El exgobernador Jaime Bonilla Valdez, sobre quien pesa una acusación de peculado y coalición de servidor público, pretende evitar declarar ante un juez de control bajo el argumento de que es senador de la República y cuenta con fuero.
De acuerdo con el oficio que Bonilla Valdez envió al Juez de Control en el Estado el pasado 7 de julio, “si bien es cierto que la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial determinó que queda sin efectos jurídicos el acto de reincorporación a mi escaño como Senador, también lo es que dicha resolución se encuentra sub júdice…”
Con lo anterior, el exgobernador de Baja California, apela a la condición de legislador federal, misma que está protegida por la Constitución y la cual establece que no puede ser reconvenido, a menos que se le inicie el llamado juicio de procedencia donde se le despojaría del fuero y podría ser juzgado por autoridades penales.
En mayo de este año, la administración de la también morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda interpuso una denuncia penal por los delitos de peculado y coalición de servidores públicos contra el exgobernador y nueve exfuncionarios más, por haber firmado un contrato “leonino” con la empresa Next Energy para surtir de energía a la entidad.
En la revisión del convenio mercantil, la actual administración determinó que era desventajoso y tendría una afectación de 12 mil millones de pesos para el erario del estado; encontró por ejemplo, la afectación a las participaciones federales que recibe la entidad por 123 millones de pesos; con ellas se pretendían garantizar los pagos mensuales de dicho contrato.
La Fiscalía General del Estado indagó la denuncia del gobierno del estado y al considerar que había elementos de prueba suficientes es que un juez de control lo llamó a declarar “en calidad de imputado”, es decir, de “acusado”.
Tanto Bonilla como los nueve exfuncionarios están citados para declarar el 15 de agosto.
El exgobernador ganó la senaduría por el estado en las elecciones federales de 2018, luego en 2019, pidió licencia indefinida para contender por la gubernatura, la cual ganó y asumió el cargo el 1 de noviembre de 2019 y concluyó el 31 de octubre de 2021.
Al concluir la gubernatura retomó su cargo como senador ya que fue electo para un periodo de 2018 a 2024, sin embargo, el panista y exdiputado federal, Juan Marcos Gutiérrez, interpuso un recurso ante el tribunal electoral.
El 5 de mayo de 2022, la Sala Regional del Tribunal Electoral determinó que Bonilla no puede retomar su cargo como senador ya que al tomar protesta como mandatario estatal optó por dicho cargo de elección popular y “agotó su derecho a elegir entre ambos: senaduría o gubernatura”.
Y es que una persona no puede ejercer dos cargos de elección popular al mismo tiempo.
Cuando una persona no ejerce su cargo de senador pierde la protección del llamado fuero constitucional y que es el que protege a un servidor público, o lo blinda para que declarar ante la autoridad judicial o ser imputado. Antes de que ello ocurra se le debe “retirar el fuero mediante un juicio de procedencia”.
A poco más de un mes de la fecha que el juez de control fijó para que declare por las imputaciones que se le hacen, Bonilla le envió el citado oficio y ahí le recuerda que aún se ostenta como senador y que si bien la sala regional determinó que no puede “retomar” el escaño como senador, el caso aún se encuentra “sub judice”, es decir, que aún no concluye.
Efectivamente, Jaime Bonilla aun puede apelar a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “no se requiere declaración de procedencia cuando el senador cometa un delito en el tiempo que se encuentre separado del cargo”.
Este es el caso de Bonilla, pues el delito por el cual se le acusa y es llamado a declarar el 15 de agosto próximo, lo habría realizado cuando gozaba de licencia para ejercer el cargo de senador y se ostentaba como gobernador.
Con información de Proceso.
