El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió en su sesión extraordinaria que concluyó este viernes en la madrugada, 491 quejas y procedimientos administrativos sancionadores.
El organismo determinó sanciones por un monto global de 129.8 millones de pesos a los partidos políticos y sus candidaturas por diversas conductas indebidas en materia de fiscalización, de los cuales 40.9 millones de pesos se impusieron al Verde Ecologista de México (PVEM) y más de 83 millones de pesos a Movimiento Ciudadano (MC).
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, subrayó que nunca en la historia de la democracia mexicana se habían fiscalizado tantas campañas, de las cuales derivan diversas sanciones.
Llamó a las fuerzas políticas “a erradicar esas trampas administrativas” y a que “con nuevas prácticas contables, proselitistas y financieras puedan contribuir a la sustentabilidad de la democracia en los próximos años”.
Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que se analizaron 491 proyectos de quejas y procedimientos administrativos sancionadores, 319 fueron infundados, 53 desechados, 24 sobreseídos, cuatro parcialmente infundados-sobreseídos; 55 parcialmente fundados y 43 fundados al acreditarse que los partidos políticos no reportaron los gastos, imponiéndose en cada caso la sanción correspondiente.
Entre las quejas que se analizaron, la autoridad electoral impuso sanciones por más de 83 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, así como al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por 448 mil 996 pesos.
En un primer caso, el Consejo General del INE determinó que hubo aportaciones en especie a través de publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez Cantú (esposa del entonces candidato), estimadas en 27 millones 800 mil pesos.
Y en el segundo, acreditó que la campaña del abanderado de Movimiento Ciudadano recibió 14 millones 26 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley, aportaciones de empresas a través de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda.
La sanción a Movimiento Ciudadano es de 55 millones 720 mil pesos y al hoy gobernador Samuel García de 448 mil 996 pesos y por las aportaciones en efectivo de sus familiares se impone al partido una multa de 28.05 millones de pesos que representan el 200 por ciento del monto involucrado.
La Consejera Favela precisó que, en el caso de Mariana Rodríguez, esposa del candidato, además de influencer, tiene la calidad de persona con actividad empresarial, su nombre está registrado como “marca” y comercializa sus historias en Instagram, con lo que está impedida de realizar aportaciones a la campaña “en dinero y en especie”.
En el caso de la triangulación de recursos, dijo que “se acreditó una estrategia financiera que involucró a tres personas morales, a los familiares del candidato y al partido Movimiento Ciudadano con la finalidad de triangular recursos para que a través de testaferros pudieran realizarse aportaciones personales con recursos que provenían de entes prohibidos por la legislación electoral”.
Respecto a las aportaciones en dinero que recibió Movimiento Ciudadano de tres familiares en primer grado de su candidato Samuel García, el Consejero Jaime Rivera detalló que las indagaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización acreditaron que los 14 millones de pesos “lo recibieron previamente un día antes, o el mismo día, de dos empresas: Firma Jurídica y Fiscal Abogados, y SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, por lo que es claro que dicho dinero no proviene del peculio de los ciudadanos aportantes, sino de sociedades mercantiles, entes que tienen prohibido donar dinero a los partidos políticos”.
Se trata, dijo, de un esquema de simulación o triangulación para financiar a un partido por parte de entes prohibidos por la ley.
En el caso de una queja en contra del Partido Verde Ecologista de México, se le sancionó con una multa de 40 millones 933 mil 568 pesos y con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita dentro del tiempo federal asignado por el Instituto, por el periodo de un año, a partir del mes de agosto, por la campaña publicitaria a través de 104 personas denominadas “influencers” el día de la Jornada Electoral.
Se acreditó que los influencers fueron contratados por el partido a través de empresas y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de influir en el ánimo de los electores a favor del PVEM en plena veda electoral.
“Se arriba a la conclusión de que existió una acción concertada o planeada con un fin específico que es el de influir e influenciar el voto de la ciudadanía a favor del partido, lo que se hizo a través de acciones que denotan sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de influencers en las mismas fechas y horarios”, especificó la Consejera Favela.
Se cuantificó cada intervención de los influencers en 10 mil dólares, lo que se traduce en una aportación de más de 20.4 millones de pesos como monto involucrado.
A propuesta del Consejero Ciro Murayama, se avaló por nueve votos a favor y dos en contra, regresar una queja en materia de fiscalización en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo y su otrora candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, a fin de no escindir la causa de dos quejas más en contra de la misma persona y cuyas investigaciones no se han concluido, para que sean analizadas en conjunto y se amplíen las indagatorias.
Con información de Proceso.
