiento en el Legislativo, sea su claridad, en tanto, el juicio de procedencia incluirá las probanzas y su carácter es público:

“Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente, para saber si existe absoluto y total apego a la justicia.

No va a haber falta de transparencia. No es venganza ni cosa de tipo político”.

Luego, evitó hacer pronunciamientos o consideraciones respecto al asunto:

“A partir de este momento el expediente está en manos del Congreso de la Unión, tenemos que respetar su autonomía, sus criterios, no hacer tareas litigiosas en un proceso delicado. Esperemos a que el Congreso señale si es procedente o no lo que hemos concluido”, expresó.

Con información de Apro.

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