CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la par de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy una fuerte “condena” ante las denuncias de prácticas de esterilización forzada en el centro de detención migratoria de Irwin, en Estados Unidos, el Consulado de México en Atlanta alista una estrategia legal para “presentar denuncias” por “procedimientos quirúrgicos sin pleno consentimiento informado y realización de procedimientos quirúrgicos innecesarios”.
Aparte, el consulado indicó –a través de un boletín difundido por la Cancillería–, que se “ha dado a la tarea de buscar a las 262 mujeres que estuvieron privadas de su libertad en dicho centro de detención” en el último año, para ver si ellas también pasaron entre las manos del doctor Mahendra Amin y su equipo, acusados de realizar histerectomías sin contar con el consentimiento de las detenidas.
El consulado reiteró que, hasta el momento, se han identificado a nueve mujeres mexicanas que recibieron atención ginecológica por parte del médico, tres de las cuales fueron intervenidas quirúrgicamente “aunque en procedimientos distintos a una histerectomía”, precisó la representación consular, al añadir que cinco mujeres siguen detenidas y cuatro ya fueron deportadas a México.
“La denuncia hará énfasis en la necesidad de investigar puntualmente el trabajo realizado”, señaló el consulado, el cual resaltó que “si bien se han ubicado formatos de consentimiento quirúrgicos firmados para las tres mujeres mexicanas intervenidas, esto no descarta la presencia de coerción o convencimiento por parte de los proveedores de servicios médicos”.
E indicó que “los especialistas médicos independientes consultados consideran que las intervenciones ginecológicas bajo investigación, por su naturaleza invasiva, fueron apresuradas e innecesarias”, y que “persisten irregularidades y anomalías en los expedientes médicos que aún no han quedado resultas”.
La CIDH, por su parte, señaló que el informe del equipo médico independiente evidencia violaciones a múltiples derechos humanos de las mujeres detenidas, entre ellas la “negligente atención médica general”, la ausencia de medidas contra el covid-19, pero también la falta de intérpretes y un tratamiento “discriminatorio e intimidación” contra las persas migrantes de habla español en el centro médico.
Además de condenar este hecho, la CIDH denunció “un patrón sistemático de abusos y graves afectaciones de derechos al interior de centros de detención migratoria” en Estados Unidos, que abarcan denuncias relativas a abuso sexual y violencia de género, privación del derecho de libertad de culto, condiciones deplorables de detención y “separación forzada de niñas, niños y adolescentes migrantes”.
“En este contexto, la Comisión exhorta a Estados Unidos a analizar seriamente el contenido de las denuncias y promover una profunda revisión de las prácticas y protocolos de atención a las personas migrantes, así como a garantizar su acceso efectivo a la justicia ante situaciones de violencia. Además, urge al Estado a promover una reestructuración integral de los procedimientos e instituciones que convergieron para que tuviera lugar esta situación de vulneración sistemática. Estas medidas deben considerar la rendición de cuentas –incluida por parte de socios privados– a fin de prevenir la repetición de estos hechos”, urgió la CIDH.