Según la Fiscalía General del Estado, en 2021 se presentaron en Puebla cuatro denuncias diarias por desaparición o no localización de personas; de éstas, 298 personas siguen sin ser encontradas. Esto significa que en promedio cada 29 horas alguien desapareció en esta entidad.
Colectivos y académicos afirman que esas estadísticas oficiales son apenas un asomo de la crisis que se vive en la entidad, donde además el fenómeno presenta patrones que las autoridades no investigan, como el hecho de que de las 760 mujeres reportadas en 2021 como desaparecidas, 56% son menores de edad.
No obstante, el 21 de febrero el gobernador Miguel Barbosa Huerta minimizó el problema al afirmar que la mayoría de las desapariciones denunciadas son realmente “ausencias voluntarias”.
“Quiero que me digan cuántos casos conocen en este momento de personas que estén desaparecidas en Puebla”, lanzó el mandatario. La respuesta no se hizo esperar.
Con el hashtag #Barbosa Miente y #Yo sí conozco a un desaparecido/a, las declaraciones del gobernador morenista generaron en redes sociales una lluvia de publicaciones de fotos y datos de personas que son buscadas por sus familiares.
“Yo sí conozco a un desaparecido”, dicen familiares del colectivo @VozdelosDesapa.
Este #8M2022 salieron a las calles para pedir la localización de mujeres: https://t.co/DvFQgEs2JO pic.twitter.com/ZK4I1nIL3B
— Noticias y turismo en Puebla (@Poblanerias) March 8, 2022
“Puebla sí es un estado de desaparecidos”, responde María Luis Núñez Barojas, dirigente del Colectivo Voz de los Desaparecidos, quien acusa a Barbosa de pretender invisibilizar la creciente inseguridad de la entidad.
En Puebla, dice, las personas pueden desaparecer dos veces: una al momento mismo que no son encontradas, pero también cuando el gobierno trata de ocultar esta realidad.
Y esto no sólo ocurre en el discurso, pues mientras que la Fiscalía reconoce que en 2021 fueron reportadas desaparecidas mil 461 personas, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) sólo se informa de 155. Igual, de 298 que la autoridad poblana ubica como no localizadas, en el informe nacional se reportan únicamente 110. Con este subregistro, la incidencia de desapariciones de Puebla no se refleja en la estadística nacional.
Denuncias inhibidas
El Informe sobre la Situación de la Desaparición de Personas en Puebla, presentado el 23 de febrero por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, documenta que la Fiscalía General del Estado (FGEP) recurre a estrategias dilatorias para inhibir la presentación de denuncias.
Contrario a lo que se establece en la Ley General en Materia de Desapariciones y en el Protocolo Homologado de Búsqueda, el estudio de la Ibero encontró que el Ministerio Público en Puebla aún pide a los familiares esperar 72 horas para recibir sus denuncias por desaparición de un ser querido. Y refiere que esos obstáculos se agravaron durante la pandemia, pues los familiares se toparon con oficinas cerradas y falta de personal.
Basado en testimonios de familiares directos de personas desaparecidas, el informe del IDHIE expone que la FGEP somete a los denunciantes a largas esperas y que, en muchos casos, sólo expide un acta circunstanciada o el número único de atención temprana, lo que demora las acciones de búsqueda y el registro de casos.
Núñez Barojas afirma que el trasfondo de este discurso y de las prácticas para invisibilizar la problemática es la protección que se brinda a la operación de bandas delincuenciales, entre ellas a las redes de trata de mujeres, niñas y niños.
“Sabemos que muchas de las mujeres que están desapareciendo son reclutadas por redes de trata. ¿Por qué el gobierno no investiga? Porque esto es un negocio y hay autoridades en Puebla coludidas en ese negocio”, sostiene.
Hay familias, integrantes del colectivo, que tuvieron que salir del estado, pues luego de que acudieron al MP a aportar información sobre los posibles “enganchadores” de sus hijas, recibieron llamadas para amenazarlos de muerte.
El fenómeno de la desaparición forzada ha ido en aumento en la entidad a partir de 2015, a la par que aumentó la presencia del crimen organizado, en particular el dedicado al robo de combustibles y narcomenudeo.
María Luisa menciona que, como ocurre en otras entidades del país, las autoridades creadas exprofeso, como la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Especializada, no investigan, buscan ni encuentran a las víctimas de este delito. Son las familias las que llevan a cuestas la mayor parte de la búsqueda.
El 19 de febrero, María Luisa y Lilia Linares pudieron dar sepultura a sus hijos Juan de Dios Núñez y Vicente y Abraham Basurto Linares, quienes habían desaparecido desde abril de 2017. Fueron ellas quienes encontraron los cuerpos en una fosa clandestina, no las autoridades.
El caso del niño Alexis Sánchez Cabanzo es emblemático para evidenciar la actuación de las autoridades poblanas.
De sólo tres años de edad y hablante de náhuatl, Alexis desapareció el 2 de diciembre de 2021 en el municipio de Zoquitlán, en la Sierra Negra, una de las regiones más marginadas de la entidad.
El 13 de enero, cuando Núñez Barojas acompañó a los padres del menor a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México a exigir acciones para buscar a Alexis, se dieron cuenta de que las autoridades de Puebla no habían informado aún el caso al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Localizadas y No Localizadas (Rnpdno).
Fue 55 días después de su rapto que la Fiscalía del Estado emitió la alerta ámber para buscar al pequeño, pese a que el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, en vigor desde julio de 2021, advierte que las acciones para localizar a menores deben detonarse de manera inmediata y que, “sin demora”, deben ser inscritos en el Rnpdno.
Esto explicaría la disparidad que hay entre las estadísticas que reportan la FGEP y el Rnpdno.
Proceso buscó en el Rnpdno nombres de adultos y menores desaparecidos en Puebla en el último año. Sin embargo, casi la totalidad de los nombres ingresados no aparecen. Son los casos de Betzabé Alvarado Gallardo, Fabiola Narváez y Analí Merino Pineda, con más de un año de no ser encontradas.
Tampoco están Leslie Parra Chávez, de 25 años, y Rubicela Alvillar Hernández, de 19, quienes el 13 de febrero de este año ya no volvieron a su casa después de que acudieron a entregar un pedido de comida en un tramo de la carretera de Teutla-Zacuacuautla, en el municipio de Jolalpan.
Igual no arrojan ningún resultado los nombres del vendedor de frutas y verduras Telésforo Díaz Hernández; del taxista Iván Amaro Capilla y de los jóvenes Miguel Ángel Campos Celso y Esteban Ezequiel González Larios, cuyos familiares se han manifestado en los últimos días para exigir acciones de búsqueda.
Ni nombres de menores, como Jesús Uriel de León Aguilar, de 14 años, quien desapareció en Chietla el 11 de junio de 2021, o de Nataly Sayuri Varela, de 16 años, quien fue vista por última vez el 12 de enero de este año en la capital poblana.
Tampoco están reportados en el Rnpdno cinco adolescentes que el 25 de diciembre se fugaron del Instituto Poblano de Readaptación, AC, organización que ayuda a niños en situación de calle, violencia o abandono, ubicado en Atlixco. Tampoco en esos casos se emitieron alertas ámber.
Proceso pidió una entrevista con la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Carmen Carabarín Trujillo, pero la Secretaría de Gobernación estatal no la autorizó.
Mujeres, niñas y niños, en la mira
El Informe sobre la Situación de la Desaparición de Personas en Puebla, publicado por la Ibero-Puebla, observa que el fenómeno poblano de la desaparición tiene particularidades que podrían estar relacionadas con cuestiones delictivas, como el hecho de que, contrario a lo que ocurre a nivel nacional, el porcentaje de mujeres desaparecidas es superior al de hombres, así como el de niñas y adolescentes.
De acuerdo con el total histórico del Rnpdno, Puebla ocupa el octavo lugar entre las entidades con mayor cantidad de víctimas, con 9 mil 231 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.
A julio de 2021, cuando la Ibero realizó el estudio, 2 mil 882 personas continuaban desaparecidas en el estado.
El estudio precisa que mientras a escala nacional 41.85% de personas no encontradas corresponde a mujeres, en Puebla esa proporción aumenta a 53.66%.
Respecto a la edad, el Rnpdno muestra que 49.13%, es decir 4 mil 537, tenían 19 años o menos al momento de la desaparición. A nivel nacional, ese rango de edad representa 40%.
Con información de Proceso.
