Vulnerables ante grupos criminales y cacicazgos locales, la mayoría de los 11 periodistas asesinados en 2022 reporteaban la información para sus localidades en condiciones de precariedad laboral, situación que en ciertos casos les obligaba a también desempeñar otras ocupaciones, con el fin de reunir los ingresos para el sostenimiento de sus familias.
Estas circunstancias han sido aprovechadas por las autoridades que han tratado de desconocer como periodistas a algunas víctimas, o de descartar a priori la labor informativa como móvil del ataque, como ocurrió con Juan Carlos Muñiz Hernández, de Zacatecas, y Roberto Toledo Barrera, de Michoacán, dos de los 11 comunicadores asesinados en lo que va de este año.
El gobierno federal cuenta nueve homicidios. Según un informe presentado en la conferencia matutina del jueves 12, por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, por estos homicidios han sido “detenidas o buscadas” 19 personas, y 16 fueron vinculadas a proceso como presuntos responsables, todos autores materiales.
En ninguno de estos casos se ha mencionado la posibilidad de que terceras personas ordenaron los atentados, como instigadores o autores intelectuales.
Caso Veracruz
Con los homicidios de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, suman ya tres muertes violentas de periodistas en Veracruz en lo que va de 2022, y siete en total en los tres años y medio del gobierno del morenista Cuitláhuac García.
De acuerdo con Patricia Monreal, integrante del colectivo de periodistas Ni uno Más Michoacán, los más expuestos al riesgo “obviamente son los compañeros que están en el interior de los estados, en una situación muy desfavorable; muchos de ellos han aprendido a hacer periodismo en medio de la ‘ley de la jungla’, pero se encuentran muy desprotegidos”.
Añade que se trata de personas que sostienen medios propios con ingresos muy raquíticos, que se mueven o tienen disponibilidad económica muy precaria para ejercer el oficio y que, a veces, son víctimas de autoridades locales o grupos delictivos que operan en diversas regiones del país.
En Fresnillo, Zacatecas, la ciudad con la percepción más alta de inseguridad en México, el 4 de marzo último fue encontrado el cuerpo del periodista Juan Carlos Muñiz Hernández, con una bala en la nuca, dentro del taxi 176, abandonado en una calle del fraccionamiento Los Olivos.
Además de su labor como reportero, Muñiz Hernández trabajaba como taxista y usaba el mismo vehículo para desplazarse a las coberturas informativas. Sus compañeros lo apodaban El TX o Rigoberto, seudónimo con que firmaba sus notas en el medio digital Testigo Minero, donde colaboró más de tres años.
Las autoridades estatales trataron de invisibilizar su homicidio, al difundir la versión de que su muerte estaría vinculada a su oficio de taxista, restando importancia a su trabajo periodístico.
“Juan Carlos era de los primeros en llegar a donde ocurrían los eventos violentos, andaba en el taxi recorriendo la ciudad, moviendo el pasaje y al mismo tiempo reporteando”, relata el periodista Ángel Martínez, quien no duda en reconocerlo como colega.
El reportero, de 36 años, dejó en el desamparo a su esposa y sus cuatro hijos –dos adolescentes de 15 y 14 años, y dos niños de dos años y 10 meses–, pues, de acuerdo con familiares, el taxi era prestado y como trabajador de Testigo Minero no tenía sueldo fijo ni seguridad social… sin demás prestaciones.
Esta versión no pudo ser contrastada con el propietario del medio, Hermelio Camarillo Conde –político cercano al gobernador morenista David Monreal Ávila–, actual director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, toda vez que no atendió las solicitudes de entrevista hechas por este semanario.
A más de dos meses del asesinato de Muñiz, su familia denuncia que no avanza la investigación, mientras que la fiscalía estatal dijo que hay un detenido –por otros delitos– que es investigado por su participación en el homicidio. El gobierno federal lo reporta como vinculado a proceso.
Con información de Proceso.
