Monsanto, el polémico gigante de la agroindustria, ahora absorbido por el grupo químico alemán Bayer, presionó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con un grupo de cabildeo de Estados Unidos y funcionarios de la administración de Donald Trump, para revertir su pretensión de prohibir el uso del glifosato en 2024, reveló el diario The Guardian.
El glifosato es el elemento central del plaguicida Roundup de Monsanto, con un negro historial, desde su uso como “agente naranja” durante la guerra de Vietnam, hasta demandas colectivas recientes por su responsabilidad en el surgimiento de cánceres; su utilización está vinculada con la siembra y cultivo de plantas genéticamente modificadas.
En un reportaje publicado este martes, el periódico británico exhibió correos electrónicos entre agentes de la Oficina del Representante del Comercio de Estados Unidos (USTR) y otras agencias estadunidenses, donde evidencian su enojo contra la política aplicada en México y muestran sus estrategias para canalizar el tema a través del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), incluso con la complicidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadunidense.
Los correos muestran cómo, bajo la presión de Bayer y del grupo de cabildeo CropLife –fundado por Bayer–, agentes de la USTR despotricaron contra la presencia de “activistas anti-biotecnologías” en el gobierno de López Obrador, y ante el hecho de que el mandatario mexicano “ha hecho declaraciones contra el maíz genéticamente modificado”, lo que amenazaría el acceso de la agroindustria estadunidense a México, un mercado que le compró 3.1 mil millones de dólares de maíz en 2018.
En Estados Unidos, el 90% del maíz cosechado es transgénico, subrayó el periódico.
En otro correo, un funcionario estadunidense tachó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de “problema a largo plazo”, y en otro denunció la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de negar los permisos de importación de glifosato “sin platicarlo ni consultarlo con otras Secretarías”.
Esta negativa de otorgar permisos fue la última decisión de Victor Manuel Toledo Manzur en la Semarnat, dependencia a la que renunció después de la filtración de audios en los que denunciaba cómo otros importantes integrantes del gabinete de López Obrador –como Alfonso Romo, entonces jefe de Oficina del presidente, y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos– priorizaban los agronegocios en detrimento de la ecología.
Otro correo, obtenido por la organización Center for Biological Diversity (CBD) y compartido con The Guardian, muestra cómo en marzo de 2020 el presidente de CropLife, Chris Novak, se quejó ante Robert Lighthizer –entonces jefe de la USTR– de que las acciones de México eran “incompatibles” con sus “obligaciones bajo el T-MEC”, y le dijo que se requerían “acciones urgentes” para solucionar la situación.
Acto seguido, en mayo del mismo año Lighthizer escribió a Graciela Márquez Colín, entonces titular de la Secretaría de Economía (SE), para decirle que el tema de transgénicos y del glifosato amenazaría “la fuerza de nuestra relación”.
Según The Guardian, ello no fue suficiente: en agosto, Novak escribió de nuevo a funcionarios estadunidenses para agradecerles por “todo su apoyo”, pero lamentó que, a pesar de estos esfuerzos, México había “dejado virtualmente de procesar el registro de nuevos productos plaguicidas”, y les recordó que con ello estarían en riesgo los 20 mil millones de dólares de exportaciones agrícolas que cada año cruzan de Estados Unidos a México.
“No queda claro si los esfuerzos para presionar a que México cambie su posición siguen en el marco de la nueva administración de (Joe) Biden”, señaló The Guardian.
Con información de Apro.
