“Ya hemos ido a buscar casa y no alquilan con niños y en otros lados nos piden 550 dólares por rentas. Vivimos en un garaje que nos prestó el patrón”, dijo uno de los migrantes centroamericanos que fueron parte del desalojo del campamento que estaba instalado en El Chaparral. Esta mañana fueron a manifestarse a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El joven, que viene con su esposa y tres hijos, resaltó que gracias a que ellos trabajan en un lugar donde sus patrones les apoyan, fue que pudieron tener ese lugar que el señor está construyendo, ya que no tienen a dónde ir y sus posibilidades económicas no dan para pagar una renta en un espacio para cinco personas.

Durante la manifestación, los migrantes acusaron a la alcaldesa Montserrat Caballero de haberlos tratado “como delincuentes” y de haberlos “sacado como perros” del campamento, sin previo aviso, generando crisis entre los niños y sin posibilidades de haber sacado sus pertenencias y papeles.

FOTO: Manuel Ayala / Glocal Media

Una de las manifestantes dijo haberse sentido traicionada por la alcaldesa debido a que no les cumplió la promesa de brindarles apoyo y ayuda, puesto que cuando los fueron a censar por primera ocasión y que los credencializaron, les dijeron que no los desalojarían. Al contrario, supuestamente por eso les pusieron la malla y policías para resguardarlos.

“Vivir ahí abajo del puente no era fácil, pero no faltaba la comida porque entre todos nos ayudábamos o luego llegaban las ayudas de personas del otro lado. No tenemos cómo rentar, por eso es que estábamos allí”, dijo una madre hondureña, quien desde hace nueve anos está en Tijuana junto con sus dos hijos.

FOTO: Manuel Ayala / Glocal Media

“Solo queremos que nos ayuden, aquí hay varias madres que son solteras y queremos cruzar (a Estados Unidos); yo tengo a mis dos hijos que están enfermos, uno tiene epilepsia y otro tiene asma, y ese día uno de ellos tuvo una crisis, ellos todavía están nerviosos”, dijo.

Luego de la manifestación, el presidente de la CEDH, Raúl Ramírez Bahena, compartió que están abiertos a que los migrantes vayan y expongan sus quejas en contra de cualquier autoridad que ellos señalen, para documentarlas. Sin embargo, reiteró que durante el desalojo como observadores no precisaron que se utilizara exceso en la fuerza pública.

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