La masacre de nuevo laredo –que atrapó la atención mediática– no ha sido el único CASO en esta ciudad: el Comité de Derechos Humanos ha documentado al menos 30 ejecuciones arbitrarias por parte de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional en lo que va del sexenio.
“Me siento destrozado, no tengo miedo, coraje ni nada, me siento ido, como que se me van las cabras de repente. Tengo un dolor machín por mi hermano”, confía Alejandro Pérez, joven de 21 años que sobrevivió de manera milagrosa a la lluvia de balas que elementos del Ejército dispararon contra una camioneta que dejó un saldo de cinco jóvenes muertos y uno gravemente lesionado en Nuevo Laredo la madrugada del domingo 26 de febrero.
Su hermano era Gustavo, uno de los fallecidos. Murió por “choque hipovulémico”; es decir, desangrado. Los otros cuatro jóvenes murieron por hasta 12 disparos en diferentes partes del cuerpo, llamando la atención dos de ellos por impactos en el cráneo, según los reportes de necropsia a la que tuvo acceso Proceso.
La declaración de Alejandro ante abogados del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), a la que tuvo acceso el semanario, ofrece una versión sobre lo ocurrido en la madrugada de ese domingo que contrasta con la que ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado emitido el 28 de febrero, dos días después de los sucesos. La Sedena afirmó que los militares se acercaron al lugar “cuando oyeron disparos de armas de fuego”; que al visualizar a la pick up ésta iba sin placas, a exceso de velocidad y con las luces apagadas; que sus tripulantes, al observar la presencia de la tropa, aceleraron “de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse con un vehículo que estaba estacionado” y que, “al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego”.
La Fiscalía General de Justicia Militar vinculó a cuatro militares que participaron en los hechos del domingo 26 por el delito de “desobediencia”. Ello es independiente de los eventuales cargos que les pueda imputar la FGR como autoridad civil.
“Mátenlo, mátenlo”
La versión que cuenta Alejandro, es otra:
Tras cuatro horas de haber convivido en un centro nocturno de Nuevo Laredo, los siete muchachos retornaron a su colonia en la camioneta Chevrolet Silverado blanca de uno de ellos: Gustavo, de nacionalidad estadunidense y quien se encontraba de visita en la ciudad.
Al llegar a la esquina de las calles Huasteca y Méndez advirtieron que “una troca” del Ejército con las luces apagadas estaba atrás de ellos, momento en que detuvieron la marcha. En ese instante la camioneta blanca fue chocada por la parte de atrás por el vehículo militar e impactada contra un carro estacionado. De inmediato, una lluvia de balazos cayó sobre la Silverado.
Una vez que la balacera paró, Alejandro, quien viajaba en la parte trasera de la camioneta del lado del piloto, bajó con las manos en alto y se hincó en el pavimento.
“Escuché voces de los soldados que decían ‘¡mátenlo, mátenlo!’, y después uno de ellos me preguntó ‘¿quieres vivir o quieres morir’’, yo le dije que quería vivir y entonces me dijo que tenía que decir que nosotros tuvimos la culpa, que íbamos huyendo”, cuenta el joven, quien a punta de pistola fue obligado a declarar lo que le indicaban los militares que lo videograbaron con un teléfono celular.
Según el testimonio del sobreviviente, mientras estuvo en poder de los militares escuchaba lamentos de sus amigos que pedían una ambulancia. No advirtió que los soldados solicitaran la asistencia médica, que llegó unas tres horas después de los hechos, casi a la par que agentes del Ministerio Público Federal, a los que fue entregado en calidad de detenido.
Tras firmar documentos que no leyó en la colonia Cavazos Lerma y en la subdelegación de la FGR, Alejandro fue puesto en libertad “al no habérsele encontrado, armas, droga o haber agredido al personal militar”, cuenta Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL, ante quien los familiares de las víctimas denunciaron los hechos.
Ramos acudió la colonia Cavazos Lerma el domingo 26 llevado por un familiar de una persona de la tercera edad a la que los militares le impedían salir de su domicilio para recibir atención médica, pues tenían controlada la colonia.
El defensor fue testigo de las protestas ciudadanas en contra del personal militar que pretendía remolcar la camioneta Silverado blanca, por el temor de que fueran destruidas las evidencias de la masacre.
De acuerdo con una queja presentada ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el presidente del CDHNL también fue víctima de golpes de soldados que le destruyeron su equipo de telecomunicación, intentaron arrollarlo con un vehículo militar mientras grababa con su teléfono celular las protestas y la represión, en la que periodistas también sufrieron golpizas, actos de intimidación y descargas eléctricas por parte del personal castrense, que hizo disparos al aire y al suelo para disolver la protesta.
“Fue una expresión de hartazgo, la gente ya está hasta la madre de los abusos de los militares y de la Guardia Nacional, que también son soldados, porque es la población humilde de Nuevo Laredo a la que identifican como ‘sospechosas’ y contra la que disparan”, acusa el defensor quien en reiteradas ocasiones ha solicitado a la CNDH, sin éxito, medidas cautelares para los habitantes del Nuevo Laredo por las continuas violaciones a derechos humanos cometidas por el personal castrense.
Hasta el miércoles 1, la CNDH no había atendido la solicitud de Ramos Vázquez, no sólo para emitir medidas cautelares, sino para enviar visitadores, psicólogos y peritos para investigar el caso y atender a las víctimas, pidiéndole al defensor que les compartiera teléfonos, direcciones y correos electrónicos de los familiares de los fallecidos.
“Lógica de guerra”
Tanto la masacre como la protesta ciudadana del 26 de febrero se suman a una serie de acontecimientos similares en Nuevo Laredo, donde la organización civil ha documentado al menos 30 ejecuciones arbitrarias por parte de efectivos del XVI Regimiento de Caballería y de la Guardia Nacional en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López. Entre ellas se cuenta la de la niña de cuatro años Heydi Mariana Pérez Rodríguez, ocurrida el 31 de agosto de 2022.
También se incluyen ocho ejecuciones ocurridas el 5 de septiembre de 2019, en la colonia Valles de Anáhuac, resultado de un operativo conjunto de miembros de la Sedena y policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), evento por el que la CNDH de Rosario Piedra Ibarra se ha negado emitir una recomendación al considerar que la función del Ejército sólo fue brindar “seguridad perimetral durante la detención y traslado” de civiles que fueron víctimas de “la privación de la vida y actos de tortura que correspondieron a actos perpetrados únicamente por elementos de la Policía Estatal”.
En cuanto a las protestas ciudadanas, resalta la del 28 de junio de 2022 en la colonia Lomas del Río, donde vecinos fueron dispersados a punta de balazos por militares del XVI Regimiento que acudieron en apoyo de miembros de la Guardia Nacional, que masacraron a tres jóvenes desarmados que viajaban en una camioneta y que se habían rendido.
El 8 de abril de 2021, en pleno centro de Nuevo Laredo, a escasos metros del Puente Internacional I, ciudadanos impidieron que militares del XVI Regimiento “sembraran” elementos comprometedores en la camioneta de Jorge Alberto Rivera Cardoza, a quien efectivos de la Guardia Nacional le destrozaron la cabeza de un disparo mientras conducía su vehículo. En el evento, murió una transeúnte que quedó atrapada entre el carro de Rivera y otro estacionado.
Entre los registros con que cuenta el CDHNL también están las muertes de Arturo Garza, Ángel Núñez y Damián Genovez Tercero, jóvenes que viajaban en la batea de una camioneta en calidad de secuestrados por un grupo criminal, y que fueron abatidos el 3 de julio de 2020 por soldados junto con nueve hombres armados. En un video que dio la vuelta al mundo se escuchan voces de militares que alientan la ejecución de sobrevivientes.
Una situación similar ocurrió el 31 octubre del año pasado. Durante una persecución en pleno día en la colonia Palacios, militares ejecutaron a tres víctimas de secuestro: Homero Martínez Ruiz y dos mujeres que no han sido identificadas. En ese mismo hecho también murió José Socorro Cantú, quien era vecino de la colonia, y otro hombre más. Ambos se encontraban en la calle cuando los militares dispararon.
Entre los casos que la organización ha logrado una recomendación de la CNDH está el del ataque que sufrieron cuatro jóvenes el 7 de febrero de 2021 en la colonia Colinas del Sur. Viajaban en una camioneta a la que se les emparejó un vehículo militar cuyos ocupantes, “sin media voz o luces”, les dispararon. Uno de ellos falleció en el acto, dos más quedaron gravemente heridos y otro más fue puesto a disposición de la FGR, según la narración de hechos de la recomendación 71VG/2022.
En espera de resolución del organismo está la muerte de Jacob Rodríguez, quien fue baleado el 10 de agosto del 2021 mientras llevaba a su esposa al hospital de la Cruz Roja para que le practicaran un ultrasonido, entre otros casos de abusos militares cometidos en esta ciudad.
“Ninguno de esos casos ha sido judicializado”, reclama Raymundo Ramos, cuya organización ha presentado pruebas a la FGR, sin que los agentes del Ministerio Público “muevan un dedo a favor de las víctimas, tienen miedo a los militares del XVI Regimiento de Caballería, que se ha especializado en matar personas inocentes y goza de total impunidad”.
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la reciente masacre en Nuevo Laredo revela que “en México no se ha erradicado la lógica de guerra que permeó el combate a la delincuencia organizada en muchas regiones, ni se han erradicado las violaciones a derechos humanos, contrario a lo afirmado por este gobierno”.
Sin dejar de condenar las agresiones contra militares durante las protestas del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Aguirre retoma un reporte interno de la Sedena, obtenido a través de Guacamaya Leaks, para advertir que la letalidad del Ejército se mantiene como en anteriores administraciones.
De acuerdo con ese documento, como resultado de 935 acciones armadas llevadas a cabo del 1 de diciembre de 2018 al 29 de agosto de 2022, habían muerto 739 “agresores”, 36 miembros de las fuerzas armadas y sólo 9 civiles; resultaron lesionados 246 soldados, 155 “agresores” y 36 civiles, en tanto que fueron detenidos 729 “agresores”.
Al destacar que la definición de la Sedena de “agresores” es la misma que tenía en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto,
Aguirre Espinoza cuestiona: “¿Cuántos de esos 739 murieron en las mismas condiciones que los cinco jóvenes de Nuevo Laredo? No podemos contestar por la opacidad cada vez más acentuada en las fuerzas armadas, por su renuencia a acatar la Ley de Uso de la Fuerza que les obliga a presentar informes públicos en estos casos y no lo sabemos tampoco porque la CNDH está en una posición de absoluta complacencia y la FGR ha sido un fracaso para llevar casos de derechos humanos en esta administración”.
En materia de quejas ante la CNDH durante este sexenio, el Sistema Nacional de Alerta tiene contabilizados mil 705 expedientes contra la Sedena y mil 431 contra la militarizada Guardia Nacional.
El director del Centro Prodh, organización que ha litigado casos de abuso militar al menos desde 1994, alerta que las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, no se explican sin la impunidad que las acompaña, como revelan las escasas sentencias emitidas por el Poder Judicial Federal contra elementos castrenses desde que fue declarada la “guerra contra el narcotráfico” por el expresidente Felipe Calderón.
Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2021 el Poder Judicial de la Federación emitió 28 sentencias condenatorias, de acuerdo a información dada a conocer por organizaciones civiles durante la audiencia del 25 de octubre de 2022 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), solicitada por organizaciones de la sociedad civil para hablar de la creciente militarización en México.
A través de una solicitud de información, la FGR notificó a las organizaciones que en ese periodo el mayor número de condenas contra militares, seis fueron por “portación de armas de uso exclusivo del Ejército” (sic), mientras que por homicidio, abuso de autoridad, abuso sexual, tres por cada delito; dos por allanamiento de morada; y una por cada uno de los siguientes delitos: homicidio calificando cometido por militares, desaparición forzada de personas e inhumación de cadáveres, homicidio y desaparición forzada, homicidio y tortura, lesiones, robo a casa habitación, simulación de pruebas, tortura y violación, violación, violencia contras las personas causando lesiones y por violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos.
El reporte de la FGR agrega que en ese periodo se emitieron siete sentencias absolutorias, dos de ellas por tortura y el resto, una en cada uno de los delitos, por asociación delictuosa, cohecho, desaparición forzada, inhumación clandestina y violación al Código Penal Federal.
Aguirre Espinoza destaca que en sentencias de la CoIDH siguen impunes los militares responsables de la tortura de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ocurrida en Guerrero en 1998, y de la desaparición forzada de los primos Alvarado de Chihuahua, de 2009, caso en el que la Sedena se ha negado a reconocer su responsabilidad pese a que el resolutivo del tribunal regional es inapelable.
Agrega que hay pequeños avances en el procesamiento de militares involucrados en la masacre de 22 civiles en Tlatlaya en junio de 2014, y en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, casos representados por el Centro Prodh.
“Contrario lo que se dice desde el poder, el factor de impunidad no son los jueces, es la FGR que es complaciente con los mandos militares, que no se atreve a tocarlos, que consciente que diligencias se haga en instalaciones militares, la propia Sedena les pone defensa y los documentos de Guacamaya Leaks han terminado por mostrar cómo el Ejército encubre incluso los abusos sexuales contra mujeres militares y cómo interviene en investigaciones de casos de violaciones a derechos humanos”, apunta el director del Centro Prodh, organización que se ha solidarizado con el CDHNL y su presidente Raymundo Ramos, ante la andanada de descalificaciones por defender a víctimas de las Fuerzas Armadas.
A la luz del ocurrido en Nuevo Laredo, considera que, contrario a lo declarado por el presidente López Obrador, el Ejército de hoy es el mismo que se lanzó a la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón.
“No ha cambiado, es un ejército reacio a la rendición de cuentas y es por eso muy peligroso que hoy se esté confiando a ciegas en las Fuerzas Armadas para múltiples tareas bajo la premisa falsa de que son impermeables a la corrupción y rinden cuentas, cuando no ha sido el caso en México”, puntualiza.
Un reportaje de Revista Proceso, vía Glocal Media.
