CIUDAD DE MÉXICO/BUENOS AIRES, 1 dic (Reuters) – Con tres semanas de embarazo y a punto de comenzar un trabajo lejos de casa, Lupita Ruiz no tenía dudas de abortar, a pesar de saber que podría terminar en la cárcel por ello, según la ley en su natal Chiapas, un estado ubicado en el sur de México.
La mujer, ahora de 27 años, pidió ayuda a sus amigas hasta que encontró a un médico a dos horas de su pueblo que accedió a practicarle el procedimiento en secreto.
Un lustro después, los legisladores de Chiapas esperan considerar una iniciativa para detener los enjuiciamientos de mujeres que interrumpen sus embarazos, parte de un movimiento que se extiende por Latinoamérica para flexibilizar algunas de las leyes antiaborto más restrictivas del mundo.
Varios de los 20 países de la región prohíben el aborto por completo, incluido El Salvador, que ha condenado a algunas mujeres a hasta 40 años de prisión. La mayoría de las naciones, incluida Brasil -la más poblada de la zona-, permiten el aborto sólo en circunstancias específicas, como una violación o cuando la salud de la madre corre riesgo.
Solo Uruguay y Cuba permiten abortos electivos.
En México, se aplica un mosaico de restricciones estatales, pero el debate está cambiando, dijo Ruiz Coutiño.
“Cuando alguien hablaba de aborto, lo susurraba”, confesó la activista, quien ayudó a redactar la iniciativa de Chiapas. “Ahora puedo sentarme a comer un tamal y tomar un café y hablar con mi mamá y mi abuelita sobre aborto”.
El cambio es palpable en la región predominantemente católica. El presidente argentino, Alberto Fernández, propuso la legalización este mes, los activistas chilenos apuntan a incluir derechos reproductivos más amplios en una nueva constitución y las legisladoras en México se resisten a las prohibiciones.
El impulso se remonta a 2018 cuando hasta un millón de mujeres argentinas protestaron para respaldar un proyecto de ley de legalización del aborto que, finalmente, no se aprobó en el país de origen del Papa Francisco.
Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe de la organización de defensa legal Centro de Derechos Reproductivos, dijo que el ejemplo de Argentina inspiró las protestas en todo el subcontinente.
“Fue un despertar”, aseguró.
La indignación por el empeoramiento de la violencia de género en Latinoamérica, donde el número de feminicidios se ha duplicado en cinco años, también ha creado conciencia sobre el movimiento por el derecho al aborto y ha alimentado las demandas de reconocimiento de los derechos de las mujeres, en una sociedad conservadora dominada por hombres.
“Las mujeres finalmente están entendiendo que no son temas separados”, confesó Catalina Calderón, directora de campañas y programas de defensa del Centro de Igualdad de la Mujer, con sede en Nueva York.
El auge de las redes sociales ha brindado a las mujeres la oportunidad de evitar los medios controlados por el statu quo y llamar la atención sobre sus historias, dijo Calderón.
“Ahora están ahí para que el público discuta y las mujeres reaccionen y digan: ‘Esto no funciona. Tenemos que hacer algo'”, sostuvo Calderón.
Al igual que en Estados Unidos, donde los conservadores han logrado avances en la restricción del derecho de las mujeres al aborto, en Latinoamérica hay un rechazo a los llamados a una mayor liberalización. Brasil, bajo el mandato del derechista Jair Bolsonaro, está dificultando aún más el aborto.
La Conferencia Episcopal Argentina ha dicho que no quiere debatir sobre el aborto durante la crisis del coronavirus y aludió a los comentarios del Papa, en los que instó a respetar a quienes “todavía no son útiles”, incluidos los “no nacidos”.
Sin embargo, la confianza en la Iglesia católica, que cree que la vida comienza en la concepción, se está desvaneciendo, y muchos latinoamericanos cuestionan su legitimidad moral debido a varios escándalos de abuso sexual por parte de sus sacerdotes.
OLA VERDE
Argentina podría ser el primer país de la región en lograr un cambio radical, gracias a un proyecto de ley que busca legalizar los abortos electivos y que fue presentado al Congreso por el presidente centroizquierdista Fernández.
La aprobación para la legalización ha aumentado ocho puntos porcentuales desde 2014, según una encuesta de Ipsos de agosto, y el apoyo se divide casi en partes iguales entre quienes favorecen el aborto electivo y quienes lo apoyan solo en determinadas circunstancias.
“El dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino”, aseguró el mandatario, un abogado de 61 años.
Según el Instituto Guttmacher, una organización de investigación en salud reproductiva con sede en Estados Unidos, se estima que el 29% de los embarazos en Latinoamérica y el Caribe entre 2015 y 2019 terminaron en aborto, lo que abarca a 5,4 millones de mujeres. Los abortos suelen ser clandestinos, por lo que las cifras son difíciles de determinar.
Las manifestaciones masivas en Argentina hace dos años, conocidas como las protestas de la “ola verde”, han repercutido.
Desde mediados de 2018, los legisladores en México han presentado más de 40 propuestas para poner fin al castigo por el aborto, según el grupo mexicano de derechos reproductivos GIRE.
En Chiapas, el esfuerzo de despenalización es el primero de su tipo desde un breve período en la década de 1990 cuando se legalizó el aborto durante la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Aunque Chiapas no castiga el aborto con prisión, puede encarcelar a mujeres por “matar” a sus bebés.
Ahora, a dos años de que asumiera el poder en México el primer gobierno de izquierda en muchas décadas, los legisladores están considerando dos iniciativas para relajar las restricciones y eliminar los castigos en lugares como el estado Sonora, donde el aborto es castigado con hasta seis años de cárcel.
En México, sólo la capital y Oaxaca permiten abortos electivos.
Wendy Briceño, una legisladora sonorense que ha respaldado un proyecto de ley de legalización del aborto a nivel nacional, dijo que las iniciativas tienen buenas posibilidades de aprobarse si el debate se centra en la salud de la mujer.
En Chile, los activistas están celebrando una votación de octubre para redactar una nueva constitución como una oportunidad para expandir una ley de 2017 que permitía el aborto para salvar la vida de la madre, en casos de violación o si el feto no es viable.
Colombia, donde la corte constitucional acordó considerar una petición para eliminar el aborto del código penal, podría ser un ejemplo, dijo Anita Peña, directora del grupo chileno de derechos reproductivos Corporación MILES.
Las activistas coinciden en que aún queda un largo camino por recorrer, con leyes restrictivas arraigadas en muchos países.
Para Briceño, el giro a la derecha de Brasil bajo Bolsonaro, quien prometió vetar cualquier proyecto de ley proaborto, fue un recordatorio para presionar aún más por este derecho.
“No hay luchas acabadas”, aseguró Briceño.
