En 2018 Néstor Ismael Fernández Villegas, maestro del taller de panadería y repostería del Centro de Atención Múltiple número 88, de la SEP en la Ciudad de México, institución especializada en alumnos con discapacidades intelectuales, abusó sexualmente de una de sus alumnas en el plantel.
La víctima es una joven con síndrome de Down y fue agredida en la bodega del salón en el que tomaba el taller, donde fue acorralada por su maestro entre un anaquel y un muro para abusar de ella. Según los testimonios, en el salón había entre 10 y 12 alumnos, así como otro maestro.
Durante el juicio atestiguaron la víctima, sus padres, policías, peritos y personal de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna advirtió que el testimonio de la víctima sería considerado especial, atendiendo a los múltiples factores de vulnerabilidad en los que se encuentra: ser mujer y tener un coeficiente intelectual de seis años a pesar de que cuando fue agredida era mayor de edad.
De los estudios psicológicos resultó que la alumna presentaba rasgos de haber sido víctima de abuso sexual y su maestro presentaba indicadores de ser probable responsable de un abuso sexual.
Desde su agresión, el salón donde ocurrieron los hechos fue clausurado, diversos peritos y policías acudieron a hacer diligencias como toma de fotografías y observación del lugar, incluso la víctima regresó para indicar dónde fue que su maestro la acorraló.
La defensa de Néstor Fernández Villegas intentó desvirtuar el testimonio de la joven argumentando que su discapacidad intelectual la podía llevar a fantasear sobre los hechos. Pero este argumento fue desestimado por el juez.
El pasado 18 de mayo, Fernández Villegas fue sentenciado a 13 años y seis meses de prisión por el delito de violación equiparada agravada porque cometió el crimen siendo servidor público.
“Se ordena la destitución de Néstor Ismael Fernández Villegas en el ejercicio de sus funciones como servidor público de la Secretaría de Educación Pública por un plazo de cinco años”, dice el fallo.
El juez Delgadillo Padierna concluyó que el profesor ejecutó actos sexuales contra la alumna aprovechándose de la superioridad de su encargo y de que ella presenta síndrome de Down.
Por ello lo condenó también a la reparación integral del daño, que será determinada en ejecución de sentencia, y rechazó concederle algún beneficio que le permita sustituir la pena de prisión.
Cifras de terror
En los últimos 10 años la SEP recibió 457 denuncias de abuso sexual cometido por sus docentes adscritos a escuelas públicas de nivel preescolar, primaria, secundaria y medio superior en la Ciudad de México, contra alumnos menores de edad.
Sin embargo, en ese periodo la Fiscalía General de la República (FGR) inició sólo 209 expedientes por abuso sexual, violación u hostigamiento sexual cometido contra los alumnos inscritos en escuelas del Sistema Educativo Público Básico, en los que se tienen identificados a 216 probables responsables de estos delitos.
Las estadísticas que la SEP registra son de las escuelas públicas en la Ciudad de México, mientras que el registro de las escuelas en el resto de la República depende de cada secretaría local.
En información obtenida vía transparencia por Proceso, la SEP señaló que de las 457 denuncias de abuso sexual, violación o acoso sexual cometidos en las escuelas públicas que recibió entre el 1 de enero de 2022 y hasta abril pasado, el año 2015 fue en el que más reportes recibió: 99. De estos, 39 casos ocurrieron en secundarias, 47 en primarias y 13 en preescolar.
El año en que menos denuncias recibió fue 2011, con 11 casos de los cuales cuatro ocurrieron en primarias, tres en secundarias, dos en preescolar y uno en el plantel de educación media superior Cetis 76 Benito Juárez García.
Al corte de abril pasado fueron reportados ante la SEP 22 casos, de los cuales 10 ocurrieron en planteles de educación media superior y bachillerato, siete en primarias, cuatro en secundarias y uno en preescolar.
En los tres años detallados, todos los agresores identificados por la SEP eran docentes de los planteles. Sin embargo, la dependencia no especificó el número de víctimas, sexo o edad de las mismas, el número de funcionarios probablemente implicados en los abusos ni el año en que ocurrieron las agresiones.
En tanto, la FGR detalló que de las 209 investigaciones que inició desde 2012 y hasta abril de este año por abuso sexual, violación u hostigamiento sexual cometido en agravio de alumnos del Sistema Educativo Público Básico, 2016 fue en el que más expedientes abrió, con 51; mientras que en 2020 sólo inició dos y de enero a abril de este año llevaba abiertas cuatro indagatorias.
De los 216 indiciados reportados por la FGR, 85 estaban adscritos a secundarias, 75 a primarias y 50 en preescolar. De seis se desconoce el nivel educativo en el que se desempeñaban.
La FGR no lleva registro del número de víctimas, sexo y edad de las mismas e incluso refirió que ni siquiera tiene registro de cuántas investigaciones fueron judicializadas o en qué estatus se encuentran.
En cuanto a las sentencias obtenidas en estos casos, el Consejo de la Judicatura Federal respondió vía transparencia que su sistema interno no permite identificar si los sentenciados cometieron los delitos en ejercicio de sus funciones ni la información referente a las víctimas, “ya que no se cuenta con campos de captura que permitan identificar ese dato, y con ello asociar la consulta que formula, asimismo”.
Su sistema tampoco cuenta “con campos de captura que permitan identificar información referente a las víctimas, ya que para Centros de Justicia Penal Federal, si bien cuenta con la captura de ‘víctimas’, éstas no se pueden vincular a uno o más inculpados, es decir, el sistema no permite identificar si el delito cometido por determinado inculpado está o no relacionado con una víctima en particular”.
Mariana Gil, directora de la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODDI), señaló que la falta de registros minuciosos obstaculiza la posibilidad de tener datos reales que representen la magnitud del problema de abuso sexual en los planteles de educación básica.
“La falta de registro específico de víctimas, edades, sexo o tipo de agresores, hace complicado tener datos reales de cuántos niños y niñas son víctimas. Hoy día no sabemos ese dato, ya sea que lleguen a fiscalía o llegan a audiencia y en el Poder Judicial también existe ese problema”, reconoció.
Protocolos generan impunidad
Para Mariana Gil, los protocolos de la SEP en casos de abuso sexual en las escuelas generan impunidad en lugar de proteger a las víctimas, a quienes se les llega a obligar a revivir lo que sufrieron en las escuelas entre seis y siete veces, lo que pone en riesgo los procesos penales que puedan iniciarse en cada caso.
“En los casos que hemos llevado –señala Gil–, lo que hace la SEP y que para nosotros está mal es que inicia un protocolo de investigación interna, hace entrevistas, revisa los lugares referidos por los niños, entrevista a los niños, les hace intervención psicológica y en algún momento, no nos ha pasado a nosotras, le dan vista a la Fiscalía. Pero cuando eso pasa, las escenas del crimen están completamente modificadas; los niños ya habían sido entrevistados; si los maestros estaban en algún tipo de organización, había fotos o tenían material fotográfico, los sacan del plantel.
“No me atrevería a decir que la SEP encubre, pero sí que los protocolos que está aplicando generan impunidad; cuando la fiscalía se entera ya es tarde”.
La ODDI documentó en 2021, en el estudio Es un secreto, patrones de conducta que apuntan a que estos delitos no los comete una sola persona, sino que existen redes de complicidad en las escuelas que facilitan las agresiones.
En entrevista, Mariana Gil explica que en los últimos 10 años que la ODDI lleva litigando este tipo de casos, ha intentado que el Ministerio Público investigue a profundidad el problema y no se quede en la aplicación de una sanción penal al agresor directo de los niños y adolescentes.
“Hay una organización… toda la escuela, por lo menos, tolera o encubre los abusos, pederastas o violaciones… Eso nos lleva a pensar que hay otro tipo de delitos que se están cometiendo ahí”, argumenta.
“Otro tipo de patrones que hemos detectado –añade– es el uso de cámaras, sedación; los niños son sacados de las escuelas a otros espacios que no son el plantel educativo; cuando los niños le refieren a las maestras que algo les pasó, estas no activan los protocolos sino al contrario, les dicen a los niños: ‘Patéalo, no digas nada, tu mamá no se puede enterar’. Y ahí está la parte del encubrimiento”.
Pese a esto, las investigaciones aún se enfocan en tratar los casos como agresiones aisladas.
Yuli Pliego, abogada de la ODDI, reconoció que en el Poder Judicial de la Federación han observado una mayor sensibilización por parte de los juzgadores para atender estos temas.
“Desafortunadamente –comenta– en los poderes judiciales locales hemos detectado que falta bastante para que se entiendan los estándares de protección, cómo deben de participar los niños, cuáles son los estándares para evitar la revictimización y cómo deben valorarse las pruebas, atendiendo a sus distintas etapas de desarrollo, porque no es lo mismo cómo declara una niña de tres o cuatro años a un adolescente de 15”.
Esto también ha sido un problema, admite, pues las abogadas tienen que llevarle al juez la información recabada con las víctimas para evitar que éstas sean revictimizadas y lograr que sus declaraciones sean aceptadas como prueba:
“No hay manera de que un niño declare como el sistema de justicia quiere, no hay ni una pastilla, terapia, ni una frase que sirva para que un niño narre con las expectativas adultas que se tienen en los trabajos de investigación; entonces el trabajo de los abogados es llevarle esta información al juez”.
El tiempo que pasa entre las agresiones y las investigaciones puede poner en riesgo el caso y las veces que el niño es obligado a participar juegan en contra del menor.
Dice Pliego: “En un proceso normal una víctima declararía una primera ocasión ante el Ministerio Público y, en un escenario ideal, una segunda ocasión en una etapa de juicio ante un juez. En el caso de niños y niñas esta repetición puede jugar un papel devastador en sus declaraciones porque pueden caer en imprecisiones”.
Debido a que los padres de familia desconocen ante quién denunciar y los trámites por los que atraviesa una víctima cuando presenta su denuncia y en el juicio, los niños que han sido víctimas de estos delitos llegan a revivir entre seis y 10 veces las agresiones.
De acuerdo con los protocolos de la SEP, una de las primeras actuaciones es quitar al señalado como agresor de los grupos y colocarlo en oficinas administrativas mientras se realizan las investigaciones.
“En el último caso que litigamos, donde hubo 17 víctimas, todos y todas las implicadas, porque casi todas eran maestras, están en oficinas administrativas. Y en el caso del Colegio Andrés Oscoy, que litigamos en 2017, incluso hay una maestra prófuga”, relata Mariana Gil.
Proceso buscó a la extitular de la SEP Delfina Gómez y a la recién designada secretaria Leticia Ramírez para conocer su postura sobre este problema, pero no obtuvo respuesta.
De siete sentencias que la ODDI ha obtenido en representación de decenas de víctimas de estos delitos, sólo una está firme; el resto fueron impugnadas por los inculpados.
Con información de Proceso
